CPI – La presentación de la Agencia de Diálogo Territorial para proyectos de inversión, propuesta desarrollada por Alianza Valor Minero, generó un espacio de análisis y discusión de los puntos de convergencia para trasladar la iniciativa al ámbito de la infraestructura.
Con el objetivo de analizar los desafíos que representa la participación ciudadana para los grandes proyectos de infraestructura y el rol del diálogo y los acuerdos entre múltiples actores para la inserción sostenible de los proyectos de inversión en los territorios, representantes de diversas entidades vinculadas a este ámbito se dieron cita en el diálogo “Participación Ciudadana en Grandes Proyectos de Infraestructura”, organizado por el CPI.
En la ocasión, Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, presentó a los asistentes los alcances de la propuesta desarrollada por la entidad –en colaboración con diversos actores relevantes, incluyendo gremios y sindicatos mineros y eléctricos, el CPI, la CChC, Sofofa, ONGs y las universidades Católica, Alberto Hurtado y de Queensland, entre otros- para la creación de una Agencia de Diálogo Territorial para proyectos de inversión, orientada a facilitar los procesos de participación ciudadana en la ejecución de los proyectos. Asimismo, sentó las bases para la discusión de la posible aplicación de esta política –originalmente pensada para las áreas minera y energética- al ámbito de los grandes proyectos de infraestructura.
“Las entidades involucradas en el diseño de esta política convergen en el diagnóstico: Los conflictos socioambientales son una traba crecientemente importante para la inversión. Cada año crece el número de conflictos en Chile, lo que lo transforma en el 5° país con mayor conflictividad socioambiental del mundo. La última estimación de la Sofofa, hace dos años -en que había un 20% menos de conflictos- era que la paralización de proyectos por conflictos sumaba US$ 58 mil millones, poco más que la inversión total de Chile. Esto se traduce en una estimación del costo diario de los conflictos para proyectos de más de US$1.000 millones, de US$ 2 millones diarios. Si el promedio de tiempo de los conflictos en Chile es de 9 años y medio, el costo de mantener esta conflictividad para todas las partes involucradas es tremendamente significativo”, afirmó García.
El diálogo se ha transformado, en este sentido, en el mecanismo al que han apostado las grandes empresas, pero con niveles decrecientes de eficacia, pues al no existir condiciones de igualdad y representatividad entre los asistentes al mismo, y no generarse elementos que comprometan formalmente a las partes concurrentes, se tiende a generar una “fatiga del diálogo” y la eventual desconfianza de los participantes.
En ese escenario, la Agencia de Diálogo Territorial diseñada por Valor Minero aspira a garantizar diálogos de calidad, incidentes y en igualdad de condiciones entre el Estado, las empresas y las comunidades involucradas frente a futuros proyectos de inversión, para lograr su desarrollo y el de los territorios de manera más sostenible ambiental, económica y socialmente, garantizando la comprensión, por parte de todos los involucrados, de las implicancias de los proyectos, y habilitándolos para realizar recomendaciones, alcanzar compromisos vinculantes y resolver controversias de manera temprana.
Para lograr estos objetivos, propone un sistema con 5 componentes, tres de ellos para promover un diálogo más efectivo entre las partes –Mesa de Diálogo, Resolución Alternativa de Controversias y Evaluación de la Calidad del Diálogo- más otros dos destinados a generar las garantías para alcanzar procesos de diálogo más simétricos y legítimos: Certificación de Facilitadores y un Fondo de Apoyo al Diálogo.
La propuesta liderada por Valor Minero, que tendría gobernanza tripartita de los sectores público, social y empresarial, y que sería financiada principalmente de manera privada, cobra especial relevancia dado el reciente envío al Congreso del proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que establece la participación anticipada obligatoria de la comunidad cuando existe una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
“En los últimos 20 años se han producido cambios importantes, tanto en la institucionalidad ambiental, como en la forma en que la comunidad se vincula a estos temas, adquiriendo un rol más protagónico. En ese orden de ideas, los proyectos de infraestructura, sobre todo en transportes, que producen transformaciones importantes en el entorno, obligan a conceder a los distintos involucrados mayor capacidad de participación efectiva, y es fundamental que los proyectos tengan valor compartido, realizando un aporte a su entorno geográfico y a las comunidades que lo involucran”, coincidió el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
La Agencia de Diálogo Territorial genera las bases para que la mesa de diálogo, que se propone opere durante la totalidad del proyecto, conduzca a resultados a través de la certificación de su calidad dando lugar a eventos formales que le permitan al Estado intervenir -formalizando decisiones de tal manera que, si se llega a judicializar el proyecto, todo lo que se ha conversado y convenido sea historia del proceso judicial- y generando acuerdos de desarrollo territorial con énfasis en la dimensión colaborativa, incorporando a todos los actores que tengan alguna incidencia en los proyectos.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es que el diálogo entre las partes comience en la etapa temprana, cuando aún no existe un proyecto concreto, para lo cual propone un análisis estratégico de sostenibilidad del territorio, y no del proyecto, que permita analizar cómo el proyecto incide en la sostenibilidad del territorio donde se emplaza.
Consultado por Alberto Undurraga, consejero del CPI, respecto de la forma en que encaran esta problemática otros países y el tiempo en que se podrían reducir los conflictos con este mecanismo, Álvaro García señaló que “existen varios ejemplos, suizos, canadienses y australianos, entre otros. Tomamos el australiano, porque los problemas que enfrentan son similares a los nuestros, y en este sentido, la Universidad de Queensland nos acompañó en todo el proceso. De hecho, nos han corroborado que, si terminamos este proyecto exitosamente, este se transformará en el estándar, porque no hay ninguna otra iniciativa tan completa. En cuanto a los tiempos de los conflictos, es difícil preverlo, pero nos imaginamos una etapa inicial relativamente prolongada pre ingreso al EIA; pensamos en un año y medio si se parte desde la idea del proyecto, que es nuestra sugerencia. Esto no es un “quick fix”.
Si bien la aplicación de este modelo debe adaptarse para ser aplicable en el ámbito de la infraestructura, dado que en los proyectos de concesiones de obras públicas no puede existir la participación tripartita -el tercer actor solo puede sumarse a la mesa cuando el proyecto está adjudicado- la mesa se debe preconfigurar y estar operativa cuando se sume el concesionario, el que debe encontrarse con una institucionalidad en ejecución. En estos casos, argumenta García, lo único distinto sería el responsable de impulsar la iniciativa. En los casos distintos a las concesiones debería ser el privado, en el caso de las concesiones debería ser el Estado en la etapa inicial.
A futuro, Valor Minero aspira a que este modelo –que se espera esté vinculada al gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente o en su defecto, de la Agencia de Cambio Climático, siempre con una gobernanza autónoma- se aplique en otras áreas, especialmente en la de ordenamiento territorial.
MINUTA DIÁLOGO
A continuación ponemos a su disposición la Minuta correspondiente a dicho encuentro, con los comentarios recibidos luego de su circulación entre los asistentes al Diálogo:
XXXV Diálogo del CPI. Participación Ciudadana en Grandes Proyectos de Infraestructura – Ver Minuta
Fuente: CPI, Jueves 06 de diciembre de 2018
