CPI – Durante la reunión se analizó la grave situación que vive el país y las medidas que se están implementando para no afectar a estos dos sectores productivos claves para el país.
Los alcances de la Agenda Hídrica que está implementando el gobierno y las diversas opciones para financiar el plan de 26 embalses anunciado por el MOP, para enfrentar el déficit hídrico que presentan amplias zonas del territorio nacional, detalló el subdirector de Aguas, Juan José Crocco, al participar en la reunión mensual del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Durante la actividad, Crocco comentó que ha quedado en evidencia que el sistema concesional, con un alto refinanciamiento de la inversión a través de tarifas a usuarios, en el sector agrícola es poco aplicable. Para recurrir al financiamiento privado, entonces, habrá que pensar en otra modalidad, probablemente más similar a la concesión de hospitales.
En la reunión del CPI, que estuvo encabezada por su presidente Eduardo Frei, participaron además la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, Jéssica López; y los presidentes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, y de la Asociación de Exportadores (Asoex), Ronald Bown, quienes analizaron la crisis hídrica desde sus respectivos sectores.
Hubo consenso entre los asistentes en que la actual situación, que se expresa en la sequía más aguda que ha enfrentado el país en los últimos 40 años y en el progresivo cambio en la pluviometría de la zona central -desde Atacama hasta El Maule- obliga a un esfuerzo de adaptación de gran envergadura.
Una de las ideas que se plantearon es que se hará necesario definir fórmulas de reequilibrar el balance hídrico en las diferentes zonas del país y, en la medida que se justifique socialmente, habrá que determinar mecanismos de Asociación Público Privados para llevar adelante las inversiones que se requieren para este efecto.
El ex ministro del MOP y actual consejero del CPI, Alberto Undurraga, dijo que es vital establecer un acuerdo nacional de ritmo de inversiones que permita acelerar la construcción de embalses. “El promedio de embalses licitados, desde 1911 a la fecha, es de sólo 1,5 embalses por gobierno. Si no empujamos un acuerdo nacional de ritmo de inversiones vamos a seguir con problemas”, sostuvo.
Miradas sectoriales
En la reunión, representantes de los sectores minero y agrícola plantearon que es urgente la implementación de medidas que permitan abordar la actual crisis, pero también tener mirada de largo plazo para generar una estrategia país que dé respuesta a una realidad de déficit hídrico que llegó para quedarse.
Sobre los efectos en la minería, el presidente de Sonami, Diego Hernández, precisó que lo más apremiante es no restringir el acceso a agua, pues las restricciones sólo tendrán efecto en el empleo y en el rol que juega la minería como motor de la economía nacional.
Agregó que existe la plena disposición del sector a generar un acuerdo de sostenibilidad de las empresas que contribuya a paliar el déficit de agua. “La minería -sostuvo- consume menos del 4% de agua de derechos consuntivos y ha trabajado en ser más eficiente en el uso del agua. Hoy cualquier megaproyecto de Aconcagua al norte necesita usar agua desalada o de mar sin tratar, porque no hay disponibilidad de recursos hídricos, y eso explica el crecimiento de las plantas desaladoras”, comentó.
Aseguró, además, que la menor disponibilidad de recursos hídricos está afectando la ejecución de algunas inversiones que no se han podido implementar o están a la espera.
La situación de la agricultura también es preocupante. El presidente de ASOEX, Ronald Bown, manifestó su inquietud por el futuro destino estratégico del sector exportador agrícola.
“Chile cuenta -dijo- con un ´motor de la economía que puede equiparar en breve a la minería, como es el sector agropecuario y forestal. Sin embargo, para ello necesita agua y esta es cada vez más escasa”.
Añadió que es vital hacerse cargo de la crisis hídrica e implementar con urgencia medidas, pues de lo contrario el impacto social puede ser profundo.
Bown informó sobre el trabajo que está realizando ASOEX con la comunidad de Petorca, una de las más afectadas por el déficit del agua, analizando cada uno de los planes de Agua Potable Rural. “Sabemos lo que hay que hacer y eso cuesta $350 millones, una inversión mucho menor que lo que implicaría implementar soluciones por la vía estatal”, afirmó.
Consumo humano
Los asistentes a la reunión destacaron el rol que deberán jugar las empresas sanitarias en asegurar el abastecimiento para la población.
“Habrá que diseñar planes de inversión resiliente para hacer frente a este nuevo estado de cosas. Es posible que esto tenga un impacto en el plazo de las concesiones y en las tarifas”, comentó el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
Jessica López afirmó la disposición de las sanitarias a contribuir en este escenario de emergencia. Acotó que es importante que se defina cómo se va a implementar la declaración del gobierno que da prioridad de agua para consumo humano. En ese sentido, destacó que hay temas claves que se deben abordar como fortalecer la gestión de las cuencas y modernizar la institucionalidad que hoy las administra.
Otro desafío -agregó- es avanzar saneamiento y abastecimiento de agua potable rural, calificándolo de “imperativo moral”.
Alberto Undurraga, opinó que otro punto clave es fortalecer y modificar la institucionalidad para avanzar en una mejor gestión del agua. En ese ámbito, informó que el CPI se está trabajando en varias propuestas, detallando que una de ellas plantea la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos.
En esta línea, Eduardo Frei anunció que el CPI está elaborando una Política de Inversiones en Infraestructura Pública relacionada con el sector hídrico -que apunta a complementar lo que el gobierno ha estado proponiendo- y que será dada a conocer en los próximos meses.
Fuente: CPI, Lunes 07 de Octubre de 2019
