CPI – A un 2,1% del PIB –unos 6 mil millones de dólares, casi lo mismo que se invierte anualmente en infraestructura- asciende el costo anual de los accidentes de tránsito en Chile según cifras de 2018. Este enorme impacto económico se traduce en cerca de 2.000 muertes al año y sitúa al país entre los miembros de la OCDE con peor desempeño en este ámbito.
Estos y otros datos relevantes fueron revisados en el diálogo “Infraestructura Vial: Seguridad Vial y Accidentabilidad”, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), y que tuvo por finalidad analizar los desafíos presentes y futuros en materia de infraestructura vial y seguridad y las posibles vías de acción frente a esta problemática.
“Casi un 50% de los accidentes con causa de muerte en nuestro país proviene del tránsito. Este altísimo porcentaje nos obliga a cuestionarnos cuáles son las causas de este mal desempeño. Podemos afirmar que 1/3 de los accidentes se producen por errores humanos; 1/3 por mala calidad de la infraestructura y el 1/3 restante, por falta de infraestructura. En ese sentido el “error humano” es un eufemismo para disminuir la responsabilidad de conductores; lo cierto es que en Chile un elemento que incide en las altas cifras de accidentabilidad es el analfabetismo vial, el desconocimiento de las leyes del tránsito y la mala educación al volante”, afirmó el presidente de Copsa y director de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, Leonardo Daneri.
“La mala calidad de la infraestructura juega también un rol fundamental. Es urgente avanzar en varias líneas de acción, proveyendo al país de más y mejor conectividad, de sistemas de transporte integrados y multimodales por macrozonas, generando alternativas a las actuales autopistas, como teleféricos, trenes de acercamiento y otros. La lógica de buscar rentabilidad jibarizando las obras tiene un costo en vidas, y al revés, la infraestructura vial de buena calidad, sumada a buenas políticas de seguridad, salvan vidas, por lo que es muy importante establecer responsabilidades políticas en este ámbito”, aseveró.
“Para la Mutual el tema de la seguridad es una causa urgente. España tiene índices similares de accidentabilidad a los de Chile, con 4 veces nuestro parque automotor, 3,5 veces más habitantes y una infraestructura vial similar. La diferencia la marcan la cultura y el respeto por las leyes de tránsito. Hoy tenemos, por ejemplo, una ley de 50 km/hora que no es fiscalizada. Lo cierto es que los accidentes de trayecto aumentan significativamente, generan 612 mil días de trabajo perdido y cobran $46 mil millones de pesos en prestaciones médicas y beneficios -sin considerar el gasto en prevención al año- y el seguro SOAP más barato de Sudamérica, que no da abasto y lo que es peor, tenemos una ley que no ha tenido cambios en 53 años”, afirmó el gerente general de Mutual de Seguridad, Felipe Bunster.
“España ha tenido éxito porque ha aplicado garrote a los adultos y educación a los menores; en Londres se sanciona a los peatones que cruzan las calles hablando por teléfono. Este es el tipo de medidas draconianas que cambian conductas, mientras que acá el chilenismo busca cómo saltarse las normas. Como Mutual estamos apostando a educar a los niños, y creemos que una alianza público-privada, con el compromiso de entidades como Copsa, de gremios y de las propias empresas, sería un driver para modificar esto”, aseveró Bunster.
“La primera causa de muerte externa de niños y jóvenes en Chile -entre 1 y 14 años- son los siniestros de tránsito”, explicó la encargada de marketing de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Johanna Vollrath. “Tenemos 90 mil siniestros de tránsito al año, con cerca de 60 mil lesionados. La mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables; Chile es uno de los países donde más peatones fallece, más de un 20%, frente al 15% de otros países. Para enfrentar esto, la Conaset está trabajando en 3 normativas actualmente. La primera es la ley de “no chat”, que apunta a reducir los accidentes por no prestar atención a las condiciones de tránsito, que en los últimos 4 años se han duplicado”, afirmó.
“Además estamos impulsando el proyecto de ley CATI -Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones- porque la principal causa de muerte en Chile -un 30%- es por velocidad. Sabemos por experiencia internacional que si no se instalan cámaras que la controlen automáticamente, poco podremos hacer para reducir los fallecidos en el país. Esta iniciativa se irá implementando paulatinamente para cambiar la conducta de las personas, de manera transparente. Y además estamos trabajando en el Acuerdo Nacional de Seguridad de Tránsito, que busca reducir en 30% los fallecidos por esta causa para el año 2030. Todo esto se enmarca en la visión Cero, un cambio de paradigma que apunta a no tener fallecidos ni lesionados graves en el tránsito, potenciando un sistema que se anticipe al error humano con vehículos que mitiguen impacto y vías que hagan lo mismo”, agregó.
Por su parte Walter Brüning, asesor de la Dirección de Vialidad, agregó a la discusión el que “desde el punto de vista reglamentario, el manual de carreteras tiene un capítulo completo referido a seguridad vial. Hace dos años la dirección de vialidad logró que los documentos instructivos del Ministerio de Desarrollo Social consideraran todos los componentes de seguridad vial como situación base, es decir, era obligación del Estado hacerlo y no parte del proyecto. Sin embargo, hoy nuevamente todos los elementos de seguridad vial son parte de los montos de inversión que deben evaluarse y, por tanto, si no pasan la tasa social de descuento, se reducen o eliminan”.
“Cuando hablamos de infraestructura hablamos de volúmenes de inversión y productividad, pero es igualmente importante hablar de servicio y calidad de vida. En ese sentido, como CPI, debemos ponernos a disposición de quien lidera este ámbito en el Estado, como la Conaset, para todas las carreteras –no solo las concesionadas. En materia institucional se discute hace años cuánta rentabilidad social y cuánto estándar aplicar al momento de tomar las decisiones de inversión que involucran seguridad. Debemos empujar que esas decisiones se tomen por estándar y no por rentabilidad social”, afirmó Alberto Undurraga, ex ministro de OO.PP. y consejero del CPI.
Mario Paulus, gerente de explotación de Ruta del Maipo Intervial, añadió que “Hay dos líneas de acción que no estamos considerando en las discusiones, una la estadística en la toma de decisiones y la otra, la infraestructura para la convivencia vial. En este último sentido nos centramos en autos y peatones, pero hoy ya existen otras posibilidades de movilidad, como monopatines y bicicletas eléctricas, y se vienen los autos monoplaza y biplaza eléctricos, que son de menor tamaño y la ciudad no está preparada para recibirlos. Debemos preparar las ciudades hacia smart cities, porque se viene un cambio fuerte”.
Finalmente, Felipe Bunster expresó que “Chile es el único país que usa Waze para saltarse carabineros y evitar las urgencias viales. La verdad es que en seguridad industrial no importa cuántos elementos se pongan a disposición; mientras no cambie la cultura, seguirán los accidentes”.
Fuente: CPI, Miércoles 11 de Septiembre de 2019
A continuación ponemos a su disposición las presentaciones realizadas por:
- Felipe Bunster E., gerente general Mutual de Seguridad –Impactos de trayecto–
- Johanna Vollrath, encargada de marketing de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) –El desafío de salvar vidas en el tránsito–
MINUTA DIÁLOGO
XL Diálogo del CPI. Infraestructura Vial: Seguridad y Accidentabilidad – Ver Minuta
