DIARIO FINANCIERO – Víctor Ríos -socio fundador de Molina Ríos Abogados y fiscal del Consejo de Políticas de Infraestructura- tiene el panorama claro: hace muchos años que el sistema de infraestructura del país está “fallando”, por lo que se requiere hacer una reforma profunda lo antes posible.
“No estamos llegando a tiempo con las obras debido a la burocracia y a la permisología, pero nuestro principal problema es que no tenemos contratos adecuados. Hay un importante déficit en los marcos contractuales y normativos que regulan esta materia, cosa que está afectando fuertemente la productividad del país”, señaló el abogado.
Para combatir este diagnóstico, Ríos sostiene que es necesario innovar en algunas materias, mejorando significativamente los marcos normativos que están afectando la productividad de Chile e incorporar nuevos mecanismos “que a nivel internacional están funcionando”.
“No es una crítica a este Gobierno, es una crítica general al sistema, la solución está a la mano, pero la verdad es que no se ha hecho mucho”.
“Si uno revisa las estadísticas, llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de los contratos tienen controversias”.
– ¿Por qué el sistema de infraestructura del país está fallando?
– El marco normativo es inadecuado e insuficiente, no regula adecuadamente las materias técnicas. Si uno revisa las estadísticas, llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de los contratos tienen controversias, que terminan afectando los costos de las obras, pero especialmente sus plazos. El sistema no está siendo eficiente. El Ministerio de Obras Públicas interpreta el contrato de una manera, la Contraloría de otra y el contratista de otra distinta, y todo eso demora las obras y genera sobrecostos.
– ¿Cómo es el panorama fuera de Chile?
– Si nos comparamos con otros países nos damos cuenta que afuera los contratos son mucho más completos, y los marcos normativos son más claros y precisos. En Chile no pasa eso, falta poner el foco en el proyecto y no en los intereses exclusivos de una u otra parte. De hecho, el principal aliado de la corrupción en esta materia es la burocracia. Dicho de otra manera, cuando hay marcos normativos estáticos y a la vez ambiguos, que no permiten resolver a tiempo los inconvenientes técnicos, existe una clara tentación de resolver esos obstáculos mediante malas prácticas y eventualmente mediante corrupción.
– ¿Qué se podría hacer para solucionar este problema?
– Se requieren cambios ahora ya. Se deberían implementar al menos dos mecanismos que actúen durante toda la ejecución de la obra: un comité bipartito de administración y de alertas tempranas, enfocado en materias contractuales y técnicas. Además, incorporar mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución del proyecto, para que los problemas que se vayan presentando se puedan destrabar a tiempo.
Para ello es necesario que el Ministerio de Obras Públicas, y las otras carteras que administran infraestructura, se atrevan a implementar contratos pilotos con mecanismos más modernos. Chile hoy día se está quedando atrás, tenemos que atrevernos a innovar, sobre todo si en otras latitudes ya está probado que funcionan.
– ¿Cómo se implementarían estos mecanismos?
– Es una sencilla modificación a los marcos normativos. No es una ley. No tiene que pasar por el Congreso porque son normas reglamentarias y de bases de licitación. Se debe cambiar el marco del Decreto Supremo 75 en caso de las obras públicas directas, y ello pasa únicamente por la potestad normativa que tiene el Presidente de la República. Las propuestas ya están planteadas y se encuentran sobre la mesa, se han presentado en diversos gobiernos. Está en sus manos mejorar esto.
– ¿Qué dicen las autoridades?
– Esto ha sido planteado por diversas entidades, incluso por la propia Alianza del Pacífico, y por distintos actores privados. Hay un consenso de que hay que hacerlo, pero históricamente no ha habido respuesta de parte de las autoridades de turno.
No es una crítica a este Gobierno, es una crítica general al sistema, la solución está a la mano, pero la verdad es que no se ha hecho mucho. La invitación es atreverse a innovar mejorando los marcos normativos. Sin eso, seguiremos como estamos, atrasando las obras y pagando más por ellas, y lo que es peor, con menos actores y menos competencia, como de hecho ya ocurre.
– ¿Debería haber un trabajo respecto a la infraestructura crítica del país?
– Eso es una definición sana y necesaria. Es necesario tener políticas públicas de largo plazo, que hoy día verdaderamente no las hay o son escasas. Y cuando hay una coordinación interministerial, muchas veces es deficiente, lo cual es otra causa que afecta la ejecución de los proyectos.
Una buena política pública es poder definir lo que debiese ser la infraestructura crítica y fijar las carteras de largo plazo, de donde los Gobiernos puedan fijar sus prioridades. El reciente acuerdo entre el MOP y el CPI en esta materia es sin duda una gran y alentadora noticia.
Pero adicionalmente tenemos que ser eficientes a la hora de gestionar los proyectos, para tenerlos a tiempo y aumentar la productividad, y, en esto, entra la necesaria reforma y modernización de los marcos contractuales que debe hacerse de forma prioritaria, si verdaderamente queremos sacar adelante el sistema de infraestructura del país.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 16 de Octubre de 2023
