PULSO – Una propuesta transversal para destrabar y dar viabilidad a los proyectos de inversión de distintas áreas de la economía y que se encuentran paralizados, en carpeta o se proyectan a futuro; es la que entregará al gobierno, a mediados de este año, la Alianza Valor Minero, institución de carácter público-privado que busca representar la pluralidad de intereses que conviven en el sector.
El planteamiento, en el que participaron gremios como la CPC, Sofofa, el Consejo Minero, la CChC, la Sonami y las generadoras; además de varios gremios sindicales, ONG y la Asociación Chilena de Municipalidades; contempla la creación de una nueva institucionalidad de diálogo temprano y permanente, a la que se suma un sistema de resolución de controversias y la creación de un fondo público que financiaría al nuevo organismo, que a modo de síntesis, estaría encargado de adelantarse a los problemas que puede enfrentar un proyecto, de manera tal que sus impulsores sepan que una iniciativa se puede desarrollar, antes de tomar una decisión sobre ella.
Si bien la propuesta es preliminar, ya ha sido presentado por Valor Minero a los ministros de Minería, Economía y Medio Ambiente.
“Lo que estamos proponiendo es que exista una institucionalidad prejudicial que resuelva esos conflictos para evitar la judicialización y que esta etapa tenga poder legal (…). La propuesta que estamos haciendo se aplica al conjunto de la economía y parte de la consideración de que si Chile quiere volver a crecer requiere de mucho más de lo que venía haciendo”, señaló el presidente ejecutivo de Valor Minero, Álvaro García, añadiendo que las iniciativas que tienden a tener conflicto pertenecen a los sectores de la minería, energía, de infraestructura e inmobiliarias.
En esa línea, detalló que de los 831 proyectos que la Corporación de Bienes de Capital proyecta para el quinquenio 2017-2021, sólo 50 explican más del 50% del total (US$25.192 millones).
“Estos proyectos son los que verdaderamente mueven la aguja del crecimiento. Además, se debe considerar que en los últimos seis años más de 80 proyectos han sido detenidos por conflictos sociales”, indicó, detallando que durante 2017, la inversión proyectada para el período 2017-2021 cayó 23%, en relación a lo estimado el año anterior.
Mientras que las iniciativas paralizadas, que contaban con aprobación ambiental, equivalen a US$7.550 millones.
El detalle. Si bien, la propuesta aún no está del todo concluida, ya cuenta con varios aspectos claros. Por ejemplo, buscará disminuir desde los cinco años, a dos años promedio los tiempos de los trámites por los cuales atraviesan las diferentes iniciativas. “La idea es viabilizar los proyectos estratégicos, pero también asegurar que colaboren con el desarrollo del territorio donde se instalan”, comentó García, añadiendo que el grueso de las tareas de la institucionalidad que se propone, estaría respaldada por consultores privados, que den seguridad a los distintos actores.
Fuente: Pulso, Martes 17 de abril de 2017
