PLATAFORMA ARQUITECTURA – Uno de los iniciativas en boga hoy en día respecto al espacio público, diseño participativo y activismo en la ciudad es el llamado urbanismo ciudadano o urbanismo táctico. El planteamiento propone detonar, por medio de intervenciones acotadas y de bajo costo, cambios a largo plazo en el espacio público, es decir, short-term action, long-term change (Street Plans, 2013).
La estrategia utilizada es crear escenarios temporales que visibilicen un problema específico y la formación de intervenciones puntuales para solucionarlo, buscando incorporar a la comunidad para otorgarle relevancia y fomentar su sostenibilidad en el tiempo y, de esta manera, levantar la discusión sobre los beneficios de los proyectos para la calidad de vida en el contexto en que se insertan.
A partir de este modo de operar, y para facilitar su implementación, es que han desarrollado guías de intervención en que entregan instrucciones de diseño, materialidad y ejecución, de manera de conducir y operacionalizar el proceso completo, desde que se gesta hasta que se construye. La primera guía de urbanismo táctico surge en 2012 en Estados Unidos a cargo del planificador Mike Lydon y el arquitecto Tony García. Posteriormente se han incorporado nuevas publicaciones relacionadas a casos en Australia, Nueva Zelanda, Italia y Latinoamérica. Tan sólo en 5 años se han realizado 10 publicaciones en inglés y español, recopilando ejemplos de intervenciones urbanas a lo largo del mundo. (Street Plans & Ciudad Emergente, 2013).
En términos de su implementación, se trata de una propuesta que, por medio de vistosas intervenciones temporales, busca detonar cambios en la vida urbana. Resulta cuestionable, e incluso iluso, pensar que la solución a los problemas relativos al espacio público, los conflictos de movilidad o la necesidad de servicios y equipamiento en las ciudades latinoamericanas se puedan resolver mediante la pintura de un pavimento, asientos de pálet o un manual con instrucciones de aplicación. En la mayor parte de los casos estas intervenciones se sustentan sobre la base de lugares de alta concurrencia y sin problemas de activación. Al operar en un campo de acción reducido y privilegiado, cuya imagen de éxito está asegurada, el impacto de acciones continúa sin beneficiar a los sectores más vulnerables de la ciudad.
Como iniciativa privada podría ser válida en tanto articulación de intereses particulares con capacidad de recuperar y mejorar espacios públicos o espacios privados de uso público (POPS). Sin embargo resulta dudoso cuando el organismo público decide financiar y poner énfasis en intervenciones urbanas que benefician a pocos en sectores privilegiados respecto de su situación urbana. Esta situación se contradice con la idea de promover ciudades más democráticas y equitativas para todos, ya que son precisamente las comunas vulnerables, alejadas del centro o sin equipamiento, las que precisan ser intervenidas.
Más allá de la posible discusión respecto a los recursos económicos asociados a estas intervenciones, es relevante detenerse en su alto impacto mediático, en tanto desplazan la atención pública y crean una falsa imagen de que se están abordando y resolviendo los conflictos urbanos, cuando la realidad no es tal. Aún por sobre el éxito de algunas de estas intervenciones sobre sus entornos específicos, la noción de que los problemas urbanos se están abordando puede resultar nociva para un desarrollo equitativo de las ciudades.
Esta forma de operar —limitada a acciones puntuales, diseñadas bajo una visión monosectorial, propia del organismo público, en que se abordan los problemas desde una única dimensión— se traduce ulteriormente en soluciones parciales y de bajo impacto. Amparados en modas urbanas y comerciales del momento, que perpetúan un modelo de Estado subsidiario, en que el espacio público, el transporte y los servicios son concebidos como bienes de consumo y producto de su alta tracción mediática han hecho de estas operaciones un atractivo para una cartera política que piensa antes en votantes que en ciudadanos.
Un diseño urbano que busca recuperar espacios público a baja escala demanda de una visión global que considere los múltiples factores que inciden en la calidad de vida en la ciudad, para evitar soluciones parciales que no articulen la complejidad del escenario urbano. Por tanto, por más acotadas que sean las intervenciones, es fundamental que estas respondan a una estrategia y proyección mayor, aun cuando puedan ser materializada en fases o etapas, como lo hace, por ejemplo, la denominada acupuntura urbana (Lerner, 2003).
Respecto ala inclusión de la sociedad civil en estos proyectos, la cual el urbanismo ciudadano declara realizar (Street Plans & Ciudad Emergente, 2013), no queda claro si existe realmente una metodología para su incorporación y da la impresión de que se trata más bien de un proceso consultivo y de animación vecinal que de involucramiento, reduciendo esta participación a su entendimiento como un espectáculo en la ciudad (Lefebvre, 1947) y en que el organismo público ha propiciado una relación clientelista con los ciudadanos en que estos últimos piden y el primero da (Auyero, 2004). Relaciones de este tipo arriesgan la inhibición de la organización social en la medida que la participación de la ciudadanía es entendida como un fin en sí mismo por sobre una herramienta de producción del espacio y democratización en la toma de decisiones.
Resulta paradójico empoderar a la comunidad con los beneficios de un proyecto dado si estas iniciativas son originadas desde la autoridad o por agentes externos en un proceso top-down que no contempla el involucramiento activo de las personas.
Existen casos en que este tipo de proyectos tiene sentido y vale la pena, en tanto se enmarca en una situación y contexto determinado, sin fines políticos o abuso mediático. En ese caso habría que entender el urbanismo táctico como lo que es: no un modelo para el desarrollo urbano integral, sino una forma de operación parcelada de construir ciudad como respuesta ante intereses particulares, fundamentalmente comerciales, de intervenir en el espacio público y que no es sostenible si se quiere abordar la ciudad como un derecho.
Consuelo Araneda es Licenciada en Arquitectura de la Universidad de Chile (UCH), Ayudante del departamento de Urbanismo UCH y parte del área de gestión urbana de Fundación Urbanismo Social.
Fuente: Plataforma Arquitectura, Jueves 1 de marzo de 2018
