WAI – La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina ha desatado una serie de interrogantes sobre su enfoque de la transformación económica del país en diversos sectores. Un área que a menudo se pasa por alto en los medios de comunicación pero que es crucial para el desarrollo de una nación, el fortalecimiento del comercio y la calidad de vida de los ciudadanos es la infraestructura. El potencial de crecimiento económico y mayor competitividad que se puede desbloquear mediante la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura es un rayo de esperanza para el futuro de Argentina.
Algunas investigaciones han determinado empíricamente que un mayor volumen de infraestructura tiene un efecto positivo sobre el crecimiento a largo plazo. Con más y mejor infraestructura, también hay efectos en la reducción de la desigualdad, como puede ser el caso del acceso al agua potable, contribuyendo a casi el 35 por ciento de la reducción del Gini en nuestro continente. Por otro lado, si los países latinoamericanos alcanzaran el liderazgo en estas materias en términos de cantidad y calidad de infraestructura, las ganancias en el crecimiento per cápita a largo plazo serían de entre 1,1 y 4 por ciento anual o si invirtieran en infraestructura a un ritmo de entre 1,1 y 4 por ciento anual. En comparación con el nivel medio de un país del este de Asia, se podría aumentar entre un 3,2 y un 6,3 por ciento de crecimiento adicional.
Suele escucharse dentro de propuestas de políticas públicas, grandes obras públicas y monumentos que construirán determinados presidentes. Sin embargo, debido a que las obras de infraestructura más esenciales tienen un período que trasciende a los gobiernos, es necesario brindar seguridad jurídica y un clima atractivo para la inversión. Además, tanto las fases de prefactibilidad, estudios, elaboración de bases técnicas, licitación, adjudicación, construcción y puesta en marcha, requieren de regulaciones sólidas para poder incentivar a las mejores empresas a competir, ofreciendo sus servicios y asumiendo los respectivos riesgos, lo que también implica un mercado de capitales que colabore en estas materias. En esto, los acuerdos entre el partido gobernante y la oposición son cruciales; La infraestructura es algo que se construye entre todos, y a la hora de legislar hay que considerar el uso de quienes tienen mayores poderes.
Como política comparada, el caso chileno tiende a ser muy particular y atractivo porque antes de la creación del sistema de concesiones —que permitió el ingreso de empresas privadas en estas materias en 1992— Chile tenía serios problemas de infraestructura y conectividad, que desaceleraban el crecimiento económico. y competitividad. Según estimaciones del exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, de los 80 mil kilómetros pavimentados, 3.000 son concesiones. Esta liberación de recursos ha permitido proporcionar entre 10.000 y 12.000 kilómetros de red de carreteras alternativas. Por lo tanto, con mayor razón, dado que Argentina es una potencia alimentaria, necesita mejorar su infraestructura y conectividad rápidamente.
Desde el lanzamiento del sistema en Chile se han concesionado más de USD$20.000 millones en proyectos viales, monto equivalente a 10 años de inversión pública del Ministerio sectorial que no se hubiera podido gestionar sin el ingreso de las empresas privadas y que hoy ubica al país como líder en infraestructura en América Latina según el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial de Suiza (IMD, 2023) y que ha permitido, a través de asociaciones público-privadas (APP), la construcción de embalses, hospitales, prisiones, aeropuertos y carreteras, entre otros.
Los desafíos del entorno regulatorio pasan por establecer regulaciones sólidas, dotándolas de legitimidad, afrontándolas con un alto nivel de visión, incorporando tecnología y atención a la reducción de permisos y burocracia, tomando en consideración el entorno y las condiciones de servicio y capacidad, discutir los mecanismos de evaluación social de los proyectos y también considerar la innovación en los sistemas de contratación, para permitir que los proyectos tengan mayor asiento y relevancia en las localidades donde se ubicará dicha infraestructura.
Si bien desde la experiencia chilena los desafíos siguen siendo relevantes, a la fecha el modelo centralizado de concesiones —dotado de altas competencias técnicas— ha tenido significativo éxito y peso específico en el desarrollo del país y hoy comienza a exigir apertura a otros rubros para el desarrollo de este mecanismo de inversión. Esta discusión busca ampliar el mecanismo de toma de decisiones incorporando a las regiones en un entorno que cada vez tiende a profundizar el proceso de descentralización y que lógicamente es una fase posterior, luego de más de 30 años de vigencia del mecanismo, el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales en Se discute un ambiente de Estado unitario. En el caso argentino, si el Estado necesita más de 17.300 millones de dólares para cerrar brechas de infraestructura en áreas como agua y saneamiento, conectividad vial, riesgo hídrico, infraestructura de cuidados, sólo será posible mejorar mediante la constitución de la empresa privada utilizando Mecanismos estatales que permitan dar certeza al inversionista.
Por esta razón, el Presidente Javier Milei, el Congreso Nacional y los Gobernadores de las Provincias de Argentina tienen la tarea vital de desarrollar un entorno regulatorio que le dé a su país la capacidad de proporcionar más y mejor desarrollo de infraestructura mediante la incorporación del sector privado, que es el motor del crecimiento y la innovación. Los consorcios internacionales requieren regulaciones sólidas para ingresar a los países en desarrollo y no quedar a merced de los procesos electorales. La receta del éxito en Chile se ha basado en que esta alianza público-privada, a través del sistema de concesiones, se ha impulsado desde distintos acuerdos entre la gran mayoría de los bloques políticos y ha trascendido a los gobiernos. En definitiva, la libertad en materia de infraestructura se ha convertido en una política de Estado.
* Andrés Barrientos es Ingeniero Civil, Magíster en Gestión Gubernamental y Magíster en Gerencia de la Construcción. Consultor, analista de políticas públicas y autor. Ha trabajado en el sector privado en construcción y bienes raíces, así como en el sector público en competitividad subnacional y análisis territorial, fungiendo como delegado ante la OCDE en un grupo de expertos sobre gobernanza multinivel e inversión pública. Cofundador del think tank de libre mercado Ciudadano Austral.
Fuente: We Are Innovation, Martes 18 de Junio de 2024
