EL MERCURIO – Un editorial reciente de este diario sostiene, en síntesis, que las políticas para reducir emisiones en nuestro sistema eléctrico deben estar supeditadas a la seguridad del suministro. Construye esta idea a partir de un supuesto vínculo entre la capacidad del sistema para asegurar el suministro y la generación con combustibles fósiles (carbón, gas natural o petróleo). Lo que se argumenta es que primero debemos preocuparnos de que las personas y empresas tengan electricidad y luego de reducir las emisiones necesarias para producir esa energía.
Este razonamiento pareciera no considerar que los cambios tecnológicos en la última década, el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro y la invasión a Ucrania demuestran que el éxito de nuestra política energética depende de un diseño que logre perseguir, simultáneamente, sostenibilidad y seguridad. Es evidente que los combustibles fósiles aceleran el cambio climático y afectan negativamente la salud de las comunidades donde esas fuentes de generación están emplazadas, pero eso no es todo. Durante los últimos años sus rutas de suministro se han vuelto particularmente frágiles y sus precios han subido exponencialmente, impactando directamente en los ingresos reales de las familias más vulnerables.
¿Podemos seguir apostando por la dependencia del carbón, que triplicó su precio recientemente, o incluso de otros combustibles cuyas rutas de suministro han provocado episodios críticos de disponibilidad? No parece ser la opción más segura ni sostenible.
Nuestro país no produce grandes cantidades de carbón, gas natural o petróleo; al contrario, contamos con abundantes recursos renovables, que son más económicos y limpios. Esta ventaja, que eleva nuestra competitividad mundial y abre nuevos negocios, supone desafíos. Por ejemplo, debemos modernizar nuestras redes de distribución, fomentar innovación y cambios tecnológicos, organizar el despliegue territorial de estas inversiones conservando nuestra biodiversidad y, por cierto, asegurar la continuidad y calidad del suministro.
Estos desafíos requieren de consensos amplios; se trata de un reto complejo, pero con la colaboración y generosidad de todos y cada uno de nosotros, se puede lograr. Sin duda, un elemento central en la ruta de los acuerdos será que los costos de la transición tengan una perspectiva de justicia que considere tanto los efectos en consumidores residenciales vulnerables como las nuevas oportunidades que debemos entregar a los territorios protagonistas de la transición. La sostenibilidad no puede ser un obstáculo para esas metas.
Lo que el Gobierno busca es avanzar en los compromisos y tener una discusión basada en evidencia, con una participación diversa de actores. Poniendo el foco en las condiciones habilitantes de la transición energética buscamos pasar de un calendario de cierres a una ruta común que permita equilibrar resiliencia, eficiencia y sostenibilidad como una política de Estado.
Diego Pardow
Ministro de Energía
Fuente: El Mercurio, Miércoles 23 de Agosto de 2023
