DIARIO FINANCIERO – Como CPI nos sentimos muy orgullosos de participar en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). La experiencia de integrar distintas visiones para abordar uno de los problemas que ha emergido con mayor fuerza durante el último año -las inequidades urbanas y las diferencias de oportunidades que representan- es digno de relevarse. Sólo esperamos haber aportado desde nuestra especificidad, la infraestructura, a enriquecer el debate y con medidas concretas, que permitan diseñar una política de intervención urbana que apunte a resolver efectivamente esas diferencias a la mayor brevedad.
Para ello queremos insistir en algunos aspectos que nos parecen relevantes. La escasez de recursos, argumento permanente para soslayar intervenciones continuas en el mejoramiento de la infraestructura urbana, es efectiva, pero es posible resolverla en el tiempo, recurriendo con este fin a las diferentes fuentes hoy disponibles.
Nuestro cálculo es que se dispone de cerca de 2 mil millones de dólares anuales para abordar este gran desafío, en la medida en que se sumen presupuestos que, en general, operan con altos grados de autonomía. Para ese efecto es muy importante contar con los planes municipales de infraestructura, de modo de orientar los aportes públicos y privados de acuerdo con las iniciativas ahí señaladas.
Una condición para la efectividad de esa medida es la integración de visiones de municipios vecinos, de modo de aprovechar las complementariedades. Para ello, pensamos que el rol de los gobiernos regionales es muy importante como “coordinadores”, en lo posible vinculante, de esos planes. Ello no sólo permitiría contar con una visión compartida, sino también con una integración de iniciativas de las principales agencias ejecutoras (inversoras) en las regiones. Para eso la figura de los “convenios de programación” adquiere un rol muy relevante, en la medida que los ministerios que administran buena parte de los presupuestos de inversión se comprometan con los proyectos que surgen desde los municipios.
No obstante lo anterior, la eficiencia del proceso que se desencadene requerirá en mayor medida de un proceso de priorización de proyectos. En ese sentido, cuando los objetivos son el barrio, la conectividad y la infraestructura social, bien podrían revisarse decisiones respecto de grandes intervenciones urbanas, obviamente concebidas antes de la crisis social y la pandemia.
Sólo dos iniciativas promovidas por el MINVU (el Parque en los Cerros de Chena y la remodelación del paseo Barón en Valparaíso) representan cerca de 34 mil millones de pesos, que bien podrían servir para pavimentar 29 mil metros lineales de calles, que hacen tanta falta. Si bien esas iniciativas tienen un impacto muy importante en la generación de áreas verdes o en dotar a ciudades de zonas recreacionales, están muy lejos de los intereses manifestados por las comunidades durante los últimos meses, lo que queda bien reflejado en el tipo de propuestas que han surgido desde el CNDU.
Concentrar esfuerzos en mejorar los barrios, de modo de recuperar el sentido de pertenencia y el deseo de ocupar el espacio físico en el entorno a las viviendas, no sólo es una forma de mayor dignidad, sino también, de generar las condiciones para contar con mejores espacios de calidad para abordar el problema del hacinamiento.
Como decía el participante de un taller diseñado para acercarse a los jóvenes desde la infraestructura, esta es democrática en la medida que nivele de “abajo hacia arriba”.
Ver artículo
Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de Noviembre de 2020
Una nueva ciudad, una nueva forma de priorizar, por Carlos Cruz
DIARIO FINANCIERO – Como CPI nos sentimos muy orgullosos de participar en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). La experiencia de integrar distintas visiones para abordar uno de los problemas que ha emergido con mayor fuerza durante el último año -las inequidades urbanas y las diferencias de oportunidades que representan- es digno de relevarse. Sólo esperamos haber aportado desde nuestra especificidad, la infraestructura, a enriquecer el debate y con medidas concretas, que permitan diseñar una política de intervención urbana que apunte a resolver efectivamente esas diferencias a la mayor brevedad.
Para ello queremos insistir en algunos aspectos que nos parecen relevantes. La escasez de recursos, argumento permanente para soslayar intervenciones continuas en el mejoramiento de la infraestructura urbana, es efectiva, pero es posible resolverla en el tiempo, recurriendo con este fin a las diferentes fuentes hoy disponibles.
Nuestro cálculo es que se dispone de cerca de 2 mil millones de dólares anuales para abordar este gran desafío, en la medida en que se sumen presupuestos que, en general, operan con altos grados de autonomía. Para ese efecto es muy importante contar con los planes municipales de infraestructura, de modo de orientar los aportes públicos y privados de acuerdo con las iniciativas ahí señaladas.
Una condición para la efectividad de esa medida es la integración de visiones de municipios vecinos, de modo de aprovechar las complementariedades. Para ello, pensamos que el rol de los gobiernos regionales es muy importante como “coordinadores”, en lo posible vinculante, de esos planes. Ello no sólo permitiría contar con una visión compartida, sino también con una integración de iniciativas de las principales agencias ejecutoras (inversoras) en las regiones. Para eso la figura de los “convenios de programación” adquiere un rol muy relevante, en la medida que los ministerios que administran buena parte de los presupuestos de inversión se comprometan con los proyectos que surgen desde los municipios.
No obstante lo anterior, la eficiencia del proceso que se desencadene requerirá en mayor medida de un proceso de priorización de proyectos. En ese sentido, cuando los objetivos son el barrio, la conectividad y la infraestructura social, bien podrían revisarse decisiones respecto de grandes intervenciones urbanas, obviamente concebidas antes de la crisis social y la pandemia.
Sólo dos iniciativas promovidas por el MINVU (el Parque en los Cerros de Chena y la remodelación del paseo Barón en Valparaíso) representan cerca de 34 mil millones de pesos, que bien podrían servir para pavimentar 29 mil metros lineales de calles, que hacen tanta falta. Si bien esas iniciativas tienen un impacto muy importante en la generación de áreas verdes o en dotar a ciudades de zonas recreacionales, están muy lejos de los intereses manifestados por las comunidades durante los últimos meses, lo que queda bien reflejado en el tipo de propuestas que han surgido desde el CNDU.
Concentrar esfuerzos en mejorar los barrios, de modo de recuperar el sentido de pertenencia y el deseo de ocupar el espacio físico en el entorno a las viviendas, no sólo es una forma de mayor dignidad, sino también, de generar las condiciones para contar con mejores espacios de calidad para abordar el problema del hacinamiento.
Como decía el participante de un taller diseñado para acercarse a los jóvenes desde la infraestructura, esta es democrática en la medida que nivele de “abajo hacia arriba”.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de Noviembre de 2020
