LA TERCERA – Una de las características más virtuosas del modelo concesional para la provisión de infraestructura pública es la colaboración público-privada que incentiva. En tiempos normales, este espíritu se verifica en parámetros de calidad, eficiencia, justicia distributiva y sinergias económicas, entre otros. Mientras que, en tiempos difíciles, dicha alianza se pone a prueba en la capacidad de las partes de contribuir desde sus capacidades y fortalezas a la sostenibilidad de los objetivos comunes.
En efecto, ante crisis que escapan a la previsión y control del Estado o de las empresas, en el pasado el sistema de concesiones ha encontrado fórmulas de apoyo mutuo que han derivado en soluciones innovadoras y justas para resolver conflictos. En 2001, por ejemplo, ante el fuerte impacto que generó en la actividad de muchos operadores de infraestructura -como los aeropuertos y autopistas interurbanas- la crisis subsecuente al atentado a las torres gemelas, el Estado contribuyó con la sostenibilidad de los operadores mediante la creación de un mecanismo de distribución de ingresos (MDI), que permitió diferir los efectos coyunturales de la crisis sin generar por ello sobrerrentas o utilidades para las empresas.
En 2019, en tanto, un Estado presionado por el estallido de protestas y demandas sociales, agravadas por los efectos económicos de dicha disrupción, encontró en su contraparte privada la disposición para diferir las alzas de tarifa contenidas en los contratos de concesión, así como la disponibilidad de dichas empresas para generar alivio a los bolsillos de los usuarios mediante la condonación de multas e intereses, la rebaja de las tarifas a las motocicletas y la creación de una nueva modalidad de usuario, no contenida en los contratos originales, beneficiado por una tarifa especial.
Hoy nos encontramos nuevamente ante una crisis no que se escapa de la previsión y control de las partes de esta alianza: la pandemia Covid-19 ha generado caídas sustantivas en los ingresos de los concesionarios de infraestructura. Particularmente dramático es el caso de los aeropuertos, cuyos ingresos se han desplomado junto con la paralización casi total de la aviación comercial y los efectos de la pandemia a nivel local y mundial. Hoy, como ayer, la realidad pone a prueba la alianza público-privada en el ámbito de infraestructura ¿podrá nuevamente el Estado generar mecanismo creativos, a la vez que justos, para apoyar la sostenibilidad de la infraestructura pública? En Copsa confiamos que así será.
Fuente: La Tercera, Lunes 07 de Septiembre de 2020
