EL MERCURIO – En corto tiempo se ha despertado la inquietud nacional sobre la escasez hídrica. Hace unos meses poco se hablaba, hasta que llegó el invierno más seco registrado, que develó una sequía estructural que nos hemos resistido a asumir. En los programas presidenciales de 2017 hubo menciones secundarias al tema. Hoy la ciudadanía está tomando conciencia de la urgencia de acometer soluciones más radicales que las diseñadas hasta ahora. Uno de los documentos de mayor gravitación es el preparado por la Fundación Chile, que contiene una serie amplísima de medidas y evalúa cada una de ellas.
Felizmente, parece crecer la conciencia ciudadana. El Gobierno ha hecho algunos señalamientos, pero de un carácter general. No están a la altura de la gravedad del tema. Los instrumentos institucionales están obsoletos y subsiste una amplia dispersión de instituciones, sin guía.
Si se aprecia el tema en su conjunto, a mi juicio, emergen dos prioridades que deben ser asumidas por el Gobierno. La primera es crear una institucionalidad que, aunque no sea perfecta, permita un manejo coordinado de las iniciativas, haciendo que todos los actores principales —gobierno, comunidades, empresas— apunten en una misma dirección, con plazos y metas. Una fórmula concreta es la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP, proyecto que debiera estar ya preparado y enviado al Parlamento. Esta instancia debiera depender de un Consejo de Ministros de Asuntos Hídricos, que fije las prioridades, efectúe consultas ciudadanas y requiera de antecedentes técnicos y mediciones de mejor calidad.
Asimismo, debe instaurarse un Consejo Nacional del Agua con representación social amplia, de todos los sectores, que contribuya a diseñar y difundir un programa. Hay avances en curso. El Consejo de Políticas de Infraestructura prepara una propuesta institucional para el agua, equipo que coordina el exministro de OO.PP. Alberto Undurraga. Además, en una buena iniciativa, el actual ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, ha constituido un consejo consultivo de exministros del área para recoger experiencias y acercar posiciones.
La segunda es crear una instancia nacional que planifique y coordine las iniciativas de desalinización. Esta materia no puede quedar librada a decisiones individuales de empresas mineras o alguna sanitaria, según sus necesidades, pues ello desembocaría en una subdivisión del borde costero, sin lógica alguna y de escasa eficiencia. Para lanzar un programa de envergadura se deberá analizar cuánto producir para la agricultura, los costos y la capacidad de pago de los agricultores. Esta tarea puede llevarse a cabo por una empresa pública que negocie con privados o hacerlo a partir de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econsa) reformando su ley constitutiva para asociarse en la instalación de plantas desalinizadoras con un modelo de negocios que le permita vender a terceros. Se trata de una fórmula similar a la aprobada por el Parlamento con Enap, cuando se reformó su ley para habilitarla a participar en generación y distribución eléctrica, lo cual ayudó a acelerar los programas energéticos.
Además, Chile debe constituir o promover centros nacionales de investigación en desalinización.
Entretanto, se deben poner en funcionamiento varias iniciativas, algunas en curso: embalses, extender riego de precisión, realimentación de acuíferos, profundizar los estudios de proyectos de trasvase, por tierra y submarino, aprovechando el estudio reciente de Corfo sobre la materia. Agréguese el otorgamiento de incentivos para instalar tranques pequeños, el aprovisionamiento de agua potable en zonas rurales, un proyecto de ley para la regulación y manejo de cuencas, la modificación del Código de Aguas y la reforma constitucional.
Nadie tiene una respuesta precisa para encarar lo que viene, pero tenemos claridad en los primeros pasos. Si iniciamos un programa macizo, iremos aprendiendo y mejorando rápido. Hay que romper la inercia ya.
Fuente: El Mercurio, Lunes 30 de Septiembre de 2019
Una estrategia hídrica 2020-2030, por Sergio Bitar
EL MERCURIO – En corto tiempo se ha despertado la inquietud nacional sobre la escasez hídrica. Hace unos meses poco se hablaba, hasta que llegó el invierno más seco registrado, que develó una sequía estructural que nos hemos resistido a asumir. En los programas presidenciales de 2017 hubo menciones secundarias al tema. Hoy la ciudadanía está tomando conciencia de la urgencia de acometer soluciones más radicales que las diseñadas hasta ahora. Uno de los documentos de mayor gravitación es el preparado por la Fundación Chile, que contiene una serie amplísima de medidas y evalúa cada una de ellas.
Felizmente, parece crecer la conciencia ciudadana. El Gobierno ha hecho algunos señalamientos, pero de un carácter general. No están a la altura de la gravedad del tema. Los instrumentos institucionales están obsoletos y subsiste una amplia dispersión de instituciones, sin guía.
Si se aprecia el tema en su conjunto, a mi juicio, emergen dos prioridades que deben ser asumidas por el Gobierno. La primera es crear una institucionalidad que, aunque no sea perfecta, permita un manejo coordinado de las iniciativas, haciendo que todos los actores principales —gobierno, comunidades, empresas— apunten en una misma dirección, con plazos y metas. Una fórmula concreta es la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el MOP, proyecto que debiera estar ya preparado y enviado al Parlamento. Esta instancia debiera depender de un Consejo de Ministros de Asuntos Hídricos, que fije las prioridades, efectúe consultas ciudadanas y requiera de antecedentes técnicos y mediciones de mejor calidad.
Asimismo, debe instaurarse un Consejo Nacional del Agua con representación social amplia, de todos los sectores, que contribuya a diseñar y difundir un programa. Hay avances en curso. El Consejo de Políticas de Infraestructura prepara una propuesta institucional para el agua, equipo que coordina el exministro de OO.PP. Alberto Undurraga. Además, en una buena iniciativa, el actual ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, ha constituido un consejo consultivo de exministros del área para recoger experiencias y acercar posiciones.
La segunda es crear una instancia nacional que planifique y coordine las iniciativas de desalinización. Esta materia no puede quedar librada a decisiones individuales de empresas mineras o alguna sanitaria, según sus necesidades, pues ello desembocaría en una subdivisión del borde costero, sin lógica alguna y de escasa eficiencia. Para lanzar un programa de envergadura se deberá analizar cuánto producir para la agricultura, los costos y la capacidad de pago de los agricultores. Esta tarea puede llevarse a cabo por una empresa pública que negocie con privados o hacerlo a partir de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econsa) reformando su ley constitutiva para asociarse en la instalación de plantas desalinizadoras con un modelo de negocios que le permita vender a terceros. Se trata de una fórmula similar a la aprobada por el Parlamento con Enap, cuando se reformó su ley para habilitarla a participar en generación y distribución eléctrica, lo cual ayudó a acelerar los programas energéticos.
Además, Chile debe constituir o promover centros nacionales de investigación en desalinización.
Entretanto, se deben poner en funcionamiento varias iniciativas, algunas en curso: embalses, extender riego de precisión, realimentación de acuíferos, profundizar los estudios de proyectos de trasvase, por tierra y submarino, aprovechando el estudio reciente de Corfo sobre la materia. Agréguese el otorgamiento de incentivos para instalar tranques pequeños, el aprovisionamiento de agua potable en zonas rurales, un proyecto de ley para la regulación y manejo de cuencas, la modificación del Código de Aguas y la reforma constitucional.
Nadie tiene una respuesta precisa para encarar lo que viene, pero tenemos claridad en los primeros pasos. Si iniciamos un programa macizo, iremos aprendiendo y mejorando rápido. Hay que romper la inercia ya.
Fuente: El Mercurio, Lunes 30 de Septiembre de 2019
