EL MERCURIO DE VALPARAÍSO – Con preocupación hemos recibido las últimas noticias sobre la posible extensión de los contratos -por parte de la Seremi de Transporte de Valparaíso- a favor de las empresas de buses de locomoción colectiva del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV).
Hace 12 años se realizó la última licitación del transporte del Gran Valparaíso y pese a que en el 2011 correspondía iniciar un nuevo proceso de licitación, este se ha postergado en tres ocasiones. Es inaceptable que hayan pasado dos gobiernos completos y aún exista ambigüedad en torno a este proceso. Más aún, en este periodo las deficiencias del servicio han ido creciendo hasta un estado preocupante, afectando directamente a las/os usuarias/os: alzas de pasajes de forma unilateral, deficiente logística y frecuencia en los recorridos, problemas con la tarjeta estudiantil, crítico deterioro de los buses y de la infraestructura, y un aumento de la contaminación urbana. Pero también este sistema está perjudicando a los choferes: no tienen un sueldo adecuado, no hay baños en las garitas, no se cumplen los horarios, y con el sistema de corte de boleto deben disputarse a los usuarios con el inminente peligro para su integridad física y la de los pasajeros.
Mientras esto ocurre, las empresas reciben un subsidio anual de $ 14.400 millones y a partir de 2018 ese monto se verá incrementado en $ 1.500 millones anuales extras. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué el Estado continúa entregando este subsidio y no fiscaliza?, ¿por qué no exige/propone un servicio de transporte adecuado para los usuarios y trabajadores? Pues con la suspensión del llamado a licitación se mantiene los contratos en las condiciones actuales y se anula la posibilidad de modernizar los buses y la infraestructura, de definir un nuevo sistema logístico de trazados y recorridos, de establecer niveles de densidad vehicular, entre otros asuntos.
Este modelo privado de transporte y subsidiado por el Estado constituye otro ejemplo claro de servicios básicos donde la ganancia -lucro- está por sobre las garantías de un servicio público eficaz y digno para los habitantes del Gran Valparaíso. En este sentido, exigimos que el gobierno central tome cartas en el asunto, pues la Contraloría ha sido clara a la hora de señalar la obligatoriedad de comenzar el proceso de licitación y nos preocupa las posibles irregularidades que puedan estar ocurriendo y que impiden que los subsidios que se entregan se traduzcan en un buen servicio para los habitantes de nuestra región.
Es fundamental comenzar a repensar el problema de la movilidad en el Gran Valparaíso y avanzar hacia una política pública que cimente un nuevo modelo de transporte, que sea efectivamente público, sustentable, seguro y moderno; amable con nuestros adultos mayores y con tarifas justas, y por qué no pensarlo, con integración de la bicicleta pública como mecanismo alternativo de movilidad.
Nataly Campusano Díaz
Consejera regional de Valparaíso
Leopoldo Santibáñez Jara
Doctor y académico de la Escuela de Ingeniería de Transporte PUCV
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Jueves 08 de noviembre de 2018
