LA TERCERA – Uruguay inauguró la primera autopista eléctrica de América Latina a lo largo de su costa a principios de este año. Los puntos de carga se encuentran en la ruta, lo que brinda a los conductores mayor confianza para viajar en vehículos eléctricos y representa una solución clave para enfrentar el cambio climático. Hace poco, en Montevideo, en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, también creció la confianza en la capacidad de las políticas de cambio climático para garantizar objetivos de desarrollo más amplios.
Los países y ciudades de América Latina y el Caribe están trabajando para promover la movilidad eléctrica, y así, simultáneamente, mejorar la vida de los ciudadanos al mejorar la calidad del aire y ayudar a los países a cumplir sus promesas de reducción de emisiones del Acuerdo de París.
Las ciudades juegan un papel clave. Para el año 2050, se estima que aproximadamente el 90 por ciento de la población de América Latina y el Caribe vivirá en ciudades. Esto podría llevar a que la flota de automóviles de la región se triplique a más de 200 millones de unidades para mediados de siglo. Como era de esperar, el sector de transporte de la región es la fuente de emisiones relacionadas con la energía que más rápido crece.
Este aumento de las emisiones implica una mayor contaminación del aire con graves consecuencias. Muchas ciudades de la región ya están en el lado equivocado de los umbrales de niveles seguros de contaminación del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En 2015, aproximadamente 180.000 personas en América Latina y el Caribe murieron prematuramente debido a enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.
Para enfrentar estos desafíos, los gobiernos nacionales y locales han establecido ambiciosos objetivos de cambio climático. Los alcaldes de 25 ciudades, incluyendo Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, Quito, Caracas y Santiago, se han comprometido a alcanzar cero emisiones para el año 2050. La estrategia de movilidad eléctrica de Chile busca la transición a una flota de transporte público 100% eléctrica para ese año.
La movilidad eléctrica puede ayudar a modernizar el sector de transporte de la región, crear empleos y mejorar la seguridad energética, al reducir la dependencia de costosas importaciones de combustible. Si la flota actual de autobuses y taxis en 22 ciudades latinoamericanas fuera reemplazada inmediatamente con vehículos eléctricos, la región podría ahorrar casi US$ 64 mil millones en combustible para 2030 y evitar la emisión de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Estamos viendo un progreso significativo. Santiago de Chile espera la entrega de 100 autobuses eléctricos a batería este noviembre, lo que la convertirá en la flota más grande de América Latina y una de las más grandes fuera de China.
Para liberar el potencial de los vehículos eléctricos, se necesitan derribar varios obstáculos. El alto costo inicial de los autobuses eléctricos es una gran barrera. Si bien el costo total de propiedad para los autobuses eléctricos se está reduciendo, y en algunos casos tienen costos operativos más bajos, asegurar el financiamiento es un gran obstáculo. También es esencial alinear las licitaciones de autobuses con los objetivos de cambio climático a nivel nacional y municipal para nivelar el campo de juego para tecnologías más limpias.
A través de su plataforma NDC Invest, el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja con sus socios en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay para crear un mercado regional que desbloquee el potencial de los autobuses limpios a través de soporte técnico, financiamiento y seguros, gestión de riesgos y mejora crediticia.
Este trabajo acerca más a las ciudades con los objetivos del Acuerdo de París. El momento es crucial para promover autobuses limpios, ya que muchas ciudades de América Latina están planeando renovar sus flotas de autobuses. Es crucial evitar atascarse con tecnologías más antiguas ya que los autobuses diésel tienden a tener una vida útil de alrededor de una década.
Dado que el 70% del aumento previsto en las emisiones de los países en desarrollo vendrá de la infraestructura, incluido el transporte que aún no se ha construido, las decisiones tomadas hoy determinarán si los países cumplirán sus compromisos con el Acuerdo de París.
Aprovechar el potencial de las ciudades para complementar el trabajo de los gobiernos nacionales es primordial. El BID se compromete a trabajar con ambos para lograr un futuro bajo en carbono y resiliente al clima.
Fuente: La Tercera, Jueves 18 de octubre de 2018
