DIARIO FINANCIERO – El tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 sur o del Maule será el primero en relicitarse a manos del Fondo de Infraestructura (Foinsa), anunció el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, al exponer en un seminario de Icare.
“Estamos pensando que la primera obra de infraestructura a transferir y someterse a este mecanismo sería el tramo Talca-Chillán (…) Algunos otros cambios son terceras pistas e incorporación del sistema free flow”, señaló la autoridad.
La concesión, que actualmente es operada por Intervial Chile -firma ligada a la colombiana ISA-, vence en mayo de 2020 y está previsto que se adelante el proceso de relicitación a mediados del próximo año.
A principios de mes, Fontaine ya había informado la medida de realizar un bypass en ese tramo, a fin de evitar el paso por la ciudad de Talca. En esta oportunidad, reafirmó que cree prioritario el bypass, pese a que aún siguen en la etapa de diseño del proyecto y agregó que están evaluando la opción de adosarle la variante a Constitución, en una fórmula similar a la que se aplicará en la concesión de la carretera de La Fruta.
“En el caso de la variante a Constitución, vamos a evaluar si se incorporan mejoras ahora o quedan pendientes para ser incorporadas más adelante, gatilladas cuando haya más tráfico”, dijo.
Este tramo se extiende entre los km 220 y 413 de la Ruta 5 Sur y tiene una longitud de 193,31 kms.
Mejoría en los plazos
En cuanto al Fondo de Infraestructura, el jefe de la cartera de Obras Públicas hizo hincapié en varios puntos, entre ellos la diminución en el plazo de tramitación de obras concesionadas.
Según estima el MOP, desde que se presenta el proyecto hasta que se le da el vamos para que se inicien las obras, se deberían disminuir los tiempos de un promedio de 67 meses a 59 meses, gracias a la eliminación de dos trámites en la Contraloría.
A grandes rasgos, un trámite tiene que ver con la etapa de licitación y el otro con la etapa de adjudicación de la obra.
También podría asumir hospitales
Si bien en sus orígenes se habló de que el Fondo sólo se financiaría con recursos provenientes de concesiones de carreteras y podría administrar aeropuertos, carreteras, trenes y puertos, Fontaine ahora señaló que también “podría asumir otras obras de contrato como hospitales”. Estos últimos habían sido descartados por el gobierno anterior.
El ministro reafirmó que el carácter financista del Fondo quedará rezagado en esta etapa inicial, debido a que no creen que sea un problema primordial el acceso a financiamiento. “Lo que apreciamos es que los proyectos de infraestructura de largo plazo en Chile tienen capacidad de financiarse holgadamente, ya sea en el mercado financiero nacional o con el concurso de capitales del exterior”, argumentó.
La limitación del rol financiero queda escrita en las prohibiciones de la ley. Allí se afirma la incapacidad de “efectuar operaciones de crédito de dinero con sociedades que construyan, amplíen, reparen, conserven, exploten o desarrollen proyectos de infraestructura en virtud de concesiones entregadas por Foinsa”, así como la prohibición de “adquirir bonos u otros instrumentos representativos de deuda de tales sociedades, ni otorgar garantías reales o personales para caucionar sus obligaciones o adquirir participación accionar en las mismas”.
De esta manera, queda como prioridad el rol administrador y planificador de proyectos e inversión a largo plazo.
Cómo funciona y qué facultades tiene el fondo
El 26 de marzo de este año fue creado el Fondo de Infraestructura SA (Foinsa), bajo la Ley 21.082.
La entidad de carácter autónomo tiene entre sus facultades la capacidad de construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de infraestructura a través de terceros no relacionados.
Para esto contará con un capital inicial de US$ 10 millones, pero no puede obtener créditos fianzas o garantías del Estado.
Foinsa contará con una Junta de Accionistas y un Directorio. Este último estará compuesto por cinco integrantes: dos nombrados directamente por el presidente Sebastián Piñera y los tres restantes a través de la Alta Dirección Pública (ADP). Se prevé que en su totalidad sean dados a conocer a fines de noviembre cuando el concurso haya finalizado.
El factor de adjudicación de las obras será el valor del peaje, es decir, quién cobre el mínimo.
Queda pendiente aún definir los estatutos, el plan quinquenal antes de marzo de 2019 y las remuneraciones del directorio, entre otros.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 24 de octubre de 2018
