EL MERCURIO – Nuestro país experimentó un estancamiento en los niveles de inversión privada durante los últimos años, con el consiguiente efecto sobre las tasas de crecimiento. La tendencia se vio revertida recién en 2018, cuando ambas variables registraron incrementos, lo que evidenció la estrecha relación entre ellas. En efecto, todo proceso de crecimiento económico sostenible requiere de un componente significativo de inversión que lo vuelva perdurable. En esa línea, el actual gobierno planteó en su programa la urgencia de políticas que incentivaran las decisiones de inversión y destrabaran su materialización.
Acorde con ello, se encargó a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) un análisis de la coherencia regulatoria para el desarrollo de iniciativas en áreas clave, como son los sectores minero, energético, de infraestructura, inmobiliario e industrial. Así, se constató la existencia de más de 400 tipos de permisos exigidos para realizar proyectos, demandados principalmente desde los ámbitos de medio ambiente, salud y participación comunitaria. La demora y burocratización en su trámite, así como problemas de incerteza jurídica, fueron identificados como las principales trabas que hoy enfrenta la concreción de proyectos.
Respecto del primer punto, el estudio determinó que la tramitación de algunos requerimientos llega a tomar cerca de mil días hábiles, como es el caso de los necesarios de obtener para ejecutar obras hidráulicas mayores. Las razones son variadas, pero destaca la falta de capacidad de gestión en los servicios involucrados, que no cuentan con adecuados mecanismos de seguimiento de los procesos. La digitalización del sector público se muestra igualmente deficitaria. No obstante, también se detectaron problemas en las empresas, que no siempre proporcionan la información requerida con la calidad y oportunidad necesarias.
La CNP advirtió además un problema de baja previsibilidad en los criterios que se siguen para la administración y otorgamiento de los permisos. En efecto, parece volverse cada vez más complejo anticipar la respuesta de las diversas autoridades frente a una solicitud de este tipo. Se suma a ello —según el estudio— la poca claridad en cuanto a las vías para impugnar esas determinaciones, lo que genera un incremento en la judicialización de los conflictos derivados de discrepancias entre el solicitante y la entidad respectiva. Además, la legislación no define con claridad quién debe hacerse cargo del costo económico ni los procedimientos a seguir frente a obras ya iniciadas o ejecutadas al amparo de un permiso otorgado y luego caducado, de lo que hay casos recientes.
El estudio —cuyo valor es claro— será ahora difundido y discutido a lo largo del país, en encuentros con representantes de los sectores público, empresarial y académico, para enriquecerlo y entregárselo al Presidente Piñera en el mes de junio. Es importante que, a partir de este diagnóstico, se adopten medidas concretas de simplificación burocrática. Fijaciones de plazo , precisiones respecto de la aplicación del silencio administrativo y disposición para abordar vacíos normativos aparecen como cuestiones relevantes de abordar. Ello es complementario y a la vez permitirá dar proyección a esfuerzos como los que hoy desarrolla la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, enfocados en agilizar la concreción de iniciativas específicas.
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Fuente: El Mercurio, Jueves 18 de Abril de 2019
Trabas a la inversión
EL MERCURIO – Nuestro país experimentó un estancamiento en los niveles de inversión privada durante los últimos años, con el consiguiente efecto sobre las tasas de crecimiento. La tendencia se vio revertida recién en 2018, cuando ambas variables registraron incrementos, lo que evidenció la estrecha relación entre ellas. En efecto, todo proceso de crecimiento económico sostenible requiere de un componente significativo de inversión que lo vuelva perdurable. En esa línea, el actual gobierno planteó en su programa la urgencia de políticas que incentivaran las decisiones de inversión y destrabaran su materialización.
Acorde con ello, se encargó a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) un análisis de la coherencia regulatoria para el desarrollo de iniciativas en áreas clave, como son los sectores minero, energético, de infraestructura, inmobiliario e industrial. Así, se constató la existencia de más de 400 tipos de permisos exigidos para realizar proyectos, demandados principalmente desde los ámbitos de medio ambiente, salud y participación comunitaria. La demora y burocratización en su trámite, así como problemas de incerteza jurídica, fueron identificados como las principales trabas que hoy enfrenta la concreción de proyectos.
Respecto del primer punto, el estudio determinó que la tramitación de algunos requerimientos llega a tomar cerca de mil días hábiles, como es el caso de los necesarios de obtener para ejecutar obras hidráulicas mayores. Las razones son variadas, pero destaca la falta de capacidad de gestión en los servicios involucrados, que no cuentan con adecuados mecanismos de seguimiento de los procesos. La digitalización del sector público se muestra igualmente deficitaria. No obstante, también se detectaron problemas en las empresas, que no siempre proporcionan la información requerida con la calidad y oportunidad necesarias.
La CNP advirtió además un problema de baja previsibilidad en los criterios que se siguen para la administración y otorgamiento de los permisos. En efecto, parece volverse cada vez más complejo anticipar la respuesta de las diversas autoridades frente a una solicitud de este tipo. Se suma a ello —según el estudio— la poca claridad en cuanto a las vías para impugnar esas determinaciones, lo que genera un incremento en la judicialización de los conflictos derivados de discrepancias entre el solicitante y la entidad respectiva. Además, la legislación no define con claridad quién debe hacerse cargo del costo económico ni los procedimientos a seguir frente a obras ya iniciadas o ejecutadas al amparo de un permiso otorgado y luego caducado, de lo que hay casos recientes.
El estudio —cuyo valor es claro— será ahora difundido y discutido a lo largo del país, en encuentros con representantes de los sectores público, empresarial y académico, para enriquecerlo y entregárselo al Presidente Piñera en el mes de junio. Es importante que, a partir de este diagnóstico, se adopten medidas concretas de simplificación burocrática. Fijaciones de plazo , precisiones respecto de la aplicación del silencio administrativo y disposición para abordar vacíos normativos aparecen como cuestiones relevantes de abordar. Ello es complementario y a la vez permitirá dar proyección a esfuerzos como los que hoy desarrolla la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, enfocados en agilizar la concreción de iniciativas específicas.
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Fuente: El Mercurio, Jueves 18 de Abril de 2019
