LA TERCERA – A pesar de los avances que han existido en materia de política habitacional en los últimos años, el país todavía registra un fuerte déficit de viviendas, estimándose entre 500 y 600 mil el número de familias que aún demanda una solución habitacional. De allí que se ha dado un importante paso con el plan “Compromiso Vivienda” recientemente anunciado por el Presidente de la República, mediante el cual se agiliza la entrega de terrenos fiscales para dar solución a miles de personas. En este caso, según el Jefe de Estado, se podrá brindar una solución habitacional a más de 50 mil familias gracias a la entrega de más de 270 terrenos fiscales en distintas zonas del país, mientras que para el largo plazo el objetivo es llegar a más de 100 mil familias.
Hay consenso entre los urbanistas que el uso de terrenos fiscales para dar soluciones habitacionales es una potente herramienta, considerando que distintas reparticiones del Estado poseen vastos terrenos actualmente sin uso, subutilizados o derechamente en condición de suelo eriazo. El plan anunciado por el Ejecutivo tiene como sustento el Banco de Suelo, iniciativa que lanzó el Ministerio de la Vivienda en 2020, logrando reunir terrenos en manos del Serviu, Bienes Nacionales y Ferrocarriles, entre otras reparticiones, además de compras directas de terrenos.
Si bien el uso de terrenos fiscales siempre ha sido utilizado como parte de la política de construcción de vivienda social, era fundamental darle un impulso importante, para lo cual han sido relevantes las mejoras de gestión en el aparto público y la voluntad de utilizar los activos que posee el Estado, en donde el Mandatario se encargó personalmente de agilizar el proceso, en el que también han jugado un rol activo los ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales.
Uno de los aspectos más valiosos es que los terrenos en los cuales se edificarán las nuevas viviendas en general están bien localizados, con acceso a servicios y equipamiento, lo que por cierto contribuye a una mejor integración de las ciudades y evita el estigma de que las viviendas sociales han de construirse en zonas periféricas, alejadas de los grandes centros, lo que profundiza la segregación y hace más difícil el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
Cabe esperar que este paso sea el inicio de una política pública mucho más robusta y que logre mantenerse en el tiempo, de tal manera que el Estado gestione activamente los terrenos de que dispone. Para que esta política sea efectiva y no defraude expectativas, es fundamental que las promesas de edificación que ha hecho el Ejecutivo se cumplan y no deriven en compromisos vacíos, lo que supone asegurar el financiamiento para el largo plazo, algo que necesariamente compromete a las siguientes administraciones.
La necesidad de agilizar las soluciones habitacionales cobra aún más premura considerando que a raíz del estallido social y la pandemia ha aumentado explosivamente el número de familias que viven en campamentos, así como el número de estos asentamientos, lo que supone un enorme desafío para las políticas públicas.
Fuente: La Tercera, Martes 4 de Enero de 2022
