DIARIO FINANCIERO – La semana pasada, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio un espaldarazo a la idea de incorporar un mecanismo de resolución temprana de controversias al reglamento para contratos de obras públicas, tal como existe en el caso de las concesiones de infraestructura.
Lo anterior, luego de que acogiera una solicitud interpuesta por Icafal y otras constructoras en noviembre de 2018 en favor de incorporar dicha instancia, junto con la modificación de una serie de disposiciones que, a su juicio, restringen la competencia.
Para Orlando Palominos, abogado senior de Litigios y Arbitrajes de Morales & Besa, la decisión del tribunal “recoge una inquietud muy relevante para la industria, por lo que ésta puede ser un espaldarazo importante en la modernización de la regulación de este tipo de contratos”.
Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está trabajando en un plan piloto, donde ya ha incorporado este mecanismo a cuatro contratos de este tipo: el embalse Chironta en Arica; el camino Padre Hurtado en el sector de la Cuesta Chada; el sistema de regadío Cuncumén en la Región de Valparaíso y el parque inundable intercomunal Víctor Jara en Santiago. A partir de los resultados en estos proyectos, la cartera prevé armar los lineamientos este año para presentar un proyecto de ley al Congreso.
¿Reglamento o nueva ley?
Tras la recomendación del TDLC, queda en manos del MOP escoger cuál es la vía más adecuada para implementar el panel de expertos.
A juicio de Palominos “sería ideal contar con una ley del ramo, que regule clara y eficientemente este tipo de contratos, sin quedar a la suerte de modificaciones reglamentarias que podrían incorporarse por la autoridad cada cierto tiempo. Además, es necesario que se modernice la regulación y se tenga en cuenta el dinamismo que implica la construcción de una obra.
Hasta ahora, se sabe que la propuesta que trabaja el MOP apunta a que el panel sea de carácter autónomo y la idea es que acompañe a los proyectos desde el comienzo y de manera permanente, con el fin de evitar al máximo los conflictos y su resolución por vías judiciales. Actualmente, la única instancia para resolver diferencias en los contratos de obras públicas -principalmente sobrecostos- son los tribunales ordinarios de justicia.
Además, y para dar un mayor grado de transparencia al sistema, los miembros de la instancia serán escogidos a través de un sorteo.
El abogado agrega que sería relevante -siguiendo con la analogía del sistema de concesiones- añadir una instancia posterior de arbitraje en caso de que las partes no queden conformes con las resoluciones, pues estas no serán de carácter vinculante. Esto -dice- existe en países como Perú.
Las otras modificaciones
Otras tres modificaciones al sistema recomendó el TDLC. De ellas, la más relevante dice relación con los subcontratistas. Hasta ahora, una vez que la empresa se adjudicaba una obra, sólo podía contratar proveedores que estuvieran en el registro de contratistas del MOP y que este convenio representara un máximo del 30% del contrato de la obra.
Palominos explica que exigir al adjudicatario del contrato que solo subcontrate empresas inscritas, limita sus posibilidades de reducir los costos de ejecución de la obra. “Tiene sentido afirmar que la eliminación de la obligación del registro no debiera suponer riesgos adicionales para el MOP pues, en principio, el adjudicatario sigue siendo responsable por la obra”, dice.
Además, se propone subir hasta 50% el techo de proveedores que puede tener una empresa que se adjudique contrato. “Con esto, podrían darse incentivos para que más empresas participen, lo que podría aumentar la competencia y los efectos favorables de la misma”, agrega.
Echeverría Izquierdo aumenta cartera de contratos por ejecutar a nivel histórico
La constructora Echeverría Izquierdo reportó ganancias por $ 13.094 millones en 2019, un alza de 20,6% en comparación a 2018. Según destacó, “en todos los segmentos de negocio los márgenes netos mejoraron respecto al año 2018”.
Las ventas consolidadas llegaron a $309.302 millones, un 9,6% menores que el año anterior. En Ingeniería y Construcción, los ingresos retrocedieron 9%, lo que se “explica por el segmento de Servicios y Construcciones Industriales, que tiene importantes proyectos en ejecución que se encuentran en etapa inicial, y concentrará su actividad durante el próximo año”.
La empresa reportó que las obras por ejecutar (más conocido como backlog” del segmento de Ingeniería y Construcción llegó a $485.838 millones, “el nivel más alto que ha presentado la compañía en su historia”, fundamentalmente por “importantes adjudicaciones en el segmento de Servicios y Construcción Industrial, específicamente en la empresa Echeverría Izquierdo Montajes Industriales”.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 20 de Marzo de 2020
