EL MERCURIO – La seguridad de las redes de agua potable en la Región Metropolitana ha sido puesta a prueba en los últimos 10 meses con dos casos que han terminado en cortes de emergencia del suministro.
En mayo de 2017, un derrame de parafina originado en el centro de esquí La Parva generó el corte del abastecimiento a 9.300 clientes de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. En este caso, la Superintendencia de Electricidad de Combustibles multó al recinto invernal con $700 millones. En tanto, Aguas Cordillera, firma de Aguas Andinas, se querelló en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra todos los que resulten responsables de este daño y el caso está en fase investigativa.
Este mes, en tanto, un vertido ilegal de sanitizante industrial en la red de agua provocó malos olores en el sector de La Reina y Las Condes, generando también cortes del servicio y suspensiones de clases. La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, anunció que se querelló contra quienes resulten responsables y calificó como insuficientes las medidas de seguridad.
Ayer, sobre este último episodio, el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Ronaldo Bruna, indicó que el análisis del agua realizado por la entidad descartó presencia de coliformes fecales. Sin embargo, la entidad informó que requirió a Aguas Andinas “estudios de vulnerabilidad a los sistemas de agua potable y alcantarillado, que permitan revelar el grado de seguridad de la infraestructura, de manera de instruir acciones preventivas frente a las amenazas existentes en la ciudad”.
Ante este anuncio, el gerente de Riesgos y Continuidad Operativa de Aguas Andinas, Jesús Peña, aseguró que la firma cumple con todas las exigencias normativas vigentes, pero indicó que si se requieren estudios específicos los harán.
¿Es segura la infraestructura?
La respuesta de las industria a esa pregunta es “sí, pero no es infalible a ataques delictuales”. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Víctor Galilea, sostuvo que “las empresas han tomado todos los resguardos necesarios para asegurar la calidad del agua potable en todas las etapas productivas, desde la captación hasta la distribución en los hogares. No obstante, pueden ser víctimas de hechos delictuales, tal como ocurre con otra infraestructura urbana”. Galilea afirmó que “la población puede consumir el agua con tranquilidad”.
El abogado del estudio Vergara y Cía., y profesor en derecho administrativo de la UC, Alejandro Vergara, señaló que “las redes de ningún tipo son infalibles, se pueden cometer delitos o haber fallas de materiales, pero lo importante es que en la regulación existan los mecanismos para prevenir estos hechos. La Superintendencia tiene facultades de fiscalización suficientes, las concesionarias son responsables y existen planes de obra unidos a las tarifas, inversiones”.
Sobre el tema, Aguas Andinas explicó que gestiona una red de más de 14 mil kilómetros de extensión en la Región Metropolitana. “La mayor parte de la red de agua potable está bajo la superficie y, por lo tanto, no está expuesta a agresiones o intrusiones, ya sean accidentales o intencionadas y además está en “presión”, lo que significa que no es posible verter ningún agente de ningún tipo”, indicó Jesús Peña.
En el caso de los estanques de almacenamiento, Peña señaló que están en recintos cerrados y con vigilancias. Sobre la cloración y control de calidad del agua potable, afirmó que elementos tóxicos serían detectados por sensores cuando superan los parámetros de la norma.
$120 mil millones
o más invierte al año Aguas Andinas, en construir nueva infraestructura, reforzar la existente e implementar mecanismos de seguridad para mantener los estándares de calidad de servicio, dijo la firma.
215 mil
análisis de agua al año efectúa Aguas Andinas para vigilar la calidad del producto. En el país sería cerca de un millón de controles al año en fuentes de agua y redes de distribución, dijo Andess.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 28 de marzo de 2018
