EL MERCURIO – Las comunas que se abastecen de agua potable usando el río Mapocho se preparan ante la posibilidad de racionamiento, medida que eventualmente podría extenderse a otras áreas. Los ríos Mapocho y Maipo, que suministran gran parte de la demanda de la capital, presentan flujos varias veces menores que los normales. La larga sequía que aqueja al país ha terminado así por afectar a Santiago, una de las ciudades más protegidas contra la escasez hídrica debido a sus embalses y glaciares.
¿Qué se puede hacer? En el corto plazo, las personas pueden intentar reducir su consumo y los municipios de la zona oriente regar menos sus jardines y prados. El resto de la ciudad tiene un mayor margen de seguridad, pero si no llueve en el invierno, su situación también será crítica. En el mediano plazo, se puede reemplazar las especies botánicas en los jardines públicos y privados por otras que requieren menos agua, y también adoptar hábitos de consumo doméstico más eficientes. Además, se pueden continuar las inversiones para reducir las pérdidas en los sistemas de agua potable —materia en que ha habido importantes mejoramientos en algunas empresas sanitarias— y tal vez construir más pozos de captación.
En el más largo plazo, es posible realizar inversiones que eliminen o reduzcan sustancialmente la dependencia de las lluvias. Por ejemplo, devolver aguas arriba las aguas servidas luego de ser tratadas, para reutilizarlas nuevamente en los sistemas de agua potable; esto, con el inconveniente de reducir el flujo de descarga al río, abajo de las plantas de tratamiento. Una alternativa que resolvería el problema en forma definitiva sería instalar plantas de desalación y bombeo para proveer agua dulce en la zona central. Aunque hay quienes se oponen por sus supuestos efectos ambientales, estos se pueden aminorar usando fuentes energéticas renovables. Las salmueras generadas en el proceso de desalación no tienen efectos relevantes si se dispersan adecuadamente en el océano.
Todas estas alternativas requieren la ejecución de fuertes inversiones. Precisamente por ello es que resulta descorazonador oír voces planteando que las empresas sanitarias pasen a propiedad del Estado. Ni el racionamiento debido a la sequía ni las dificultades del agua potable rural tienen alguna relación con estas empresas, que no operan en zonas rurales con problemas. Nacionalizarlas significaría destinar los escasos fondos estatales a pagar la expropiación —algunos cálculos la valoran en al menos US$ 9 mil millones— y conseguir nuevos recursos para enfrentar el impacto del cambio climático.
Solo razones ideológicas sustentan una idea como esta, que casi garantiza a los ciudadanos un peor servicio, con mayor riesgo de que las sequías conduzcan a racionamientos. El caso de Smapa —que pertenece a la municipalidad de Maipú y abastece también a otras comunas— parece un anticipo de la calidad del servicio esperable: no solo acumula reclamos de sus usuarios, sino que es por lejos la empresa con mayor porcentaje de agua no facturada.
Si bien las sanitarias privadas presentan multiplicidad de problemas, una mejor y más estricta fiscalización resolvería la mayor parte de ellos; si fueran parte del Estado, es difícil pensar que el regulador sectorial pudiera actuar con la necesaria independencia para fiscalizar severamente a otro ente estatal. Y es que los problemas de la sequía no se resuelven y, al revés, podrían ahondarse con muchas de las propuestas que hoy avanzan en el mundo político.
Fuente: El Mercurio, Viernes 18 de Marzo de 2022
