DIARIO FINANCIERO – Tras ocho meses de trámite en Contraloría, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) modificó el decreto supremo 99 de 2012 que establece los requisitos de instalación de antenas, para facilitar el despliegue, un tema que ha estado en el foco de preocupación de la industria dado el próximo desarrollo del 5G que se prevé.
El objetivo primordial de los cambios es disminuir los tiempos que se requieren para instalar una antena, ya que desde que comience a regir este ajuste, los operadores que quieran instalar una infraestructura de este tipo podrán iniciar las obras con el solo mérito del permiso de edificación otorgado por la municipalidad respectiva, sin que pase por Subtel.
Con la toma de razón de este decreto los tiempos se están acortando en cerca de un 30% para el despliegue de infraestructura.
Por ejemplo, si antes un concesionario demoraba 15 meses en la instalación de sus sitios, ahora la tramitación podría ser de un año, es decir, entre cuatro y cinco meses menos, en el mejor escenario.
La publicación del decreto la industria espera que se produzca el viernes en el Diario Oficial, fecha en que también comenzará a regir los cambios de la normativa.
“Gracias a este cambio normativo, podemos generar mayor capilaridad de redes, que podrán ser compartidas entre operadores en condiciones de eficiencia y menor impacto en las comunidades”, señaló la subsecretaria Pamela Gidi.
Se estima que en la actualidad hay del orden de 14 mil sitios de telecomunicaciones en todo el país, pero que con la tecnología de quinta generación -cuya licitación podría comenzar este año dependiendo de resoluciones judiciales pendientes- se podía duplicar hasta las 28 mil.
Gidi: “Será un incentivo”
Estos ajustes se vienen trabajando desde que llegó el nuevo gobierno, en marzo de 2018, como parte de la instalación de mesas pro inversión que reunieron a distintos actores del ecosistema digital y donde se identificaron medidas para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Gidi dice que luego de meses de trabajo, estas mesas consensuaron una visión sobre lo que se debía hacer y las trabas existentes. Así “nació esta modificación, que es un claro ejemplo de cómo el regulador escucha la opinión de los operadores, se moderniza y hace más eficientes los distintos procesos que contienen barreras burocráticas de arrastre, no solo de cara al despliegue del 5G, sino que también para el 4G a distintos lugares que hoy no cuentan con esta tecnología”, explicó la autoridad.
En ese contexto, el efecto más inmediato que espera conseguir Gidi es una mayor demanda por parte del sector privado para ejecutar obras de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, pues a su juicio hay muchos operadores en el país que tienen la voluntad de instalar antenas, pero que el proceso hasta ahora se hacía muy engorroso, lo que retrasaba el desarrollo de los eventuales proyectos.
Esta modificación, “sin duda”, dijo Pamela Gidi promoverá la inversión sectorial que se estima será de US$ 4.000 millones de cara al 5G. Además, dará un puntapié a “la competencia y será un incentivo para hacer más eficiente el despliegue y la compartición de antenas de telecomunicaciones”, agregó la autoridad.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 23 de Abril 2020
