CPI – Hace algunos días, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt) finalizó el proceso de diálogo nacional para el desarrollo de la política pública “Habitar de forma sostenible el territorio rural”, donde participaron la sociedad civil, el sector público y privado, con el objetivo de hacer diagnósticos y promover cursos de acción ante la creciente proliferación de parcelaciones en terrenos rurales. A partir de la información reunida en estos encuentros, el Gobierno elaborará un proyecto de ley con el fin de generar una regulación para estas zonas y así alcanzar la necesaria sostenibilidad.
Queremos resaltar este proceso participativo con actores que poseen distintas perspectivas, donde se evidenció un consenso que busca regular y atender la situación a corto y mediano plazo.
Los diálogos se realizaron en las regiones Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Aysén, instancias donde las instituciones entregaron sus visiones, las que revelan las dificultades generadas por los loteos existentes a lo largo del país.
Entre ellas están que los predios que antes correspondían a suelos agrícolas hoy son áreas residenciales, lo que resta espacio a la producción de alimentos. Otra situación detectada se refiere a la escasez hídrica, lo que lleva a que muchas parcelas no tengan posibilidades de contar con el suministro mínimo de agua.
A esto se suma un problema ambiental: la pérdida de biodiversidad, pues áreas con valiosa flora y fauna, pasaron a ser habitadas.
Al mismo tiempo, el desarrollo habitacional sin control lleva necesariamente a que estos sectores requieran de servicios básicos que deben ser financiados: extracción de basura, redes sanitarias, eléctricas y vialidad, así como nuevas escuelas y centros de salud para atender a las comunidades. Es aquí donde se hace necesario que la evaluación social proyectos incorpore la posibilidad de la habilitación del territorio antes de generar las parcelaciones o nuevas viviendas en estas áreas.
En paralelo, surgen alertas que hemos comprobado en este último tiempo, donde la ruralidad evidencia la falta de planificación del territorio, cuando tenemos eventos naturales extremos y se genera ocupación de espacios en zonas de riesgo.
El sinnúmero de complejidades, lleva a que la autoridad haya tomado el camino de la regulación. Algunas opciones corresponden a la aplicación de instrumentos de planificación territorial, los que deben ampliarse o bien modificarse para contemplar los espacios rurales.
Algunas posturas apuntaron también a generar una “ley de aportes a la comunidad rural”, para hacer contribuciones a las pequeñas comunas rurales.
Con todo, el objetivo de las regulaciones es que la habitabilidad en estos territorios llegue a ser sostenible, respetando el medio ambiente, contando con los servicios básicos y limitando el desarrollo en sitios de riesgo.
Esperamos que se puedan producir los acuerdos para generar los proyectos de ley necesarios para la implementación de lo planteado por la Comisión Interministerial.
Antonia Bordas Coddou
Asesora área estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Fuente: CPI, Viernes 01 de Septiembre de 2023
