DIARIO FINANCIERO – El ministro de OOPP, Juan Carlos García, ha hecho recientemente algunas declaraciones sobre el sistema de concesiones que nos parecen muy relevantes, dado que focalizan el esfuerzo que se le demandará al sector para seguir siendo un pilar de la economía nacional.
Es evidente que después de 30 años la industria de las concesiones requiere una adaptación a los nuevos tiempos y una mirada renovada respecto del desarrollo del país. Es desde el Estado que esos cambios deben promoverse y por ello, en nuestro documento “Una Política de Infraestructura para proyectar Chile al futuro durante el período 2022-2026”, que le fue entregado a las candidaturas en plena campaña electoral, hicimos propuestas que van muy en línea con lo que sostiene el ministro.
Las concesiones deben ser parte de un esfuerzo de inversión en infraestructura que el país debe llevar a cabo para sostener un proceso de crecimiento inclusivo y equitativo. Son una forma de financiar iniciativas necesarias, para las cuales no se cuenta con los recursos públicos suficientes. En aquellas concesiones en las que se cobre la infraestructura que se pone a disposición de los usuarios (como es el caso de las carreteras), las tarifas deben contemplar una visión en la que se consideren subsidios cruzados, con un propósito de equidad territorial, y una visión intergeneracional, de modo de no recargar a las generaciones presentes con servicios de infraestructura que debieran durar 50 años o más. Además, se debiera incorporar nuevos negocios asociados al uso de los activos públicos y así disminuir el impacto en quienes las utilizan.
Las concesiones deben dejar de ser vistas sólo como una forma de dotar al país de infraestructura y mutar progresivamente hacia los servicios que esta presta. Esta fórmula permitiría, por ejemplo, compartir el costo de la congestión que se genera en diferentes servicios entre el Estado, como agente concedente, y el privado que provee de capacidades. Esto responde muy bien a la idea del ministro de que las concesiones no sólo deben servir a sus usuarios directos, sino también a su entorno. Esto debiera dar origen a mecanismos de flexibilidad contractual, como ocurre en las sanitarias.
Por ser esta una industria que se desarrolla a partir de la puesta en valor de bienes nacionales de uso público, una exigencia mayor es la transparencia en la utilización de los recursos. La comunidad tiene el derecho de conocer qué se hace con los aportes del Estado, con los recaudos del público y lo que sucede con las transferencias de propiedad entre grupos concesionarios.
Hay más iniciativas que debieran incorporarse a una reflexión acerca del sistema de concesiones, como es su alcance, su extensión a regiones, el rol del Consejo Asesor, los mecanismos de resolución de controversias, entre otros. Creemos que es el momento de iniciar este proceso de revisión en función de profundizar las fortalezas de una industria que ha aportado al desarrollo del país y debe seguir haciéndolo en los años venideros.
Fuente: Diario Financiero, Martes 12 de Abril de 2022
