SERGIO BITAR
Ministro de Obras Públicas 2008-2010
¿Cuál es su evaluación sobre la política de concesiones en las últimas tres décadas?
Cuando el expresidente Aylwin planteó una política de concesiones, era algo muy ajeno. Habíamos heredado una infraestructura en el suelo después de la dictadura y, además, había la necesidad de poner en marcha el crecimiento del país para que la democracia diera resultado, tener inversiones y generar confianza de los sectores empresariales que estaban temerosos en ese tiempo. Esta era una política público-privada innovadora. Esta política se implementó en el gobierno del expresidente Frei y tuvo su mayor expansión con el expresidente Ricardo Lagos. Luego de eso, empezamos a ver los resultados, aunque también hubo muchos problemas que fuimos resolviendo.
El balance que hago en 30 años es que, sin esa política pública, no habríamos tenido la expansión de la infraestructura, de los negocios y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el país.
El modelo ha recibido críticas de ciertos sectores ¿Qué desafíos plantea esto?
Hay que mostrar las obras. Una ventaja de las obras públicas -y los ministros que hemos estado en varias carteras lo sabemos-, es que las cosas entran por la vista. Las autoridades deben mostrar resultados físicamente, pero luego es importante que se conozca que, si esas platas privadas no estaban allí, tendría que haberlas puesto el Estado y, si las pone el Estado, habría menos obras.
Poco se destaca el efecto redistributivo, donde el Estado libera recursos. Tomemos un ejemplo, el puente Chacao: ¿Por qué el Estado va a poner mil millones de dólares, si esos recursos se pueden usar en obras de todo tipo a nivel nacional como hospitales, viviendas y otros? El efecto redistributivo es fundamental, hay que difundirlo y explicar que es mejor porque el que tiene un buen auto debe que pagar por pasar, en vez de usar el dinero del IVA de una mujer que compra pan y no tiene auto.
¿Qué cambios debe tener el sistema?
Como ministro, me tocó ayudar a la aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley de Concesiones en 2010. Eso demuestra que era necesario ajustar lo que había. Todas las políticas deben tener un proceso de revisión permanente y de mejoramiento. Y exigir a las concesionarias mayor disposición a prestar servicios, como evitar el pago en dinero y usar tag. Algunos pretendían que se les pagara adicionalmente. Con esa actitud, muchos de ellos contribuyeron a desprestigiar las concesiones porque no tenían la flexibilidad necesaria para dar el servicio que les correspondía. No solo el Estado debe generar las condiciones favorables, sino que también las propias empresas. Eso es parte de la nueva cultura empresarial.
Hay que planificar a largo plazo; esa es una falla del Estado y, en general, de la sociedad chilena. Obras Públicas es el más susceptible de hacerlo, pero también otros sectores. Por otra vía, estamos promoviendo la proyección de estrategias de largo alcance donde haya acuerdos políticos nacionales y el CPI es un ejemplo. Hay que mejorar los sistemas de conciliación y resolución de conflictos, eso me parece bien. Y también hay que ampliar las áreas donde podrían operar concesiones. No solo las grandes áreas, sino que se debe ampliar a un recurso clave como es el agua.
En tres décadas se dio la discusión sobre el rol del Estado…
Nuestra cultura política nos empuja a ver permanentemente una contraposición entre mercado y Estado. En la lógica moderna de economías complejas se debe dar la interacción de ambas. El Estado debe tener más poder regulatorio y de diseño estratégico; debe fortalecerse en ese ámbito. Propusimos en el Senado que se implemente una instancia a nivel de gobierno de una mirada estratégica y de anticipación a los grandes fenómenos, por ejemplo, el cambio climático y su incidencia en la infraestructura. En el largo plazo, la relación público-privada cambia. El sector privado debe ser innovador, emprendedor, pero también más sensible a la vida de la ciudadanía; que la empresa sea un actor social, no solo un actor para obtener utilidades.
¿Cuál ha sido el rol de las empresas en el sistema?
Mi experiencia: vi concesionarias y concesionarias; no son todas iguales. Los gremios deben pensar en la sociedad en su conjunto; ese es un déficit de todos los gremios empresariales. Tiene que haber un crecimiento de la asociación público-privada, pero con los énfasis que mencioné: preocupación por lo social y, por su parte, el Estado debe tener mayor capacidad regulatoria estratégica.
¿Cómo evalúa a este gobierno en cuanto a la Asociación Público-Privada?
Vi que el ministro de Obras Públicas saliente hizo un planteamiento de valorar y mostrar altas inversiones posibles. La idea es que haya competencia. Lo más importante es tener mayor capacidad de llevar adelante proyectos. Lo otro: se debe entrar en áreas nuevas como la desalación y abastecimiento de nuevas fuentes de agua, lo que va a ser crítico. Son tareas que debe asumir el Estado, en coordinación con los privados, lo que requiere capital.
Usted ha apuntado a las comunicaciones como un factor importante en las concesiones…
Debe haber una política de comunicaciones combinada entre Estado y privados. Es fácil criticarlas, sin saber cómo se construyó (el sistema). Decir: ‘hay que cambiarlo todo’ o ‘no hay que pagar nada’. Hay que explicar comunicacionalmente que hay disyuntivas y la sociedad debe elegir las oportunidades.
¿Qué piensa de la propuesta del CPI de que se cree una Comisión Asesora sobre Infraestructura?
Me parece muy bien. La capacidad de pensar a largo plazo del Estado ha declinado; se desborda con la coyuntura y las emergencias. En todas las instituciones del Estado vamos a tener que generar unidades estratégicas de mirada de largo plazo.
