PAUTA – Una década se cumple desde aquella madrugada, cuando a las 3:34 AM del sábado 27 de febrero de 2010 el suelo bajo los pies de los chilenos se movió durante cerca de cuatro minutos en un terremoto de 8,8° de magnitud en la escala Richter que dejó casi dos millones de damnificados.
El terremoto y posterior tsunami afectó con fuerza a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, la actual Ñuble y La Araucanía, donde las alarmas se encendieron y una nueva misión aparecía en el mapa tanto de autoridades como entes privados: levantar el país.
Aparecieron entonces los planes de reconstrucción. Cada zona afectada fue enmarcada, diagnosticada y planificada. “El 27F es un acrónimo que indudablemente quedará en la historia de la planificación urbana y en general de los procesos de reconstrucción y gestión de emergencias”, recuerda hoy el arquitecto Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU).
A Baeriswyl le tocó vivir de cerca la metamorfosis que implicó el desastre en la Región del Biobío, ya que entre 2010 y 2012 se desempeñó como coordinador general del Plan de Reconstrucción Urbana del Borde Costero en dicha región, labor que lo llevó en 2014 a ser reconocido con el Premio Nacional de Urbanismo.
Planificar sin antecedentes
- 24 de enero de 1939: Chillán – terremoto de 8,3° en la escala de Richter.
- 6 de abril de 1943: Ovalle – terremoto de 8,2° en la escala de Richter.
- 9 de diciembre de 1950: Calama – terremoto de 8,3° en la escala de Richter.
- 22 de mayo de 1960: Valdivia – terremoto de 9,5° en la escala de Richter.
- 8 de abril de 1985: Santiago – terremoto de 7,8° en la escala de Richter.
Chile es un país sísmico. Eso se sabe. Lo que no se sabía era el escaso registro de la etapa siguiente. “Yo no era especialista en reconstrucción. Soy planificador urbano y no tenía conocimiento. Por lo tanto, lo primero que traté de hacer fue informarme respecto a los otros procesos de reconstrucción que había ocurrido en el pasado. Desafortunadamente nos encontramos con que no había nada de documentación al respecto”, recuerda el arquitecto.
“Una cosa que no debe volver a ocurrir es que no se documente toda la experiencia que ha habido en estos procesos, cosa de que en el futuro, cuando ocurran nuevos eventos, porque habrá, a las personas que les toque atenderlos tengan mucho material al cual recurrir para ver qué hacer y qué no hacer”, agrega.
Otro aprendizaje que le dejó esta experiencia fue entender que los tiempos de las personas son sumamente diferentes a los tiempos de reconstrucción. “las necesidades son inmediatas, mientras que la reconstrucción toma tiempo. Ante esto, y para menguar un poco esta diferencia, es fundamental hacer parte del proceso a la ciudadanía, mantenerlos informados de lo que se está haciendo, para que ellos mismos le vayan haciendo un seguimiento al proceso”, cuenta.
Los laberintos reguladores
Aunque efectivamente los avances y aprendizajes que dejó el 27F han sido considerables, persiste en la ecuación una x que todavía no ha sido posible despejar: los planes reguladores. “Aún son insuficientes las normativas que garantizan que estos instrumentos de planificación territorial incorporen la dimensión de riesgo”, indica Baeriswyl.
Por ejemplo, de 117 comunas que fueron catastradas por el Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (Siedu), 65 no cuentan con sus planes reguladores actualizados y vigentes. Además, cerca del 30% de las comunas chilenas no cuenta con este instrumento.
“Hay otros planes que tienen 40 años, es decir, no solamente no reconocen la dimensión ambiental, porque esta se comienza a considerar a partir del año 1994, sino que tampoco tienen ninguna consideración respecto de los riesgos”, confirma el arquitecto.
El problema sustancial con estos instrumentos —que deberían garantizar un correcto crecimiento urbano— es que realizarles modificaciones, más allá de lo relevantes que estas puedan ser, tomaría demasiado tiempo, según cuenta Baeriswyl. El promedio rondaría los ocho años. “Hay instrumentos que se hacen muy rápido, por ejemplo, en cuatro años, pero yo conozco algunos que llevan 20 años y todavía no están aprobados. No solamente una, sino que hay varias comunas que tienen sus planes reguladores en estudio hace muchísimo tiempo”, comenta.
“Desde el CNDU presentamos un análisis al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permitiría reducir este tiempo a dos años y medio, sin dejar de seguir los protocolos de participación ciudadana, evaluación ambiental, entre otros. También incorporamos que, para modificaciones pequeñas, no sea necesario hacer todo el trámite como si fuera un plan regulador nuevo”, agrega.
La entrampada ordenanza sobre zonas de riesgo
Pero la desactualización de muchos de estos instrumentos no es el único problema que el CNDU ha podido detectar. La catástrofe de 2010 dejó a la vista que el artículo de la ordenanza que regula las zonas de riesgo (2.1.17. OGUC) es, según el presidente del CNDU, “muy deficiente e impreciso, llevando a que muchos municipios —por las dificultades que implica considerar las zonas de riesgo dentro de la planificación urbana— tomaran la decisión de omitirlas”.
“Por ejemplo, el riesgo de tsunami en la comuna de Tomé, para la ciudad de Dichato, no está. Se eliminó. Técnicamente es complicado explicar por qué, pero de la forma en que está actualmente la ordenanza, son tantas las exigencias que establece, que muchos municipios lo ven como un freno al desarrollo y han optado por sacar las zonas de riesgo de sus instrumentos”, explica.
Sobre esto, y como primera prioridad en cuanto a desastres durante el 2019, el CNDU aprobó en abril del año pasado un documento que fue presentado al ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, en el cual se sugieren los cambios necesarios en la ordenanza para que esto no ocurra. “El ministro lo recibió muy bien y entiendo que dentro de poco se va a hacer un anuncio respecto de ese tema. Es un tema bien técnico, pero que va a mejorar sustancialmente la consideración de los riesgos en los instrumentos de planificación territorial”, cuenta Baeriswyl.
Revise el documento elaborado por el CNDU aquí:
A grandes rasgos, el problema con esta ordenanza radica en que está configurada bajo la lógica que se manejaba previo al 27F, es decir, “que si estabas en zona de riesgo no podías hacer nada, y si estabas fuera de riesgo podías hacerlo todo”, explica el arquitecto. “Hoy en día no puede haber ninguna ciudad que no tenga sus zonas de riesgo debidamente reconocidas. Pero también se necesita de una normativa muy clara que permita crecer con esas zonas de riesgo, sobre todo si consideramos que después del evento de 2010 quedó en evidencia que todas nuestras ciudades tienen algún tipo de amenaza”, agrega.
El riesgo en Chile alcanza tal magnitud que, según cuenta el presidente del CNDU, “en general el 80% de la población chilena vive en zonas urbanas amenazadas severamente por algún elemento natural, puede ser un volcán, alguna inundación fluvial, un tsunami, un incendio forestal, una remoción en masa o un problema de fallamiento”. Esto se traduce en que el movimiento telúrico que experimentó Chile hace 10 años trajo también un cambio en el paradigma con el cual se miraban las catástrofes: “Hay que convivir con el riesgo, pero convivir con medidas de mitigación, que es lo que habitualmente se llama resiliencia”.
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Fuente: Pauta, Miércoles 26 de Febrero de 2020
