PULSO – En septiembre pasado el Presidente anunció el “Plan contra la sequía” frente a los profundos efectos del Cambio Climático. Uno de sus elementos es lo que se denominó “uso eficiente en ciudades” y se informó que “se modificará el DS 90 para prohibir descargas de emisarios submarinos sanitarios con tratamiento primario” Nada se ha hecho al respecto.
Hace pocos días el Gobierno presentó un nuevo plan de sequía: “Hay dos opciones: O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella.” Nuevamente se incluye la eliminación de los emisarios y se agrega como “plan de emergencia” un fuerte impulso a la desalinización, tecnificación de riego, inversión en Agua Potable Rural y la sanción a los usos no responsables de agua en periodos de sequía extrema. Todo muy bueno. Pero, para tener un dato, la Planta Desalinizadora de Agua de Mar de Atacama demoró algo más de diez años en concretarse, siendo lo más difícil la definición de quién se haría cargo del costo de inversión y operación. Finalmente, se decidió que lo haría el Estado. No fue una decisión ampliamente discutida sino más bien tomada entre cuatro paredes para no asumir el costo político de los incrementos tarifarios de cara a la ciudadanía.
La materialización de la idea de eliminar los emisarios y la desalinización tienen más o menos los mismos problemas e interrogantes, los extendidos plazos de implementación y quién asumirá los costos. Entonces, ni eliminación de emisarios ni plantas desalinizadoras son soluciones reales a la sequía extrema que vivimos hoy. Son soluciones de largo plazo, salvo que como sociedad adoptemos una política pública para el abastecimiento seguro de agua potable en el corto plazo. Eso requiere de buenas políticas públicas.
El nuevo gobierno deberá enfrentar múltiples desafíos y la caja fiscal, como sabemos, es más bien estrecha. Sería raro que el Estado financie inversiones en infraestructura sanitaria sin traspasar los costos a los usuarios, en especial, a los mayores consumidores. Por ello, urge acordar una política pública en virtud de la cual las empresas sanitarias logren concretar las inversiones con la urgencia que la emergencia climática lo requiere, que la autoridad las tarifique como corresponde y de manera oportuna y que todos los ciudadanos que nos beneficiemos de ellas al contar con un servicio seguro y constante, aun en condiciones climáticas tan adversas, concurramos a su financiamiento. De lo contrario, el derecho humano al agua será solo una aspiración.
En este orden, es urgente dar la señal económica correcta para desincentivar el consumo que no se condice con la nueva realidad de profunda escasez que vivimos. Entonces, hacer inversiones urgentes por parte del sector privado, financiar dichas inversiones con las tarifas que tendremos que pagar y que parte importante del incremento sea pagado por aquellos que se niegan a entender que el clima cambió y que el agua dejó de ser un recurso abundante. Eso requiere política y de la buena.
El Gobierno entrante tiene, entonces, un tremendo desafío: Proponer y concordar mayoritariamente una nueva política para el abastecimiento de Agua Potable, luego validarla, comunicarla, implementarla, y lo más importante, defenderla. Se puede hacer, solo requiere decisión, pero no se puede esperar. La emergencia climática y la sequía extrema que vivimos apremia.
Juan Eduardo Saldivia
Abogado y ex Superintendente de Servicios Sanitarios
Fuente: Pulso, Viernes 21 de Enero de 2022
