DIARIO FINANCIERO – Los preparativos que por estos días alistan los ministerios de Vivienda, Hacienda y Economía junto con BancoEstado respecto de una línea especial de financiamiento para el sector construcción, han generado distintas reacciones por parte de la industria.
Esta jornada, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, se refirió al tema y pese a valorar los esfuerzos de los sectores productivos “para reactivar la economía del país”, dijo que desde el gremio creen necesario que otros actores, además de la entidad presidida por Jessica López, se unan a esta iniciativa.
“Hemos dicho que es necesario que el sistema financiero también se sume y haga un esfuerzo en este sentido. No estamos ante una crisis estructural, por lo que solicitamos que la banca examine caso a caso la situación de cada una de las empresas”, sostuvo el empresario.
Y agregó que pese a que desde la CChC celebran que existan “algunas luces de una nueva línea de financiamiento”, creen que “medidas como éstas deberían ser replicadas por más instituciones”.
Por su parte, el abogado Óscar Gajardo, experto en asuntos regulatorios y socio fundador del estudio Cuadra Gajardo, comentó que a su juicio, estas medidas “claramente serían importantes si existiera disponibilidad de viviendas y hubiese acceso real al crédito hipotecario. Pero la realidad muestra que cada vez menos personas pueden optar al crédito”.
Según el abogado, las medidas anunciadas por el ministro Montes no enfrentan “la urgencia que ha llevado a las empresas constructoras a la crisis actual, lo que se debe principalmente, al aumento de los costos de los proyectos en ejecución y a la dificultad de acceder al financiamiento bancario”. Y además de las restricciones financieras impuestas por la banca hacia las empresas, el experto apunta al “retardo en el pago por parte de las propias instituciones del Estado”.
“Esto lleva a las empresas a tener que enfrentar con recursos propios el retraso en los Estado de Pago, ya sea por falta de decreto presupuestario o por excesiva burocracia”, dice.
Y en lo que respecta a la posibilidad de materializar esta línea de financiamiento a partir de un proyecto de ley, Gajardo sostiene que en medio de una crisis en el ámbito de la industria de la construcción, adentrarse en un proceso de larga tramitación podría implicar que “una vez más el Estado llegará tarde”.
“Se deben adoptar medias importantes y también de manera urgente, como mejorar y flexibilizar el acceso a financiamiento FOGAPE y medidas de reajustes de precios, tal como lo realizó el Ministerio de Obras Públicas. Sólo las medidas urgentes permitirán dar un respiro a un rubro que históricamente ha sido importante en tiempos en que se requiere de reactivación económica”, expresó.
En tanto, Mario Álvarez, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), destacó la iniciativa y dijo que desde el gremio les parece “positivo el esfuerzo del Minvu por concretar medidas para el sector de la construcción, pero es importante conocer sus alcances y que se pueda implementar rápido”.
“La falta de financiamiento que estamos viendo en los proyectos de viviendas sociales es un freno al inicio de las construcciones que debe solucionarse a la brevedad. Es urgente entregar certezas y soluciones en este ámbito si queremos cumplir con el objetivo de entregar 260 mil viviendas a 2025”, señaló.
Asimismo, desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el presidente de la instancia, Carlos Cruz, calificó esta eventual medida como “un primer avance”. Y dijo que “para resolver el problema de las constructoras, mientras el Gobierno diseña e implementa medidas concretas había que involucrar a los bancos y este es un primer paso que va en esa dirección”.
“Ahora, creo que no basta con el Banco del Estado, es necesario involucrar al sistema como un todo, hay que seguir trabajando en ello”, agregó.
Mientras que Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Constructores Civiles UC (ACCUC) sostuvo que el anuncio “una muy buena noticia, que está en sintonía con nuestra postura respecto de las medidas que se deben tomar para poder salir de esta crisis, que en gran parte es responsabilidad del sistema financiero, el cual tiene ahogadas a las constructoras”.
“Podría ser muy beneficiosa, pero va a depender mucho de las condiciones que se pidan para poder acceder a ese financiamiento”, indicó. Pues, a su juicio, si se pide a las empresas “que las empresas no tengan un Dicom por ej, no va a servir de mucho”, menciona.
“Es de esperar que tengan un plazo importante , de tal manera que las cuotas sean accesibles y no afecten la operación de las empresas, meses de gracia, tasas bajas, flexibilidad; que todas las empresas puedan tener accesos a ellas, no sólo las que trabajan para el Estado, entre otras medidas”, comentó.
“Fogape 2.0”
El gerente general de Inmobiliaria Boetsch, Rodrigo Boetsch, contó que hace algunas semanas desde la empresa tuvieron la oportunidad de conversar con el ministro Montes sobre “la posibilidad de que “se implementara este Fogape 2.0 pensado en las empresas del rubro de la construcción”.
Y agregó que a su juicio, le parece una medida nueva que viene a reforzar otras iniciativas como la mejora a los proyectos de integración social, que elevó los subsidios y amplió los préstamos a las constructoras.
Sin embargo, dijo que “para que ese circuito sea virtuoso, es fundamental que la banca también ponga de su parte”. Y apuntó a la necesidad de disminuir “los requisitos de acceso al crédito para la clase media que postula a los proyectos de integración social, considerando los beneficios del ‘buen pagador’ y el aval del Estado”.
“Lo anterior debe traducirse en una baja de tasas desde la banca. La casa propia financiada con créditos hipotecarios a mayores plazos, también permitiría bajar el dividendo mensual, y así lograr un mayor acceso al financiamiento bancarío para la clase media”, expresó.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 24 de Noviembre de 2022
