DIARIO FINANCIERO – En su última versión, el Panel de Políticas Públicas UC dio cuenta de un transversal rechazo a continuar con el congelamiento del valor del transporte público, vigente desde 2019, momento en que se revirtió el alza de $30 pesos que fue el preámbulo del estallido de ese año.
Ocho de cada diez expertos del panel señalaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con perpetuar la medida, lo cual hace sentido en un contexto de costos operacionales crecientes, y un déficit anual del transporte público regulado que supera los US$ 700 millones de dólares al año. A lo anterior se suma la reciente información dada a conocer por el Ministerio de Transportes respecto de la evasión al sistema, que al primer semestre de 2022 ya supera ligeramente el 40%.
Resulta clave que el Ejecutivo trabaje en una fórmula que permita que la tarifa se aproxime a los costos del sistema.
Tanto los ministros de Transporte y de Hacienda, como el mismo Presidente Boric, han declarado en las últimas semanas que no es sostenible continuar con el congelamiento de tarifas. A su vez, estarían evaluando alternativas que contemplen el complejo escenario económico y fiscal esperado para el próximo año, pero que también se hagan cargo del impacto que una posible alza pueda tener en el bolsillo de las familias.
Parece esencial avanzar en un fuerte plan para combatir la evasión, que pueda ser constantemente evaluado y corregido en caso de ser necesario. Pero también resulta clave que el Ejecutivo trabaje en una fórmula que permita que la tarifa se aproxime a los costos del sistema.
Lo anterior no es contradictorio con simultáneamente buscar soluciones que atenúen el impacto entre quienes puedan verse más afectados, sobre todo considerando el contexto inflacionario actual y el contexto recesivo que se anticipa para 2023, y que el transporte representa, en promedio, la segunda categoría de mayor gasto de los hogares (y tercera para los hogares del primer quintil), según la EPF 2016 – 2017.
El desafío es político tanto como es económico, por supuesto, y pondrá a prueba el compromiso de todos los actores con su responsabilidad de cautelar el interés general y de resistir presiones que privilegian el cálculo cortoplacista.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 1 de Diciembre de 2022
