LA TERCERA – La concesión del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría se adjudicó en febrero de 2014. Sin embargo, a casi cinco años, el avance alcanza apenas un 3%. ¿Las razones? La entrega paulatina que se hizo de los terrenos y los hallazgos arqueológicos que obligaron a paralizar largamente las obras, entre otras.
Para evitar estos retrasos, el nuevo plan de inversiones incluirá cambios en las bases de licitación de los 18 hospitales que se concesionarán bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), que entrega a privados la construcción y mantención de las obras, pero excluye los servicios clínicos.
Entre las modificaciones destaca que el Estado, por primera vez, asumirá los riesgos de tipo ambiental y los asociados a los terrenos, previo a la adjudicación de las obras. “Es decir, se buscará entregar los terrenos saneados”, explicó el jefe de Inversiones del Minsal, Luis Barrios, quien sostuvo que, actualmente, “se le deja la responsabilidad al privado, que tiene mucho menos herramientas para solucionar el problema”.
Con esto, añadió, se busca que previo a la licitación estén “resueltos todos los temas que tengan que ver con permisos de terrenos, acreditaciones medioambientales, de impacto vial y de monumentos nacionales, que han sido un dolor de cabeza para algunos proyectos”.
Otro de los cambios incluyen la figura del inspector médico o clínico, para la etapa de operación de las obras.
“Entregada la construcción y cuando el hospital esté en operación, en vez de que el inspector fiscal sea del Ministerio de Obras Públicas, será alguien con currículum clínico, es decir, médico o enfermero”, explicó Barrios.
Estas modificaciones ya están consideradas para los primeros hospitales que saldrán a licitación en la Región del Maule: Pichilemu, Cauquenes y Constitución, que se licitarán en grupo, para que una misma empresa se haga cargo de la construcción de los tres recintos.
“Con esto esperamos que participen más empresas, conscientes de que va a haber una certeza técnica, jurídica y administrativa y un respeto a la integridad de los contratos. Además, que esa mayor participación nos signifique menores costos de propuestas y sean convenientes para el Estado”, puntualizó Barrios.
Las concesionarias agrupadas en Copsa valoraron los cambios anunciados.
“Si las nuevas bases incluyen que toda la permisología necesaria para iniciar las obras esté a cargo del Estado, es maravilloso, porque el principal problema que tenemos para ejecutarlas son la enorme cantidad de permisos necesarios para iniciar las obras y que normalmente son tramitados por el concesionario y autorizados por el dueño, que es el Estado”, dijo Leonardo Daneri, presidente de Copsa, quien agregó que “si el Estado se hace cargo, significa que está asumiendo su papel de socio y dueño de la infraestructura”.
Desde la Cámara Chilena de Construcción, el gerente de Infraestructura, Carlos Piaggio, dijo que “hay ámbitos dentro de un contrato de ejecución de obras en los que el Estado tiene mayor capacidad de hacerse cargo, y en la medida en que esos elementos se despejen, el contratista va a tener muchas más posibilidades de terminar las obras en el plazo establecido. Es una muy buena medida”.
En la misma línea, Helia Molina, exministra de Salud, dijo que “me parece que todo lo que tenga que ver con estudios de suelo y terrenos que eligió el Estado debe correr por cuenta del Estado”.
Fuente: La Tercera, Viernes 07 de septiembre de 2018
