PULSO – CHILE se está viendo afectado profundamente por el fenómeno del cambio climático. Esto se ha traducido, entre otros efectos, en una importante disminución en la disponibilidad de agua para los distintos sectores que la requieren. Si a ello sumamos los aumentos de demanda producto de la dinámica económica de algunas actividades específicas y una gestión deficiente -según algunos centros de estudio- nos enfrentamos a un escenario complejo que pone en riesgo el consumo humano y el despliegue de sectores productivos clave.
Es posible tomar algunas medidas ante la emergencia y realizar mejoras importantes en la gestión, tal como lo ha estado haciendo el gobierno. Sin embargo, si proyectamos este escenario hídrico deficitario a un par de años, las acciones de corto plazo no serán suficientes.
Para evitar efectos mayores, las soluciones deben ser estructurales y demandarán millonarios recursos para materializar proyectos de acumulación y de generación de nuevas aguas. Es labor del Estado promover esas inversiones y lograr su concreción lo antes posible para paliar el efecto de la restricción hídrica en sectores fundamentales en nuestra estrategia de desarrollo.
La minería ha logrado resolver su problema de agua, mejorando sus procesos y abasteciéndose de forma autónoma, por ejemplo, con plantas desaladoras. El sector agropecuario, en su gran mayoría, no ha demostrado esta misma capacidad. La dispersión del sector, el tamaño relativo de cada uno de los emprendimientos y las capacidades económicas diferenciadas de la industria, restringen la posibilidad de asumir este desafío por cuenta propia y se requiere del Estado para darle el impulso necesario.
La construcción de desaladoras, embalses y el posible trasvase de cuencas vecinas o entre cuencas de distintas regiones, son alternativas que tendrán que ser evaluadas a la mayor brevedad para asegurar un desarrollo sustentable del sector.
Existen distintos mecanismos para financiar este tipo de inversiones. Los recursos pueden provenir del presupuesto público o de modalidades de asociaciones público-privadas, para lo cual será necesario definir estrategias con los actores que participarían. Preguntas relevantes que habrá que responder: ¿Se cobrará por el uso de las nuevas aguas?, ¿Cómo se relaciona este cobro con el uso de los derechos actuales?, ¿Qué sucede con el uso de derechos donde ya no hay disponibilidad?, etc.
Más allá del sistema que se utilice, lo que es claro es que, de no hacernos cargo y comenzar pronto a invertir en infraestructura que permita aumentar de forma considerable la oferta de agua -ante el escenario de cambio climático al que nos enfrentamos- el costo para nuestras actividades productivas en el largo plazo será mucho más alto que lo que representan dichas inversiones.
Fuente: Pulso, Lunes 27 de Enero de 2020
El riesgo de no enfrentar la crisis hídrica, por Carlos Cruz
PULSO – CHILE se está viendo afectado profundamente por el fenómeno del cambio climático. Esto se ha traducido, entre otros efectos, en una importante disminución en la disponibilidad de agua para los distintos sectores que la requieren. Si a ello sumamos los aumentos de demanda producto de la dinámica económica de algunas actividades específicas y una gestión deficiente -según algunos centros de estudio- nos enfrentamos a un escenario complejo que pone en riesgo el consumo humano y el despliegue de sectores productivos clave.
Es posible tomar algunas medidas ante la emergencia y realizar mejoras importantes en la gestión, tal como lo ha estado haciendo el gobierno. Sin embargo, si proyectamos este escenario hídrico deficitario a un par de años, las acciones de corto plazo no serán suficientes.
Para evitar efectos mayores, las soluciones deben ser estructurales y demandarán millonarios recursos para materializar proyectos de acumulación y de generación de nuevas aguas. Es labor del Estado promover esas inversiones y lograr su concreción lo antes posible para paliar el efecto de la restricción hídrica en sectores fundamentales en nuestra estrategia de desarrollo.
La minería ha logrado resolver su problema de agua, mejorando sus procesos y abasteciéndose de forma autónoma, por ejemplo, con plantas desaladoras. El sector agropecuario, en su gran mayoría, no ha demostrado esta misma capacidad. La dispersión del sector, el tamaño relativo de cada uno de los emprendimientos y las capacidades económicas diferenciadas de la industria, restringen la posibilidad de asumir este desafío por cuenta propia y se requiere del Estado para darle el impulso necesario.
La construcción de desaladoras, embalses y el posible trasvase de cuencas vecinas o entre cuencas de distintas regiones, son alternativas que tendrán que ser evaluadas a la mayor brevedad para asegurar un desarrollo sustentable del sector.
Existen distintos mecanismos para financiar este tipo de inversiones. Los recursos pueden provenir del presupuesto público o de modalidades de asociaciones público-privadas, para lo cual será necesario definir estrategias con los actores que participarían. Preguntas relevantes que habrá que responder: ¿Se cobrará por el uso de las nuevas aguas?, ¿Cómo se relaciona este cobro con el uso de los derechos actuales?, ¿Qué sucede con el uso de derechos donde ya no hay disponibilidad?, etc.
Más allá del sistema que se utilice, lo que es claro es que, de no hacernos cargo y comenzar pronto a invertir en infraestructura que permita aumentar de forma considerable la oferta de agua -ante el escenario de cambio climático al que nos enfrentamos- el costo para nuestras actividades productivas en el largo plazo será mucho más alto que lo que representan dichas inversiones.
Fuente: Pulso, Lunes 27 de Enero de 2020
