EL MERCURIO – Construir hospitales siempre es una tarea difícil, pero las trabas que actualmente enfrentan todo tipo de proyectos han extendido aún más los tiempos de construcción. Abundan los ejemplos de retrasos por años debido al descubrimiento de restos arqueológicos poco significativos (tan poco significativos que se vuelven un estorbo para los museos que los reciben y acumulan en cajas). En otros casos hay faltas de coordinación, con recintos terminados que aún no reciben el equipamiento médico o no disponen de accesos, agua potable y electricidad.
En parte, esto se debió a la pandemia y al aumento en los costos de construcción, que han hecho inviables algunos contratos firmados bajo otras condiciones. En aquellos casos se optó por aumentar los presupuestos para que las empresas pudieran retomar los trabajos. Todo este proceso retrasó las obras. Pero también hay problemas de gestión, como ocurre, por ejemplo, en los referidos casos de retrasos de equipos médicos para hospitales ya terminados.
Un caso emblemático de los problemas que enfrentan estos proyectos es el del nuevo Hospital Salvador, cuya concesión fue adjudicada en febrero de 2014, al término del primer gobierno del Presidente Piñera y frente a una intensa oposición de sus sindicatos y de las autoridades de la administración entrante (segunda administración Bachelet), que rechazaban las concesiones hospitalarias. Pero pese a eso, a fines de 2015 fue admitida a trámite la Declaración de Impacto Ambiental respectiva. Un año después, el proyecto fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental. El problema fue que en ese momento se descubrieron restos arqueológicos en el recinto, lo que obligó a detener las obras por otros dos años. Es decir, en los primeros cuatro años de la concesión, no había alcanzado a construirse nada. Luego, cuando por fin pudieron partir los trabajos, a fines de 2018, hubo sucesivas interrupciones y retrasos del proceso productivo; primero, a propósito del estallido de 2019; luego, por la pandemia y por la posterior renegociación de los contratos para hacer frente al aumento de costos de los insumos de construcción. En el proyecto original, la puesta en servicio definitiva estaba programada para el segundo semestre de 2020; ello ya se hizo imposible al retrasarse casi cinco años el inicio de obras. Hoy, la expectativa es que el nuevo hospital pueda tener su puesta en servicio provisoria recién en el segundo semestre de 2025.
El precio que paga el país al no disponer de obras y proyectos necesarios es enorme. No se trata solo de los mayores costos de construcción, sino también (en el caso de hospitales) de personas que no fueron atendidas, o no lo fueron en los tiempos que habrían minimizado los efectos de sus dolencias. Pero es también sintomático de las dificultades que enfrentan todos los proyectos en Chile, y que se agudizan bajo un gobierno que aún no parece convencer a todos sus altos funcionarios de que el crecimiento y el desarrollo no son dañinos, sino indispensables.
Cuando incluso un hospital, a cuya construcción en principio nadie se opone, enfrenta tan fuertes obstáculos para poder materializarse, se comprende por qué es hoy tan extendido el consenso entre los especialistas y el clamor en el sector privado por simplificar los procedimientos, establecer plazos claros y garantizar su efectivo cumplimiento, por ejemplo, mediante fórmulas de silencio administrativo. No menos importante es que los procesos de evaluación, al analizar los impactos de un proyecto, sopesen adecuadamente, frente a eventuales efectos negativos, los beneficios que traería su realización.
Fuente: El Mercurio, Viernes 26 de Enero de 2024
