DIARIO CONCEPCIÓN – El Castrato Nacional de Campamentos de 2022 recién publicado, nos enfrenta a fenómenos que creíamos medianamente superados: 350 nuevos campamentos y 70 mil familias residiendo en asentamientos informales. En total, el déficit habitacional nacional bordea las 650 mil viviendas.
En este escenario, el desafío de la actual administración es titánico y, por tanto, resulta fundamental reconocer los esfuerzos desplegados. Sin embargo, también es vital subrayar la importancia de aprender de las falencias del pasado, evitando repetir un proceso de construcción de viviendas que no construye ciudad. La experiencia nos ha demostrado que la producción habitacional en la periferia, desprovistas de equipamiento, comercio y áreas verdes, genera cuantiosas externalidades negativas. Tanto así que, a partir de la década del 2000, Chile pasó del problema de los “sin techo” a la realidad de los “con techo”: personas con vivienda, pero sin centralidades cercanas, obligadas a largos desplazamientos cotidianos. Esta ausencia de servicios está directamente asociada a la “crisis de los tacos” que aqueja a nuestras ciudades intermedias; pero también a la de seguridad, comunidad u obesidad, gatilladas por la carencia de vida urbana.
Pese a este escenario, hoy Chile cuenta con nuevas herramientas para la gestión urbana y habitacional. El sector público ya ha experimentado con programas de recuperación barrial, identificando zonas y metodologías de intervención. Las nuevas Ley de Aportes al Espacio Público y Ley de Integración Social, ofrecen oportunidades para la densificación habitacional en torno a áreas céntricas. A su vez, los privados también han demostrado su capacidad para levantar edificaciones mixtas, con primeras plantas comerciales, segundas de oficinas y pisos superiores residenciales, favoreciendo la cercanía entre vivienda y servicios. La articulación de estas experiencias nos permitiría pasar de la lógica de la construcción habitacional a la barrial: la escala idónea para la sostenibilidad urbana; promoviendo el ahorro en desplazamientos motorizados, oportunidades de negocio, encuentro social, caminabilidad y cercanía a espacios de cuidados. Complementariamente, la vitalidad funcional que generan las centralidades barriales favorece la presencia de personas en la calle, que actúan como vigilantes pasivos del espacio público.
Muchos crecimientos por extensión han reconocido el negocio de instalar infraestructura social en las nuevas urbanizaciones. Sin embargo, nuestro Estado aún carece de políticas que entreguen lineamentos para el diseño de estas centralidades. Este robustecimiento de la planificación urbana nos permitiría avanzar hacia la “Ciudad de 15 minutos” popularizada en pandemia, pero también construir “barrios completos” promovidos por el urbanismo sustentable hace décadas. Entonces, no hablamos de inventar la rueda, sino de diseñar los engranajes locales para que esta pueda girar. Para ello, en la academia y el CPI nos encontramos disponibles para analizar alternativas que permitan transformar esta crisis de vivienda en una enorme oportunidad para volver a “hacer ciudades”, sostenibles y seguras.
MONTSERRAT DELPINO
Docente U. de Concepción Comité de Infraestructura del CPI
Fuente: Diario Concepción, Miércoles 16 de Noviembre de 2022
