CIPER – No puede delegarse al mercado ni a la desidia de las autoridades un tema tan vital como el acceso al agua. Menos, en el presente contexto de escasez e histórica megasequía, exponen dos representantes de la Fundación Newenko en esta columna de opinión para CIPER: «Si queremos enfrentar los desafíos hídricos del país, priorizando el bienestar de las comunidades y el equilibrio con otras especies, es fundamental contar con una institucionalidad que permita respetar el ciclo del agua.»
El ciclo del agua es un ciclo perfecto. Cuando se ve alterado afloran una serie de anomalías en sus funciones naturales (control de la temperatura, existencia de especies, reproducción vegetal, etc.) que impacta a los ecosistemas y obviamente termina por afectar la vida humana. Esto explica que los problemas asociados al agua (cantidad, calidad y disponibilidad) devengan en conflictos sociales.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente menciona que al menos un 40 por ciento de todos los conflictos internos de los países de los últimos sesenta años han tenido un vínculo con los recursos naturales. Según el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), alrededor del 44 por ciento de éstos guarda relación con el agua; con casos como los del proyecto minero Alto Maipo (RM), el proyecto Embalse Zapallar (Región del Ñuble) y el racionamiento de agua en sector Potrero Grande (Región del Maule), entre tantos más.
Los problemas ambientales ponen en jaque el propio bienestar de las comunidades y la subsistencia de todas las formas de vida; por ejemplo, y como informa Noticias ONU, los movimientos migratorios de especies. Finalmente, lo que se degrada es todo el ecosistema. Si queremos enfrentar los desafíos hídricos del país, priorizando el bienestar de las comunidades y el equilibrio con otras especies, es fundamental contar con una institucionalidad que permita respetar el ciclo del agua.
En términos institucionales, la característica principal del sistema regulatorio hídrico presenta un enfoque marcadamente económico y fragmentario sobre su gestión, lo que impide priorizar el acceso al agua con enfoque de bien común. En otras palabras, en Chile es el mercado el que en teoría «resuelve» los problemas de escasez para diferentes actividades y usos.
Por otra parte, el Estado, a través de la Dirección General de Aguas y otros organismos competentes, asume un papel secundario y fragmentado en la gestión, supervisión y conservación del agua. Las pocas e insuficientes atribuciones se encuentran dispersas en múltiples agencias gubernamentales con facultades específicas, muchas veces contradictorias entre sí, lo que impide una articulación y coordinación para enfrentar la falta de agua, como lo ha señalado expresamente el informe del Banco Mundial (2013).
La institucionalidad y sus regulaciones vigentes se establecieron bajo tres premisas que se alejan de nuestra realidad actual como país: 1)abundancia de agua; 2)un desarrollo económico sostenido en la apertura económica y el uso intensivo de las aguas en distintas áreas o procesos productivos; y 3)fuerte protección de la propiedad de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) y libertad de uso sin restricciones, como regla general.
En el presente contexto de escasez y megasequía, de acuerdo con el citado estudio del BM, actualmente existen más de 42 organismos públicos de diferente naturaleza —tales como ministerios, gobiernos regionales, servicios públicos y municipios— que no tienen una comunicación sobre la gestión integral del agua. En el escenario actual, en el que prácticamente el 50 por ciento de las 345 comunas en Chile están bajo escasez hídrica —así declaradas formalmente por el Ministerio de Obras Públicas—, la abundancia de agua es una quimera.
Como país tenemos la obligación de modificar la gobernanza del agua, incorporando el factor de la escasez y usos prioritarios en nuestra institucionalidad. Una de las opciones factibles y quizás más urgentes para lograrlo es instalar y articular una gobernanza multinivel que ponga en el centro de las prioridades a los territorios y sus distintos actores (público/privados; tengan o no DAA), y así co-construir decisiones vinculantes desde lo local y en base a la cuenca hidrológica como sistema hídrico principal, incorporando aspectos sociales, culturales y ambientales de los que carece la actual regulación.
En esa línea, es primordial que la nueva institucionalidad pública incorpore una mirada multisectorial integrada de los distintos usos, realidades y necesidades en la gestión del agua, que pueda coordinar y articular sus acciones, y que efectivamente garantice los derechos humanos y establezca usos prioritarios para asegurar el consumo humano y la protección de los ecosistemas. Para ello, la propuesta es avanzar hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) del territorio como núcleo principal de la gestión del agua, a través de la creación y consolidación de organismos de cuencas como motor de la nueva gestión desde lo local.
El desafío que enfrenta Chile es regional y global. El cambio climático y la crisis hídrica son una preocupación creciente y constante. Por esto, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible para que los países y sus sociedades puedan avanzar hacia una convivencia amigable entre desarrollo y sustentabilidad sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales el número 6 está específicamente dedicado a «garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos». Tres de las seis metas allí propuestas se relacionan directamente con el derecho humano al agua, la gestión y la protección de la multiplicidad de ecosistemas que habitan en las cuencas. Esto suma que otro de los compromisos internacionales que Chile no ha cumplido es sobre el derecho humano al agua, pues su regulación aún no ha sido adaptada para poder materializarlo.
El agua fluye de cordillera a mar, y es la institucionalidad la que muchas veces la entorpece. Su gestión debe avanzar desde el acaparamiento hacia un sistema solidario y eficiente; desde el crecimiento económico hacia el desarrollo humano; desde lo privado hacia los bienes comunes; desde las grandes obras hidráulicas hacia el medio ambiente.
El desafío es enorme y el compromiso es de todas y todos. La Convención Constitucional, a través de las distintas iniciativas de norma, ha demostrado una gran preocupación e interés por el tema, mucho más de lo que ha ocurrido en el Congreso, donde la primera reforma al Código de Aguas demoró once años (el mismo tiempo que demoró la reciente aprobación de su nuevo ajuste)o. De esta manera, el llamado es a que el próximo gobierno atienda la crisis hídrica con una nueva institucionalidad del agua; que los medios de comunicación, sobre todo locales, visibilicen los conflictos de sus comunidades y que informen el real origen del problema; y que las organizaciones de la sociedad civil continuemos trabajando en promover una justicia hídrica desde un enfoque no sexista basado en la gestión comunitaria.
Son las regiones las llamadas a mirar el agua con otros ojos, y comenzar desde sus comunas y provincias una nueva gestión, a través de mesas de coordinación capaces de trabajar en todos los territorios, en todas las cuencas
Fuente: Ciper, Lunes 21 de Febrero de 2022
