LA TERCERA – Los incendios que han afectado al país en las últimas semanas nos permiten sacar lecciones importantes respecto a cómo enfrentamos nuestro desarrollo económico.
Al margen de aumentar los niveles de seguridad para evitar las acciones voluntarias o no en incendios y el enorme costo que ellos representan, la primera lección se refiere a la falta de un ordenamiento regulado del territorio. La convivencia superpuesta entre áreas muy extensas de bosques de diverso tipo, de ganadería y agricultura, junto a otras actividades productivas, exponen a la comunidad a riesgos que deberían ser predecibles y mitigados. Por eso, sería esperable que los planes de ordenamiento territorial que diseñen los gobiernos regionales aborden este desafío, sin perder de vista la necesaria integración entre asentamientos humanos, el desarrollo productivo y la calidad de vida.
Un segundo aprendizaje se refiere a la necesidad de considerar la resiliencia en la evaluación de los proyectos de infraestructura. En los últimos 20 años, Chile ha duplicado la inversión en caminos básicos -en buena medida por los recursos que ha liberado el sistema de concesiones-, pero no se ha incorporado la redundancia como parte de los criterios con los que se evalúan las obras, con el fin de que haya una mayor adaptación de la red a condiciones adversas. Junto con acelerar los procedimientos para la aprobación de proyectos de inversión pública -anunciados por los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social-, se deben incorporar criterios de resiliencia a la hora de asignar las calificaciones.
Otra lección relevante ante estos lamentables episodios corresponde a la necesidad de contar con figuras que tengan la “autoridad” correspondiente para llevar a cabo las intervenciones que se requieren para hacerse cargo de las urgencias, pero también de los procesos de reparación que siguen a la ocurrencia de catástrofes. Los ministros de enlace -con la Presidencia de la República- y la designación de una coordinadora responsable de la reconstrucción es la validación de esta opción.
Creemos que a raíz de las emergencias se puede también abordar el desafío de generar obras de gran importancia que, al no tener la urgencia que imponen los incendios, pasan inadvertidas. Nos referimos a las grandes inversiones que se deben ejecutar en el país para dotar a las ciudades de la capacidad de absorber el déficit de viviendas, la profunda crisis hídrica que nos afecta y a los proyectos necesarios para mejorar sustantivamente la cadena logística, con el fin de asegurar la competitividad en los mercados internacionales.
Luego de estas experiencias, proponemos que se pueda comenzar a trabajar en un plan nacional de infraestructura que, a través de una entidad que asesore al Presidente de la República, permita coordinar en forma vinculante a las agencias ejecutoras de las acciones a las que ese plan dé lugar, lo que permitiría implementar políticas para avanzar en nuestro proceso de desarrollo. Y mientras eso ocurre, es posible solicitar “autoridades encargadas” de materializar grandes proyectos necesarios para el país.
Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
Fuente: La Tercera, Miércoles 22 de Febrero de 2023
