EL MERCURIO – Después de más de un año sin llamados a licitación de concesiones de infraestructura, por fin se ha anunciado un nuevo proyecto. Se trata de la segunda licitación del tramo Santiago-Los Vilos, de la Ruta 5, con un presupuesto oficial de US$ 1.273 millones. La obra fue adjudicada en su primera licitación en 1996, con una fecha de término de marzo de 2023. El nuevo proyecto incluye cuatro pistas hasta Batuco y tres pistas hasta el túnel El Melón, concesión que sería absorbida por esta. La ministra de Obras Públicas aseguró además que en 2023 se licitarían otras diez concesiones, por un total de casi US$ 6 mil millones. Con esto se cumplirían las previsiones para este año del calendario 2023-2027, anunciado por el anterior ministro el año pasado.
Son buenas noticias para el sector concesiones y, desde una mirada más amplia, devuelven algo de confianza en un gobierno que hasta hace poco parecía empeñado en sumar señales contrarias a la inversión. Es valioso en particular que las autoridades marquen distancia de algunas de las fobias de sus adherentes y acepten las cárceles concesionadas, antaño tan criticadas y que incluso fueron puestas en duda en la pasada Convención Constitucional. Pese a ello, es notoria en los actuales anuncios la ausencia de hospitales bajo esta modalidad, lo que es consistente con la línea que a ese respecto imperara ya en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.
Las concesiones programadas para este período incluyen no solo carreteras y aeropuertos remozados que ayudarán a reducir los costos logísticos, sino también tranvías y teleféricos que deberían mejorar la calidad de vida en las ciudades que los acogerían. En una situación especial, sin embargo, está el ferrocarril a Valparaíso, cuyos costos parecen elevados considerando los beneficios que ofrece.
Pese a lo alentador que resulta el anuncio ministerial respecto de Santiago-Los Vilos, debería causar preocupación la lentitud de los procesos hasta su puesta en servicio. Según el MOP, la adjudicación del proyecto ocurriría en el segundo semestre de 2024, pero las faenas solo comenzarían en 2029, y se extenderían hasta el cuarto trimestre de 2031: cinco años de espera para obras que solo tomarían menos de un trienio. El contraste con la primera licitación es desalentador: la misma ruta fue adjudicada en octubre de 1996 y la puesta en servicio definitiva fue en diciembre de 2002. Es decir, con suerte, el nuevo proyecto demorará solo dos años más que el anterior, el que incluso sufrió la quiebra y consecuente detención de faenas del adjudicatario original.
Es incomprensible esta demora y a la vez sintomática de las dificultades que enfrentan los proyectos de inversión. En este caso, se debe señalar que el MOP ya ha realizado 121 consultas ciudadanas y se han incorporado cambios para responder a las inquietudes. ¿A qué se debe entonces esta lentitud, que eleva enormemente los costos de los proyectos en este y otros ámbitos (y sin considerar eventualidades como intervenciones extemporáneas del Poder Judicial)?
En cualquier caso, la rehabilitación de las concesiones es una buena noticia, que ojalá anuncie un cambio general en la actitud del Gobierno hacia las inversiones y el crecimiento. Con todo, aún quedan áreas de esta administración en las que parece prevalecer un retrógrado enfoque anticrecimiento; aún deben simplificarse los procesos de aprobación de proyectos, y aún es necesario terminar con el abusivo uso del recurso de protección como herramienta para alterar el funcionamiento de la institucionalidad.
Fuente: El Mercurio, Jueves 20 de Julio de 2023
