DIARIO FINANCIERO – El Estado sigue siendo el principal inversionista en infraestructura, tanto en forma directa como a través de concesiones, ya que es quien crea las condiciones necesarias para que los privados inviertan. Asimismo, se considera que la inversión pública es un factor de promoción de la privada.
La inversión en caminos y carreteras abre nuevos espacios geográficos a la producción; mientras que las obras en puertos y ferrocarriles puede reducir los costos logísticos. Además, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde depende en forma importante de la existencia de infraestructura necesaria para su operación, tal como nuevos aeropuertos, plantas desaladoras y líneas de transmisión, entre otros.
“Considerando el débil desempeño de la economía, las medidas anunciadas por el ministro Marcel deben ser abordadas con urgencia, para generar las condiciones necesarias para la inversión privada en infraestructura de uso público”.
En Chile, la inversión del gobierno central en infraestructura de uso público ha mantenido una clara tendencia descendente en la última década. Esto no sería muy relevante si la inversión privada estuviera creciendo a tasas altas y manteniendo la inversión total de la economía en los niveles necesarios para alcanzar el crecimiento que tuvo el país tuvo en la década de los 90. Pero no es así.
Para incentivar la inversión privada, el ministro Marcel ha anunciado una serie de medidas en el marco del Pacto Fiscal, tendientes a derribar trabas estructurales que enfrenta la inversión privada en infraestructura pública. Entre ellas se destacan la creación de una comisión asesora en políticas de infraestructura pública, que mejore la coordinación de los distintos organismos que intervienen en el sector y que evite las duplicidades, reduciendo la burocracia para el desarrollo de proyectos.
La multiplicidad de organismos que intervienen en el desarrollo de los proyectos de infraestructura y la poca o nula coordinación, así como la escasa integración entre los programas de infraestructura de los distintos ministerios y entidades públicas es un tema que, a pesar del esfuerzo de distintas autoridades, sigue afectando negativamente el desarrollo del país y la calidad de vida de las personas.
Esta comisión permitiría una mayor coordinación entre los actores sectoriales, con menores tiempos de ejecución de proyectos y una baja en los costos de tramitación de los estudios de impacto ambiental, entre otros temas.
Esta nueva institucionalidad no sólo asesoría al Presidente y a los ministros relacionados con infraestructura pública nacional, sino que también se enfocaría en monitorear el cumplimiento de las políticas planteadas en esta área con una mirada sistémica y de largo plazo.
Otra medida a destacar dice relación con la “permisología” que implica excesivos plazos de tramitación de los proyectos. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad detectó problemas de ineficiencia e incertidumbre en 309 permisos que exige la actual regulación. Así, una iniciativa licitada hoy, podría demorar más de 10 años en ejecutarse. Las reformas concretas anunciadas contemplan una modificación al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que permita las autorizaciones, sin bajar los estándares exigidos. Asimismo, se abordan las concesiones marítimas que otorga el Ministerio de Defensa y los permisos que debe otorgar el Consejo de Monumentos Nacionales.
Considerando el débil desempeño de la economía, estas medidas anunciadas deben ser abordadas con urgencia, para generar las condiciones necesarias para la inversión privada en infraestructura de uso público.
Fuente: Diario Financiero, Martes 10 de Octubre de 2023
