BNAMERICAS – Reforma a sistema de permisos es prioridad para agenda chilena de infraestructura de 2024
Una reforma para acelerar el trámite de permisos será un tema esencial en la agenda chilena de infraestructura de 2024, tras años de reclamos por un lento procesamiento que ha obstaculizado el desarrollo de proyectos.
La propuesta podría presentarse al Congreso la próxima semana y el presidente Gabriel Boric ha comentado que el debate debería ser lo más acotado posible.
La reforma es parte de un pacto fiscal que los principales partidos políticos firmaron el año pasado luego de que el Legislativo rechazara una propuesta de reforma tributaria orientada a aumentar la recaudación para financiar el gasto.
El pacto incluye también proyectos de ley para combatir la evasión y elusión fiscal, así como incentivos para impulsar el empleo y beneficiar a la clase media.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
En noviembre, 437 proyectos por un valor de US$54.100 millones se encontraban en revisión, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
De estos, 158 valorados en US$18.200 millones correspondían a iniciativas energéticas, 70 por US$9.500 millones a iniciativas inmobiliarias, 50 por US$376 millones a saneamiento ambiental, 12 por US$3.360 millones a infraestructura de transporte, 12 por US$6.040 millones a infraestructura hídrica y 5 por US$4.540 millones a infraestructura portuaria, entre otros segmentos.
Actores públicos y privados han criticado en reiteradas ocasiones los largos tiempos de evaluación ambiental, especialmente de proyectos presentados con estudio de impacto ambiental, proceso que debe incluir una etapa de participación ciudadana y otros trámites estrictos.
Además, en los últimos años el SEA ha aprobado un número cada vez menor de proyectos.
El gobierno propone eliminar el Comité de Ministros, que actúa como instancia de apelación cuando alguna decisión del SEA es impugnada.
Este organismo ha sido criticado por basarse en prejuicios políticos más que en consideraciones técnicas, aunque también se han planteado preocupaciones por su eliminación.
Una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) eliminaría también los comités de evaluación ambiental (Coevas), que se forman cada vez que un proyecto
debe recibir una votación final y son encabezados por expertos designados por el gobierno con la tarea de supervisar un sector económico específico en la región donde se ubican los proyectos propuestos.
Las oficinas regionales del SEA asumirían las funciones de estos comités.
Otros aspectos incluyen incentivos para iniciar tempranamente la participación ciudadana y establecer impactos ambientales acumulativos como criterio de evaluación.
Las autoridades han insistido en que la reforma aceleraría la entrega de permisos, pero no relajaría las normas de protección ambiental.
PERMISOS SECTORIALES
De acuerdo con la reforma, se crearía una agencia que tramitará de manera centralizada más de 380 permisos sectoriales, actualmente manejados por diferentes instituciones.
No obstante, la entidad no se haría cargo de los procesos y, en cambio, los supervisaría para garantizar que se cumplan los plazos legales. También promovería la coordinación entre organismos, emitirá informes y estadísticas, y proporcionará instrucciones y recomendaciones sobre cómo optimizar el proceso.
Otras funciones incluyen la gestión del sistema unificado de permisos sectoriales Super, en el que los usuarios pueden buscar información y procesar permisos en línea.
Otro aspecto de la reforma es la creación de un sistema de umbrales en el que ciertos proyectos pueden saltarse algunos procedimientos de autorización, dependiendo de su magnitud. La forma en que se definirán estos umbrales dependerá del sector.
Los proyectos con un umbral bajo solo necesitarán una declaración formal en lugar de un permiso específico, como una solicitud de autorización para iniciar obras. También habría umbrales medios y altos.
Según el Ministerio de Economía, los actuales plazos para obtener estos permisos exceden en gran medida los límites legales y los permisos de construcción entregados por la Dirección General de Aguas demoran hasta 800% más de lo permitido.
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Los hallazgos arqueológicos son otra preocupación relevante, ya que las obras deben detenerse hasta que sean evaluados y reubicados.
Estas funciones son supervisadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero la institución se ha vuelto lenta para responder y ha dejado proyectos paralizados durante
meses. Los miembros del consejo señalaron que la entidad no tiene capacidad para atender todas las solicitudes.
El Consejo de Monumentos Nacionales registraba hasta noviembre 700 solicitudes de permisos para reubicación de proyectos y los plazos de procesamiento excedían los límites legales en un 200%, según el Ministerio de Economía.
Los proyectos afectados por este tipo de retraso incluyen la Línea 7 del metro de Santiago (US$2.500 millones), el nuevo hospital de Puerto Varas (US$288 millones) y el tramo 2 de la autopista Américo Vespucio Oriente (US$815 millones).
Sin embargo, la reforma al consejo no forma parte del proyecto de reforma. En cambio, el gobierno agregará a un proyecto de ley que se encuentra en el Senado puntos tendientes a acelerar estas revisiones.
CONCESIONES MARÍTIMAS
Unos 100 proyectos tienen pendiente las autorizaciones de concesión marítima por las Fuerzas Armadas y los plazos de espera superan los plazos legales en hasta un 700%, según el Ministerio de Economía.
Estas autorizaciones son cruciales para construir plantas desalinizadoras y son identificadas como cuellos de botella para este tipo de proyectos, junto con las evaluaciones ambientales.
Fuente: Bnamericas, Jueves 04 de Enero de 2024
