EL MERCURIO – La sociedad concesionaria del aeropuerto de Pudahuel ha presentado un reclamo ante el Panel Técnico de Concesiones. Pide que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le pague una compensación de US$ 164 millones, por los retrasos en la aprobación de los proyectos de ingeniería definitiva (PID) del nuevo terminal. La cifra representa más de un 25% de los US$ 613 millones en que se estima el valor de la obra. La sociedad concesionaria (SC) basa su reclamo en la Recomendación N° 4 de 2018 del Panel Técnico, que atribuyó al MOP un retraso de 425 días en el proceso de revisión y aprobación de los PID.
El problema se origina en que los contratos de concesión establecen plazos para la entrega de los PID y su revisión por parte de la oficina de ingeniería que asesora al inspector fiscal del proyecto. Si este objeta aspectos de los planos entregados, hay nuevos plazos para ajustes y revisiones. Dado que existen varias idas y venidas de los planos, suele ser difícil determinar las responsabilidades. En este caso, el Panel formuló la recomendación de atribuir al MOP el referido atraso. Y si bien advirtió que ello no significa necesariamente un retraso correspondiente en el desarrollo de las obras, sí dio sustento para la actual reclamación. La pregunta que deberá ahora resolverse es si esa demora tiene efectivamente el valor reclamado. A primera vista, ello podría estimarse exagerado, considerando lo que la concesionaria señala como los costos asociados: necesidad de reorganizar recursos, más horas de profesionales especializados, retraso en la compra de equipos, una secuencia constructiva menos óptima, menor productividad de la mano de obra y mayor plazo. Si bien estos costos son reales, no parecen comparables en magnitud con los de los equipos y materiales de construcción del proyecto, que generan la mayor parte del gasto de inversión. De cualquier modo, será tarea del Panel una revisión cuidadosa de la presentación.
Otro caso reciente en esta línea es la reclamación presentada por la SC del embalse Punilla, que solicita una compensación de US$ 170 millones, porque el proyecto no permitiría almacenar toda el agua que se señalaba en el prospecto de negocios. Se abre aquí la interrogante de si la empresa efectivamente realizó las inspecciones del sitio y los ensayos geológicos para verificar en forma preliminar si el proyecto era rentable. Debe tenerse en cuenta en este tipo de situaciones que la única forma en que una empresa esté incentivada a ser eficiente es que enfrente riesgos; de lo contrario, los beneficios del mecanismo de concesiones desaparecen.
Con todo, el MOP debería esforzarse por entregar buenos anteproyectos, pues las empresas cobran precisamente de acuerdo con el nivel de riesgo involucrado. Es por ello un problema para el país el que inflexibilidades e ineficiencias al interior de los organismos públicos eleven el costo de las obras de infraestructura, ya sea por ofrecer en concesión anteproyectos deficientes o por lentitud en la revisión de la documentación respectiva. Resulta necesario mejorar el funcionamiento del MOP y flexibilizar también las revisiones de Contraloría, que en muchos casos son las causantes de estos retrasos, cuyos costos finalmente recaen sobre el público.
Fuente: El Mercurio, Lunes 24 de Junio de 2019
Reclamos de concesionarias
EL MERCURIO – La sociedad concesionaria del aeropuerto de Pudahuel ha presentado un reclamo ante el Panel Técnico de Concesiones. Pide que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le pague una compensación de US$ 164 millones, por los retrasos en la aprobación de los proyectos de ingeniería definitiva (PID) del nuevo terminal. La cifra representa más de un 25% de los US$ 613 millones en que se estima el valor de la obra. La sociedad concesionaria (SC) basa su reclamo en la Recomendación N° 4 de 2018 del Panel Técnico, que atribuyó al MOP un retraso de 425 días en el proceso de revisión y aprobación de los PID.
El problema se origina en que los contratos de concesión establecen plazos para la entrega de los PID y su revisión por parte de la oficina de ingeniería que asesora al inspector fiscal del proyecto. Si este objeta aspectos de los planos entregados, hay nuevos plazos para ajustes y revisiones. Dado que existen varias idas y venidas de los planos, suele ser difícil determinar las responsabilidades. En este caso, el Panel formuló la recomendación de atribuir al MOP el referido atraso. Y si bien advirtió que ello no significa necesariamente un retraso correspondiente en el desarrollo de las obras, sí dio sustento para la actual reclamación. La pregunta que deberá ahora resolverse es si esa demora tiene efectivamente el valor reclamado. A primera vista, ello podría estimarse exagerado, considerando lo que la concesionaria señala como los costos asociados: necesidad de reorganizar recursos, más horas de profesionales especializados, retraso en la compra de equipos, una secuencia constructiva menos óptima, menor productividad de la mano de obra y mayor plazo. Si bien estos costos son reales, no parecen comparables en magnitud con los de los equipos y materiales de construcción del proyecto, que generan la mayor parte del gasto de inversión. De cualquier modo, será tarea del Panel una revisión cuidadosa de la presentación.
Otro caso reciente en esta línea es la reclamación presentada por la SC del embalse Punilla, que solicita una compensación de US$ 170 millones, porque el proyecto no permitiría almacenar toda el agua que se señalaba en el prospecto de negocios. Se abre aquí la interrogante de si la empresa efectivamente realizó las inspecciones del sitio y los ensayos geológicos para verificar en forma preliminar si el proyecto era rentable. Debe tenerse en cuenta en este tipo de situaciones que la única forma en que una empresa esté incentivada a ser eficiente es que enfrente riesgos; de lo contrario, los beneficios del mecanismo de concesiones desaparecen.
Con todo, el MOP debería esforzarse por entregar buenos anteproyectos, pues las empresas cobran precisamente de acuerdo con el nivel de riesgo involucrado. Es por ello un problema para el país el que inflexibilidades e ineficiencias al interior de los organismos públicos eleven el costo de las obras de infraestructura, ya sea por ofrecer en concesión anteproyectos deficientes o por lentitud en la revisión de la documentación respectiva. Resulta necesario mejorar el funcionamiento del MOP y flexibilizar también las revisiones de Contraloría, que en muchos casos son las causantes de estos retrasos, cuyos costos finalmente recaen sobre el público.
Fuente: El Mercurio, Lunes 24 de Junio de 2019
