PULSO – El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial el esperado decreto que podría dar un importante respiro al sector de la construcción. La modificación al reglamento para los contratos de obras públicas, que en el último tiempo han visto crecer en cerca de un 35% los costos de materiales, permitirá reajustar el valor de los pagos pactados con el Estado. Todo, en medio de quiebras emblemáticas de constructoras, como la de Claro Vicuña Valenzuela (CVV).
En conversación telefónica desde la Región de La Araucanía, donde acompañó en su gira al Presidente Gabriel Boric, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, detalló a Pulso cómo se implementarán los reajustes a los contratos y enfatizó en la importancia de profundizar la alianza público-privada para permitir el desarrollo de las obras y cuidar miles de puestos de trabajo. Desde la cartera revelan que dicha medida tendrá un costo del orden de unos $350 mil millones para el Fisco.
¿Qué cifras manejan sobre el impacto que debería tener este reajuste de contratos con las constructoras?
-Nosotros creemos que esto puede cubrir del orden de 1.400 contratos, que son más de 400 empresas, es decir, de una magnitud importante. Esto involucra 30 mil empleos, lo que yo creo que es muy relevante porque, al final, estamos tomando una medida que ayuda mucho a las empresas, pero sobre todo ayuda a terminar contratos y a cuidar empleos, que es lo más importante en el día de hoy, dándole certidumbre al sector privado que trabaja con el Ministerio.
¿Cuánto tiempo debería demorar este reajuste?
-Vamos a trabajar con las empresas desde este momento. Estas modificaciones de contratos son una medida inédita, totalmente extraordinaria, que responde a una situación extraordinaria. Es por eso que hemos pedido también equipos especiales para poder implementarlo. Esto responderá también a la voluntad de cada empresa de modificar su contrato. Por supuesto, nosotros creemos que todas, o la gran mayoría de ellas lo va a hacer, pero no haremos modificaciones unilaterales. Y las empresas tienen hasta el 31 de marzo para poder expresar su interés en esta modificación. Esto significa que a los contratos que tenemos vigentes y que hayan tenido estado de pago desde septiembre del año pasado hasta la fecha, se les agregará este reajuste y continuará hasta el final de su contrato.
¿Cómo lo tienen que hacer las empresas para demostrar el alza de los costos?
-Este es un sistema que hemos procurado que sea extremadamente transparente. Es por eso que la primera medida que tomamos fue implementar este reajuste polinómico para los nuevos contratos, que ya se aplica desde el mes de septiembre. Ese mismo modelo lo implementaremos retroactivamente. La empresa no tiene que hacer una demostración al respecto, es un sistema reconocido por Contraloría, transparente para el mercado y que no permite de ningún tipo de discrecionalidad.
¿Tienen identificadas cuántas constructoras que están también en peligro de caer en quiebra, se podrían beneficiar de esta medida?
-Quiero ser claro que este reajuste, lo que tiene como objetivo, es salvar los contratos que tienen con el Ministerio de Obras Públicas y que las empresas los puedan terminar. Sin embargo, hemos visto del orden de 95 empresas que hoy día están en dificultades importantes y para las cuales este tipo de medidas puede ser una ayuda muy significativa en la situación en que se encuentran, cuidando los contratos que tienen con nosotros y cuidando los empleos que generan.
Sería un impacto bastante significativo para darle un respiro a un sector que está bastante asfixiado…
-Como dijo el Presidente Boric en el encuentro con la Sofofa, nos interesa fortalecer una alianza entre el sector público y el sector privado. Cada uno de nosotros tiene intereses distintos. Sin embargo, tenemos un área común. En este caso son las obras públicas. Cuando el Presidente me mandató tener un rol protagónico como ministerio en la reactivación económica, sabía que en situaciones extraordinarias teníamos que tomar medidas extraordinarias y esto es prueba de ello.
¿Y tienen el catastro de cuántas son las obras que están actualmente botadas o paralizadas?
-Tenemos catastrados 96 contratos que por diferentes razones, no solo por problemas de liquidez con el MOP, han tenido términos anticipados. Algunos de ellos son por incumplimiento y otros son por decisiones unilaterales de parte de la empresa. Esto es parte del monitoreo permanente que estamos tomando.
Esto se enmarca dentro de los proyectos que han anunciado para acelerar la inversión pública, incluyendo una mayor flexibilidad de contratos, ¿cómo se traduce eso?
-La primera flexibilidad es que los contratos nuevos tienen un reajuste completo. Pero también estamos tomando medidas un poco más estructurales para mejorar los sistemas internos. En general, el ministerio es un buen pagador cuando corresponde al avance corriente del contrato. Sin embargo, cuando hay modificaciones, por la razón que sea, la tramitación de esos pagos es lenta y tenemos mucho que mejorar. Ese es un problema histórico que tenemos con la industria de la construcción y que estamos abordando. Algunas medidas que estamos haciendo son mejorar nuestro reglamento, de manera de generar más claridad y certeza a las empresas; mejorando los procesos internos, de manera que los tiempos de procedimiento dentro del ministerio sean más cortos; y también, mejorando las condiciones que ya tienen nuestros contratos. A mi entender, destinamos poco tiempo y pocos recursos a los diseños, lo que termina acarreando que sean más tiempo y más recursos en las obras. Un buen diseño va a permitir siempre dar más certidumbre a la obra.
También han contemplado que se faciliten convenios con terceros para la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, de agua potable rural. ¿Cómo se irá concretando este plan y qué efectos concretos tendrá en la inversión?
-Con el Ministerio de Hacienda hemos visto que también se requiere de ciertas flexibilidades al sistema. Cuando son iniciativas extremadamente distribuidas en el territorio, necesitamos también generar alianzas con otros sectores y es por eso que los recursos permiten, por ejemplo, convenios con gobiernos regionales o con otros actores para desarrollar proyectos que internamente podrían demorarse mucho al no tener los funcionarios suficientes para llevarlos a cabo. De esta manera, esto tiene un impacto muy positivo, no solo en la inversión misma del agua potable rural, que ya es importante, sino también nos permite acortar los plazos en proyectos que muchas veces, desde el momento de la iniciativa hasta que se concrete que llegue el agua potable a una familia, pueden pasar siete años.
Metro al aeropuerto: “No hay polémica dentro del gobierno respecto a la iniciativa”
Ministro, ha habido cierta polémica por el trazado del Metro al aeropuerto, ¿cuál es el estado de ese proyecto?
-Lo primero es que quisiera descartar que esto sea una polémica dentro del gobierno respecto a la iniciativa. Como gobierno hemos dado la prioridad de que el aeropuerto de Santiago tenga una conectividad bajo la modalidad de electromovilidad. Actualmente hay dos iniciativas: una que parte de la estación de Metro Pajaritos, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y hay una segunda que está evaluando Metro, que es extender la línea 7 hacia el aeropuerto. Ambas tienen diferentes tipos de beneficios y evaluaremos en conjunto cuál es la que genera mayores beneficios a los diferentes usuarios, con un costo razonable.
¿Dentro de qué plazos se podría conocer cuál finalmente va a ser la alternativa por la cual se van a definir?
-Si bien no le voy a dar un plazo específico, le puedo decir que es algo prioritario. El Presidente Gabriel Boric ha impulsado una cartera importante de proyectos de inversiones en movilidad sostenible y este es uno de ellos.
Y en el caso del tren a Valparaíso, ¿en qué va eso?
El Presidente Boric en su cuenta pública anunció este tren, e indicó que a final de año se iba a definir el trazado, para que en los próximos se genere las condiciones propias para poder hacer su licitación y ha mandado al Ministerio Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Transportes, Ferrocarriles del Estado y de estos organismos, a evaluar las diferentes alternativas de trazado y esperamos que puede tomar esta decisión lo más pronto posible.
¿Entonces eso ya está en manos del Presidente?
-Estamos analizando las alternativas, pero el Presidente ahora definirá la fecha durante este año, que es lo que corresponde.
Fuente: Pulso, Lunes 14 de Noviembre de 2022
