EL MERCURIO – Ante la emergencia eléctrica que amenaza al país el próximo año, el Coordinador Eléctrico Nacional —ente encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico— ha planteado retrasar la salida de varias centrales a carbón e incluso de algunas que no operan desde 2011, como las unidades diésel de la central Renca. Este es un retroceso, al menos temporal, en las políticas de descarbonización impulsadas por el Ministerio de Energía, cuya causa es la grave situación de desabastecimiento que podríamos enfrentar. El origen del problema es la sequía, especialmente si esta continúa durante 2022.
Ha habido enormes inversiones en energías renovables durante los últimos años, por lo que el escenario actual parece haber sorprendido a muchos políticos, algunos de los cuales desean terminar con la generación a carbón mucho antes de lo planificado. De hecho, en un futuro cercano, la capacidad en nuevas energías renovables permitirá abastecer plenamente el sistema eléctrico cuando el sol brille intensamente y el viento sople. Hay, sin embargo, dos problemas. El primero es que se debe poder enviar esta energía desde sus lugares de origen a los lugares donde se usa, lo que demanda más capacidad de transmisión que la actualmente disponible. Pero, además, las energías renovables sufren variaciones en su generación diaria que requieren, o mecanismos de reserva, o centrales de respaldo que puedan operar ante cambios en la generación renovable.
Hasta ahora, la regulación no ha remunerado suficientemente la inversión en sistemas de almacenamiento, tales como baterías o centrales hidráulicas de bombeo, por lo que no se han realizado las inversiones necesarias. Esto está cambiando, con lo que ya hay anuncios de sistemas renovables acoplados a inversiones en baterías. Estas se cargarían a las horas en que la energía tiene un costo bajo. Hoy, debido a la falta de capacidad de almacenamiento y transmisión, hay horas en que la electricidad generada con renovables debe verterse, es decir, se pierde. En septiembre, por ejemplo, casi 78 GWh se perdieron de esta forma. Esto es el equivalente a una planta de aproximadamente 100 MW (la capacidad de Renca) operando en forma continua.
Dado que no hay suficiente almacenamiento y el agua (que también puede usarse como reserva de energía hidroeléctrica) escasea, se debe recurrir a la generación termoeléctrica. El país dispone de capacidad más que suficiente en centrales diésel para enfrentar esta situación. La dificultad es que estas unidades están concebidas para operar en emergencias de corta duración, debido a su elevado costo y porque la logística necesaria para proveer el combustible por períodos largos no existe: no hay los oleoductos requeridos ni las empresas poseen los contratos de suministro del combustible. Por ello, la Asociación de Generadoras de Chile solicitó la formación de un Comité de Emergencia para coordinar acciones para la provisión de diésel. El Ministerio de Energía se negó, señalando que las unidades diésel reciben un pago por disponibilidad, de modo que serían ellas las responsables de los problemas de suministro de combustible.
Independientemente de esta disputa, usar diésel por períodos prolongados es una mala solución, porque es caro, contamina y emite gases de efecto invernadero. Es por ello que, ante la emergencia, se intenta retrasar la salida de las centrales a carbón. Sus efectos ambientales son similares, pero su costo de generación es muchas veces menor y son más seguras. El retraso ha causado un nuevo conflicto, esta vez con Enel, que no desea cambiar sus planes de retiro de centrales.
La extensión de la vida de las centrales a carbón debería ser temporal. Si las señales de precios para el almacenamiento están bien diseñadas y el riesgo político no crece en exceso, debería haber un aumento importante de la inversión en sistemas de almacenamiento de energía. Cuando ese almacenamiento se encuentre disponible, una nueva sequía supondría un riesgo mucho menor para el sistema.
Fuente: El Mercurio, Martes 7 de Diciembre de 2021
