LA TERCERA – El ministro de Justicia anunció que se está evaluando que los privados puedan volver a participar en los proyectos de infraestructura penitenciaria mediante concesiones, lo que permitiría retomar un modelo que se abandonó hace diez años. Las diferencias sobre las licitaciones -que demandaron recursos muy superiores a los estimados-, determinaron que del programa original de diez centros carcelarios finalmente se construyeran sólo ocho, dejando en suspenso esta medida que permitió mejorar las condiciones de hacinamiento y cumplir de manera más eficiente con los objetivos de las políticas carcelarias.
Sin embargo, el hecho de que exista una sobrepoblación en distintos centros penales, y que el proyecto de nuevo Código Penal busque que las penas de cárcel sean realmente efectivas, parece positivo que la autoridad, superando los prejuicios que entramparon el desarrollo de obras públicas en el gobierno anterior, se abra a considerar todos los mecanismos existentes para dar una mejor solución también en materia penitenciaria, y se puedan aprovechar las fortalezas que las alianzas público-privadas han demostrado en otras materias.
Sin perjuicio de ello, las definiciones que se adopten no sólo deben considerar lo que ha significado el sistema en materia de infraestructura -que claramente ha sido un avance en el caso de las concesiones-, sino también que se evalúen adecuadamente otros aspectos esenciales para el éxito de las políticas penitenciarias del país.
Especialmente relevante es abordar lo relativo a la rehabilitación, considerando que la tasa de reincidencia criminal es muy alta y la mitad de quienes cumplen condena vuelve a delinquir en el mediano plazo, lo que claramente sugiere graves falencias en el objetivo de la reinserción social.
En una política de seguridad pública, las metas de largo plazo son las más relevantes, y eso es lo que finalmente evalúa la ciudadanía; en ese orden, si bien el rol punitivo del Estado es insoslayable, el mayor número de cárceles no lo hace necesariamente exitoso; en cambio, una medida objetiva de eficiencia es que quienes han cumplido sus penas puedan en forma satisfactoria reinsertarse social y laboralmente. Para ello, una mejor segregación de los internos -según su nivel de peligrosidad, o por su compromiso con la rehabilitación-, y que se les entregue una adecuada asistencia psicosocial, de capacitación y mejores alternativas laborales intrapenitenciarias, contribuirían a ese fin.
La implementación de mejores mecanismos que permitan orientar y hacer el seguimiento desde que el condenado deja la unidad penitenciaria hasta que efectivamente se reinserta, pueden reducir los espacios que llevan a reincidir. Se trata de un ámbito en que una mejor coordinación entre las entidades públicas y de éstas con entidades privadas puede facilitar oportunidades laborales, cuya carencia lleva en muchos casos nuevamente a la actividad delictiva. Se debe transitar desde un modelo punitivo que ha puesto el acento en la cárcel, hacia otro que ponga el énfasis en la rehabilitación, cortando el perverso círculo de la delincuencia.
Fuente: La Tercera, Lunes 5 de noviembre de 2018
