PAÍS CIRCULAR – En marzo pasado, Rafael Palacios asumió como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades), gremio creado recién a mediados de 2021 con el objetivo de generar una industria en esta materia, que tiene entre sus principales desafíos desde impulsar las hoy casi inexistentes materias regulatorias en torno a la actividad, hasta el dinamizar y armar un ecosistema de desarrolladores tecnológicos en torno a la industria, además de coordinar y representar a un conjunto de actores que hasta ahora actuaban más bien de forma aislada.
“Tenemos un desafío enorme que es el cambio climático, y una de las consecuencias que estamos viviendo en el país es la sequía que lleva ya 13 años, al punto que se habla de que ya dejamos de tener un clima mediterráneo y pasamos a uno semiárido. Y eso involucra un cambio cultural. Nosotros creemos que la industria de la desalinización es clave en la adaptación al cambio climático, con miras a la resiliencia hídrica de las ciudades, y de la industria”, dice Rafael Palacios en esta entrevista, donde analiza los desafíos y oportunidades que presenta la generación de una industria en torno a la desalinización.
Hoy, afirma, en el actual escenario climático ni las ciudades ni la industria van a seguir teniendo un suministro de agua garantizado. “E incluso si vamos a la descarbonización -agrega-, candidatos naturales a llevar adelante la industria de la desalinización son las termoeléctricas. Su reconversión a plantas de desalinización es evidente, porque ya tienen estas plantas, son las que utilizan para turbinar el vapor. Entonces, creemos que vamos a jugar un rol muy importante en esta materia, y lo que queremos es articular esta industria. Primero concentrarnos en las zonas donde hay más urgencia, en el centro-norte del país, y después expandirla a todo Chile”.
Una planta desalinizadora, analizará más adelante, es en términos prácticos un seguro. Y si bien hoy puede sonar como una alternativa cara, frente a la opción de quedarse sin agua este costo resulta extremadamente bajo. Por ello, desde Acades apuestan también a generar innovación y un ecosistema con las universidades para hacer investigación y desarrollo que permita abaratar estos costos, pero también asegurar a la población que no se van a generar impactos ambientales negativos a partir de esta industria.
Acades se crea en un escenario en que la desalinización está concentrada principalmente en la minería, y un par de plantas grandes para abastecer agua a ciudades del norte. ¿Cuál es el panorama que tiene esta industria en formación?
En el fondo, no había nadie que coordinara o que pudiera representar al conjunto de la industria. Estaban en proyectos aislados, como señalas, esencialmente en la minería. El 80% de las plantas de desalinización que operan hoy en Chile son de las propias mineras. Y curiosamente no son socias de Acades por una cuestión bastante simple: la planta desaladora es parte integral del proyecto minero. Por exigencias del SEIA, no podían fraccionar la RCA y hacer un proyecto de desalación que vaya en paralelo al proyecto minero. Pero hemos estado conversando con ellos, y lo más probable es que finalmente terminen incorporándose, porque hay temas que son propios de la industria: regulatorios, falta de normas de emisión y de estándares… Hoy día no hay una normativa que permita llevar adelante estas plantas con determinada certeza jurídica, entonces ahí hay mucho que hacer. Dicho eso, efectivamente también tenemos la planta de Antofagasta y también una en la región de Copiapó. Son proyectos aislados que surgen básicamente por urgencia, que es también lo que hoy impulsa al gremio: la urgencia de tener, o de poder ofrecer, una solución a la crisis hídrica. Básicamente, Acades no viene a plantear que la solución de la crisis hídrica es la desalinización. Eso sería equívoco, porque es una crisis tan grande que las soluciones son múltiples, y probablemente van desde el manejo de la demanda hasta lo que nosotros queremos impulsar, que son las nuevas fuentes de agua. Ese es el propósito de Acades, definido en sus estatutos: la incorporación de nuevas fuentes de agua fresca.
Hoy el uso de agua desalada en las ciudades, o en la industria, no parece estar instalada como una de las soluciones a corto plazo para la crisis hídrica, ¿por qué?
Por varias razones. Hay ciertos mitos en torno al agua desalada, como el de su calidad -que es una agua de segunda categoría-, y eso hay que desmitificarlo, o explicitar que en casos como el de Antofagasta el 80% de la ciudad se alimenta hoy de agua desalada. Y no solamente eso, sino que hay muchas industrias que podrían usarla, como la industria del agua embotellada o de la cerveza, o de otros alimentos. Esto en países como Australia, Emiratos Árabes o España está súper claro y el agua desalada tiene múltiples usos. En muchas islas, la única fuente de agua posible es la desalada y desde hace mucho tiempo que se hace todo con ella. Entonces, primero está calidad del agua desalada, y es un tema que la tecnología lo tiene ultra superado, incluso en cosas curiosas: se piensa que el agua desalada es de segunda categoría respecto del agua continental, cuando muchas veces resulta a la inversa, y el agua desalada resulta ser mucho más pura porque el agua continental arrastra una serie de sales minerales de los propios ríos, y la labor de las sanitarias es precisamente purificarla y entregarla a la población de acuerdo al estándar normativo nacional, lo que el agua desalada cumple a cabalidad. Dos, está también el tema del costo. Ahí también hay un tema que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica, que es el insumo más relevante que ocupa este tipo de plantas, pero que, como un todo, la tecnología ha podido rebajar muchísimo.
¿En cuánto está ese costo actualmente?
Acá hay que hacer una distinción relevante: el costo del agua difiere en todo Chile, y eso tiene que ver con el sistema de tarificación que tenemos, que se hace en base a una empresa modelo, eficiente, en el lugar correspondiente. Por lo tanto, el costo del agua en Antofagasta -como es más escasa- es más cara que en Santiago. Ahora, por qué: no solo porque es más escasa, porque en Santiago también lo es, pero como en esta última hay una población tan grande, hay economías de escala que abaratan mucho los costos de esta empresa eficiente, y por eso la tarifa es más barata. Entonces, el costo del agua cambia en función de cada ciudad. Dicho eso, efectivamente, y comparativamente para la ciudad de Santiago, por ejemplo, el costo del agua desalinizada y traída desde la costa -porque hay que traerla- sería cerca de tres veces el costo que tiene hoy. Por eso es importante decir que el agua desalada nunca va a sustituir el consumo de agua continental.
Es un complemento…
Sí, pero más que un complemento, es una garantía. Lo que hace una planta desalinizadora es cubrir el costo de falla, que es infinito.
¿En qué sentido?
Por el costo de falla, me refiero por ejemplo a que se acabe el agua. Si eso ocurre en una ciudad, o en una industria, se acabó la ciudad y se acabó la industria: básicamente hay que hacer las maletas, cerrar y emigrar. Y eso tiene un costo infinito. Entonces, la instalación de plantas desalinizadoras permite cubrir ese costo de falla y nunca llegar a ese extremo, y poder contar con un suministro seguro y garantizado para el consumo humano y el consumo industrial.
En plantas desalinizadoras, uno piensa inicialmente para ciudades costeras ¿Puede ser efectivamente la solución para Santiago?¿Es viable económicamente?
Es totalmente viable, por la misma razón que planteaba: que la tarifa del agua en Santiago es más barata. Cuando tienes economías de escala, puedes socializar el costo. Tienes un costo de inversión de la planta, y ahí hay que ver los modelos de negocios que podrían plantearse, porque hay varios. Y luego está el costo de operación, y también hay distintas alternativas. Por ejemplo, en otros países donde las plantas desalinizadoras están funcionando permanentemente, como un suministro complementario al agua continental, hay tarifas diferenciadas. Una primera cantidad de litros por segundo de agua consumida se cobra a un determinado precio -barato-, y después se escala a un segundo nivel de consumo con una tarifa un poco mayor, y luego a una tercera que sería un sobreconsumo -para quien quiere llenar una piscina o regar, por ejemplo- que tiene un costo mayor. De esa forma se puede socializar el costo de operación, sin subir necesariamente la tarifa de quienes más lo necesitan, y financiar la operación de estas plantas. En cuanto a la inversión inicial, ahí hay que buscar modelos colaborativos, público-privados o tener offtakers distintos. Lo que se hace con las plantas multipropósito es que hay distintos offtaker de agua: puede ser una minera que cubre un rango que permite financiar la inversión en 10 o 15 años; también está la agricultura, que puede ser relevante; y finalmente el consumo masivo de ciudades. Ese modelo de plantas multipropósito es el más interesante, y el que en Acades queremos impulsar.
¿Este es el camino para Santiago?
Primero, creo que hay que ordenar la demanda, y esto implica modificar comportamientos de las personas. Eso es lento, y complejo. Hay que hacerlo, pero son soluciones de mediano y largo plazo. Como soluciones de corto plazo, para responder a la urgencia, la solución efectivamente es incorporar nuevas fuentes de agua. Y ahí hay dos, ambas en el campo de Acades: el reúso de aguas grises para riego u otro tipo de usos, que en Chile lo hacemos poco; y también el agua desalada, que es probablemente el más relevante. Hay proyectos que podrían estar instalados en la Región de Valparaíso para alimentar la ciudad de Santiago, eso es perfectamente viable. Ahora, nunca la totalidad del consumo actual de Santiago va a ser alimentado en su totalidad por plantas desaladoras, pero sí se puede cubrir el déficit que la ciudad vaya mostrando.
¿Cuál es el impacto ambiental que tienen este tipo de plantas?
Ahí hay un tercer mito. Primero, todo tiene impacto ambiental, eso lo sabemos. Hoy los impactos ambientales de este tipo de industria son dos. Primero, la aducción, porque el succionar agua de mar podría afectar la biota o un ecosistema si no se cuenta con la tecnología adecuada, o la ubicación de la aducción no ha sido evaluada apropiadamente. Pero eso está bastante cubierto, y la tecnología permite hoy que la aducción sea a una velocidad muy baja que los peces no alcanzan a percibir. Y tiene filtros mecánicos, de burbujas, retornos, que hacen que prácticamente solo llegue agua a las plantas. Y lo segundo es la salmuera, que es la devolución de la sal al océano. La salmuera no es más que la misma agua de mar con una concentración de sal superior a la que fue captada, y hoy esa agua con una mayor concentración de sal es devuelta al mar mediante el uso de difusores que, en conjunto con las corrientes marinas, permiten una rápida dilución de la salmuera en la vecindad de la tubería de descarga dentro de un área que es similar al de una cancha de fútbol. Más allá de ese perímetro, la propia agua de mar se mezcla con esta que tiene una mayor concentración de sal, y se diluye rápidamente evitando tal impacto.
¿Y qué ocurre dentro de esa área específica?
Dentro de esa área en que se genera una mayor concentración de sal, efectivamente se generan impactos que hoy se están estudiando y que es necesario dilucidar a cabalidad para poder generar una norma de emisión que permita manejar o minimizar el impacto en la vida marina.
Hay un gran camino regulatorio que recorrer en esto, el agua desalinizada no está ni siquiera en el Código de Aguas, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales desafíos en esta materia?
Lo primero que hay que hacer, y que creo que va en la línea correcta, está ocurriendo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde se presentó una moción y se comenzó a tramitar un proyecto que regula la naturaleza jurídica del agua desalada. La administración anterior, producto de un acuerdo con esa comisión, dejó ingresado un proyecto de ley sobre concesiones de desalación. Y eso ya viene a ordenar un poco, porque se necesita un instrumento jurídico que le entregue las herramientas a los desarrolladores para poder llevar adelante el proyecto. Eso involucra la instalación de las concesiones marítimas, la instalación en el borde costero, y la instalación de las cañerías a través de una negociación que permita contar con servidumbres. Eso es lo primero: una herramienta jurídica que ampare la infraestructura, las obras que se van a instalar. Eso está en el Congreso, y le deseamos una tramitación exitosa.
¿Y luego?
Lo segundo es el ordenamiento territorial. Si bien en Chile tenemos 5 mil kilómetros de borde costero, este tiene varios usos, y las bahías aptas para la instalación de este tipo de plantas no son infinitas. Siempre el suelo es un recurso escaso, y ahí hay distintos proyectos que compiten: portuarios, turísticos, caletas pesqueras, etc. Eso requiere -y entiendo que son las señales que ha dado este gobierno, y que también incorpora el proyecto de ley que señalo- de la generación de una política nacional. Que todo el aparato Estado se coordine y defina cuáles son los usos del borde costero.
Que se definan territorios para instalar estas plantas, básicamente.
Sí, y que esos territorios cuenten con la aprobación de las comunidades, que se haga en términos participativos, y que se definan cuáles son las cuencas, etc. Y luego viene un tercer desafío, que es definir el modelo tarifario que va a permitir el financiamiento e instalación de estas plantas a nivel de sanitarias. Por ejemplo, no tenemos ningún problema en que sean empresas públicas las que quieran llevar adelante el desarrollo e inversión de las plantas; o que sea público-privado, o solo privado. Hay varios modelos, y hoy estamos abiertos a ello.
¿No existe hoy un “mejor modelo”, por decirlo de una manera?
Lo que pasa es que esto hay que verlo caso a caso. Hay proyectos súper interesantes que se están haciendo con colaboración público-privada, hay otros que incorporan la generación de energía eléctrica o un pumped storage para reducir costos energéticos y compartir infraestructura con la desalinización. En el fondo, hay que ir al territorio y ver la especificidad en cada cuenca, porque también las propias sanitarias tienen modelos de negocio distintos en cada ciudad. Entonces, aquí no hay “balas de plata”, estamos abiertos a estudiar caso a caso cuál sería la mejor fórmula. Lo único relevante, y es muy coherente con eso, es no limitarse de antemano, hay que tener todas las alternativas a la vista y definir cuál es la mejor en función de una localidad específica. Probablemente, desde nuestro punto de vista, la gran limitante es que estos proyectos -normalmente en su mayoría- tienen que trabajar bajo la modalidad project finance, y para conseguir el financiamiento tienen que tener una evaluación económica, y para ello contar con un cierto nivel de ingresos que permita proyectar un flujo futuro para financiar esa inversión. Eso necesita tener un precio de venta, y para eso necesita tener un offtaker. Entonces, ese modelo de evaluación económica impone una cierta restricción. Hay casos, como en Brasil, donde básicamente el Estado entrega una concesión y paga esa inversión, por ejemplo. Pero en Acades estamos abiertos a estudiar todas las posibilidades.
Esto es una industria de necesidad pública, como las carreteras, la generación eléctrica, la sanitaria… ¿Cuáles debieran ser los incentivos del Estado para que esta se genere, o el modelo para ello?
Creo que el Estado debiera impulsar primero las plantas multipropósito, aquí hay que cubrir necesidades de aprovisionamiento hídrico múltiples, que van desde la minería y la agricultura, a otras industrias y a las ciudades. Te pongo un ejemplo: supongamos que apostamos por el hidrógeno verde, que es algo que todos queremos en el marco de la transición energética, y en lo que vemos mucha proyección en Chile. Para producir una tonelada de hidrógeno verde se necesitan cerca de 18 toneladas de agua. Y en Magallanes, por ejemplo, el suministro de agua no es necesariamente constante, ya que va a seguir dependiendo de la variedad climática. Entonces, si en Magallanes quieres instalar una planta de hidrógeno verde, vas a necesitar acompañarla de una planta desalinizadora que garantice el suministro de esa agua. En el fondo, hay múltiples industrias, y ciudades… Valparaíso está con un déficit enorme; o Copiapó, que llegó a un punto en que se acabó el agua y el Estado tuvo que hacer una planta. El ideal es que no lleguemos a eso. Entonces, respecto de los incentivos, diría que primero es entender la multiplicidad de elementos que necesitan un suministro garantizado de agua.
En esta multiplicidad, ¿cuáles son las posibilidades reales de su uso en la agricultura, o en la industria en general?¿Qué porcentaje de esa necesidad de podría cubrir?
No hay estudios que permitan definir un porcentaje, pero en primer lugar dependen de la escala: hay plantas desalinizadoras de escala micro, tenemos un socio que genera plantas en un container para una producción pequeña. Puede alimentar, por ejemplo, una caleta de pescadores o un negocio agrícola. Eso es tecnológica y económicamente viable. En la medida que se va subiendo en la escala de la planta, se pueden abaratar costos o quedarte en escalas intermedias. Podrías hacer un proyecto de desalinización de escala mediana destinado a la agricultura. Otro ejemplo: en Antofagasta hay una cooperativa agrícola que produce lechugas hidropónicas y tomates, que funcionaba con agua de camiones aljibes que les costaba $10 mil el litro. Hoy están funcionando con el agua desalada de la planta de Antofagasta, que les cuesta $1.000, y son totalmente competitivos y tienen un suministro competitivo de agua. En la medida que generas demanda, puedes ir abaratando los costos.
Eso en el borde costero, pero si tienes que llevar el agua a los valles de O´Higgins o Maule, ¿es igual de viable?
Efectivamente, el costo de llevar el agua hacia adentro existe, y el instrumento que se ha utilizado ahí son los swap de agua: al incorporar nuevas fuentes de agua a la red de una cuenca, liberas el agua continental que se utiliza en un orden natural. Es decir, puedes liberar el agua continental que se genera en la cordillera para los regantes más cercanos a esa fuente de agua, incorporando el agua desalinizada a los sectores costeros de la cuenca. Eso genera los swap de agua, y es lo que se hizo en la planta de Antofagasta. Esta agua que se libera hacia arriba se hace a precio de agua desalada, lo que permite bajar la tarifa de esta.
Fuente: País Circular, Miércoles 13 de Abril de 2022
