PULSO – El reciente sistema frontal que afectó al país con intensas lluvias y nevazones, generó serias consecuencias que incluyeron cortes de luz, cierres de rutas y pasos fronterizos, dejando aisladas a más de seis mil personas en todo Chile.
Según la última edición del Reporte Mundial de Riesgo por Desastres Naturales, Chile clasifica con un nivel muy alto de riesgo, ubicándolo en el puesto 33 de un total de 181 países. Esto coincide con los análisis del Instituto de Resiliencia ante Desastres (Itrend) y del Banco Mundial, que ubican a Chile como uno de los países de la OCDE más expuesto a eventos naturales.
Lo anterior, sin duda, se explica por las características geográficas y geológicas del país. Por ejemplo, su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, sumado a eventos hidrometeorológicos extremos, genera que nuestro territorio se vea expuesto a terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones, entre otros.
A dichos fenómenos se suma la lamentable pérdida de vidas humanas y los costos socioeconómicos asociados al daño de infraestructura crítica e interrupción de servicios básicos. En promedio, cada año entre 1980 y 2011, el país registró pérdidas cercanas al 1,2% del PIB. Los montos por reconstrucción post 27F y los aluviones de 2015 en el norte, alcanzaron unos US$8.600 millones y US$ 709 millones, respectivamente.
Si bien nuestro país ha tenido un enorme aprendizaje a lo largo de su historia, la evidencia demuestra que aún es necesario seguir avanzando en resiliencia ante desastres, de la mano de la tecnología; abarcando los distintos ámbitos de la sociedad, desde los cuales se debe trabajar para abordar esta misión, con un enfoque integral, intersectorial e interdisciplinario. También es necesario consolidar planes de inversión con foco hacia una infraestructura más resiliente.
En paralelo, es necesario estandarizar el levantamiento de daños y pérdidas, porque permite gestionar mejor la emergencia y generar un insumo relevante para futuras evaluaciones del riesgo. Además, es importante unificar políticas y asegurar que el enfoque de reducción del riesgo de desastres esté presente en todos aquellos planes y programas que correspondan.
Gran parte de estas medidas se abordan como objetivos estratégicos en la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD) publicada en el año 2021. Este instrumento es clave, ya que orienta acciones y decisiones políticas con miras a alcanzar resultados para el año 2030.
Chile cuenta con las capacidades para avanzar hacia un país más resiliente frente a desastres de origen natural, que nos permitan estar mejor preparados ante las amenazas que nos afectan regularmente. Para ello, debemos seguir insistiendo en resolver los desafíos pendientes y en fortalecer el apoyo intersectorial del Estado, el trabajo interdisciplinario de la academia y la participación de las organizaciones civiles.
Hernán de Solminihac, profesor titular de Ingeniería UC y Miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC.
Fuente: Pulso, Martes 2 de Agosto de 2022
