EL MERCURIO – Señor Director:
Su editorial de ayer, “Nuevamente los naranjillos”, banaliza las numerosas razones que llevaron al Servicio de Evaluación Ambiental a rechazar el proyecto Itahue-Hualqui, de la empresa Celeo Redes. Se acusa supuesta liviandad de los cuestionamientos, y empeño de los funcionarios públicos en detener proyectos y retrasar la descarbonización del país “para proteger a 5 o 6 individuos de una especie”.
Debo aclarar que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa se fundamenta en múltiples deficiencias técnicas en la formulación del proyecto, que fueron observadas por más de 20 organismos del Estado durante su tramitación. A lo largo del proceso se reprochó persistentemente la falta de información de línea de base de flora y vegetación, advirtiendo una serie de incumplimientos normativos de los requisitos para obtener 9 de los 12 permisos ambientales sectoriales necesarios para su ejecución. Además, la empresa no descartó la intervención y alteración de hábitat para bosque nativo de preservación ni para especies declaradas por el Estado de Chile como monumento nacional, conforme a la Convención de Washington y a la Ley 21.600, ni descartó generar riesgo a la salud de la población el superar el límite máximo de ruido permitido por el DS 38/2011.
Cualquier experto en evaluación ambiental puede concluir de la lectura del expediente público que el proponente no subsanó las observaciones técnicas y jurídicas formuladas reiteradamente por escrito y explicadas de manera presencial en múltiples reuniones de lobby, lo que condujo a este frustrante desenlace.
Quiero recordar que no existe tal ánimo de rechazar proyectos: estadísticamente más del 94% de las iniciativas calificadas son aprobadas en el SEIA, gracias a un trabajo coordinado y de colaboración entre el sector público y privado. En este caso la empresa está en su derecho de reclamar ante el Comité de Ministros aportando los antecedentes que estime pertinentes.
Finalmente, quiero valorar la labor de los profesionales técnicos que integran la institucionalidad ambiental, cuya función se sujeta a los controles que sostienen un Estado de derecho.
Valentina Durán M.
Directora ejecutiva SEA
Fuente: El Mercurio, Domingo 05 de Mayo de 2024
Esta carta hace referencia a la Editorial de El Mercurio, del viernes 3 de mayo “Nuevamente los naranjillos”
El reciente rechazo del proyecto de transmisión Itahue-Hualqui por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ejemplifica las razones de la desconfianza del mundo empresarial frente a las promesas del Gobierno sobre agilizar los permisos para inversiones. La decisión se produjo esta semana, apenas días después de que el Presidente Boric insistiera en aquel compromiso, en su discurso en la Enade.
El proyecto Itahue-Hualqui, por US$ 324 millones, responde a la necesidad de reforzar las redes de transmisión para la descarbonización del sistema eléctrico. En efecto, a medida que se cierran centrales de carbón, que ofrecen seguridad de servicio, y se reemplazan por una energía más variable, como es la de fuentes no convencionales, resulta crítico aumentar la capacidad de transmisión precisamente para garantizar dicha seguridad. Asimismo, una economía descarbonizada necesita más electricidad, lo que también incrementa los requerimientos de transmisión.
Los informes ambientales del proyecto fueron acuciosos: unas 5.000 páginas (sin considerar sus anexos) sobre todos los aspectos de posible impacto ambiental. El estudio reunió el trabajo de 60 profesionales especializados en distintas áreas. Estos recorrieron buena parte de los trayectos de las futuras líneas; unos, buscando restos arqueológicos; otros, toda la fauna y flora posiblemente afectadas. Además, hubo análisis de geología, hidrogeología, paleontología, efectos sobre las personas, ruido, vibraciones y otras muchas dimensiones de impacto.
Por lo mismo, al examinar el proceso y lo resuelto por el SEA, sorprende la liviandad de los cuestionamientos. Por ejemplo, se considera significativa la pérdida de 24 hectáreas de bosque nativo. Hay que tener, sin embargo, alguna perspectiva en este tema, cuando distintas estimaciones indican que la tala ilegal significa en los hechos la desaparición de más de mil hectáreas de bosque nativo cada año. Además, los incendios intencionales destruyen anualmente cantidades varias veces mayores. En el caso del proyecto, las referidas 24 ha serán cortadas una sola vez, y se pueden recuperar naturalmente, porque se trata de un pequeño espacio en las 2.400 ha de servidumbres.
Otro supuesto impacto negativo es que se perderían seis naranjillos de los 317 existentes en la franja afectada. Estos son los mismos naranjillos que antes detuvieron el proceso ambiental del proyecto para la explotación de tierras raras en Penco. En definitiva, no se acepta que estos seis individuos de la especie sean reemplazados por otros 18 que serían plantados en un bosque nativo. Otra especie protegida, en este caso una flor, sería replantada, pero el impacto es nuevamente calificado como negativo. El proyecto afectaría también cuatro colonias de cururos —un roedor nativo—, de 11 existentes, pero, según el SEA, el número podría estar subestimado, lo que sería un defecto del estudio. Sin embargo, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —la organización ambiental más grande del mundo—, los cururos no son una especie en peligro, por lo que no se comprende cómo este podría ser un problema significativo. Por otra parte, se advierte un riesgo para aves debido a que la línea pasaría a 816 metros de un humedal. Según el SEA, las aves residentes o que usan ese humedal como sitio de descanso podrían colisionar con estos cables, situados a casi un kilómetro. Incluso, se critica que no se haya fotografiado una palma chilena cercana a un camino de acceso. Según el SEA “…si bien el Titular modifica el trazado del camino que potencialmente podría afectar a dicho individuo…”, esto ocurrió en las fases finales, demostrando supuestamente la falencia de los estudios.
Tales parecen, en definitiva, argumentos de funcionarios empeñados en detener proyectos, utilizando esta y otras reglas de un sistema ambiental convertido en un laberinto imposible para las iniciativas de inversión. La miopía de nuestro sistema ambiental, que para proteger 5 o 6 individuos de una especie, retrasa la descarbonización del país y con ello contribuye a la destrucción de especies completas, explica la poca confianza en la promesa gubernamental de agilizar los permisos.
