PAÍS CIRCULAR – A la espera de una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo, se encuentra hoy el proyecto de ley que busca regular y fomentar los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales en Chile. Especialistas consideran que se trata de una iniciativa que, en el contexto de escasez hídrica, resulta imprescindible para fortalecer la institucionalidad vigente y aumentar progresivamente el reúso del agua que se descarga por emisarios submarinos, como una nueva fuente de agua, tanto a nivel urbano como rural. Para ahondar en esta propuesta, País Circular conversó con la senadora Isabel Allende, una de las autoras de la iniciativa, y con Gerardo Díaz, jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua de Fundación Chile.
El proyecto de ley que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, correspondiente al boletín Nº 15.690-33, ingresó al Senado hace más de un año y medio, el 25 de enero de 2023, considerando la necesidad de incorporar nuevas fuentes de agua para hacer frente a una demanda creciente y una menor disponibilidad. La iniciativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la cámara alta, también establece los requisitos para la habilitación de estos sistemas y sus respectivos usos.
Al respecto, el proyecto de ley indica que los prestadores de servicios sanitarios deberán habilitar e implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales para aquellas que sean descargadas o evacuadas mediante emisarios submarinos, que permitan la depuración y reúso de un porcentaje no inferior a 35% de las descargadas o evacuadas mensualmente.
La senadora Isabel Allende Bussi (PS), una de las autoras del proyecto de ley e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, explica la relevancia de legislar sobre esta materia: “El proyecto de ley de reúso de aguas residuales parte de la necesidad de avanzar hacia un sistema de tratamiento más elevado, moderno y eficiente en nuestro país, en los 33 emisarios submarinos presentes en nuestras costas”.
“Actualmente y, luego de un largo proceso, solo contamos con una Ley de Aguas Grises, con un alcance muy limitado y para determinados usos. En cambio, aquí estamos hablando de un proyecto con una oportunidad para aprovechar un volumen de 8 m3/s (metros cúbicos por segundo) en zonas urbanas, donde actualmente un 21,9% de ellas se pierden en el mar”, señala la parlamentaria.
En este sentido, la Ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, se circunscribe solo al tratamiento de aguas grises para determinados sectores y aplicaciones específicas, sin abordar el reúso de aguas residuales que se descarguen mediante emisarios submarinos, así como el tratamiento exigido para éstas. A ello se suma que la legislación actual no contempla normas específicas para el uso de agua residual en sectores rurales.
Gerardo Díaz, jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua de Fundación Chile (FCh), recalca la importancia de avanzar con este proyecto de ley. “Para graficar la idea, estamos botando 250 piscinas olímpicas de agua al mar y no la estamos reutilizando. Por lo tanto, nosotros desde Fundación Chile celebramos esta iniciativa y por eso hemos participado en las comisiones a las que nos han invitado a exponer los resultados y análisis que hemos realizado”.
Según cuenta Gerardo Díaz, desde 2016 que Fundación Chile trabaja en proyectos de reúso de aguas residuales tratadas, principalmente en las regiones de Valparaíso y de Coquimbo. “Ante los eventos catastróficos de sequía, consideramos que era importante anticiparse a buscar soluciones para hacer frente a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, que hoy estemos conversando sobre este proyecto de ley, nos parece un progreso importante”, agrega el especialista, quien forma parte del equipo de Escenarios Hídricos 2030, de FCh.
Nueva fuente de agua
La iniciativa plantea que incorporar sistemas de reúso, enfocados en emisarios submarinos o plantas de tratamiento de zonas costeras que descargan al mar, así como experiencias en el ámbito rural, implica contar con una nueva fuente de agua, una mejor adaptación al cambio climático, un uso eficiente del recurso hídrico que fortalezca un desarrollo productivo local, y una fuente segura, permanente e inagotable mientras exista consumo humano asociado.
“Chile alcanza prácticamente el 100% de saneamiento a nivel urbano. Sin embargo, las aguas residuales tratadas no han sido consideradas formalmente como una nueva fuente de agua, negando la posibilidad de aprovechar múltiples usos a causa de un tratamiento más elevado, a la altura de lo que nos exigen los tiempos en materia de sostenibilidad y déficit hídrico”, sostiene la senadora Isabel Allende.
“En este sentido, este proyecto propende a usos multipropósitos, tales como riego agrícola y de áreas verdes, recuperación de ecosistemas, uso industrial o minero. Pero siempre promoviendo una mayor eficiencia hídrica y una mejor gestión del recurso, considerando tanto los usos prioritarios como la satisfacción del interés público contenido en el artículo 5° del Código de Aguas”, declara la parlamentaria.
Gerardo Díaz, en tanto, añade que “la experiencia internacional dicta que este tipo de agua residual tratada puede ser utilizada para diferentes fines. En Singapur, por ejemplo, la reutilizan a nivel de abastecimiento de agua potable, lo que en Chile eventualmente se podría replicar”.
“Sin embargo, tenemos una barrera cultural que todavía impide que este tipo de reúso transite hacia una reutilización para consumo humano. Y, por lo tanto, nosotros siempre hemos abogado en favor de este tipo de agua pueda utilizarse para reemplazo de otras fuentes de agua, como en el caso de la agricultura o la minería. Es decir, incorporando las aguas residuales tratadas como una nueva fuente de agua, pero dejando aguas naturales para otros usos, como el consumo humano”, argumenta el experto de Fundación Chile.
Detalles del proyecto de ley
Respecto a la calidad de las descargas mediante emisarios submarinos, la propuesta establece que las aguas residuales descargadas deberán contar con sistemas de tratamiento que garanticen, al menos, obtener la calidad exigida en la tabla N° 1 del Decreto Supremo N° 90/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.
Además, las tecnologías de aplicación de las aguas residuales tratadas reusadas deberán asegurar la inocuidad y seguridad tanto para las personas como para el medio ambiente. Y se podrán establecer tratamientos complementarios y/o adicionales, siempre y cuando ello sea necesario. Asimismo, se propenderá a la aplicación de un tratamiento más exigente en aquellos emisarios submarinos emplazados en zonas declaradas sensibles.
Con respecto a los puntos que actualmente se discuten en la Comisión de Recursos Hídricos, uno tiene que ver con el financiamiento y las necesidades de mercado vinculadas a este proyecto, según lo subraya la senadora Allende. “Un desafío importante en la Comisión ha sido generar modelos de negocios que sean atractivos, eficientes y que no impliquen un aumento significativo en la tarifa de los consumidores. Es por esto que estamos buscando, junto al Ejecutivo, distintas fórmulas para evitar alzas en las tarifas de manera desmedida, y que no sean los consumidores los que terminen pagando una oportunidad que beneficia a todos los actores”.
“En este sentido, el proyecto incorpora principios como el de costo efectividad, de manera que los sistemas de reutilización de las aguas residuales prioricen medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación de la escasez hídrica en el contexto del cambio climático, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales. Además, se añaden herramientas que apuntan a la progresividad, para que el desarrollo de la tecnología e infraestructura necesaria no implique un aumento considerable de la tarifa a pagar por los consumidores”, agrega la parlamentaria socialista.
Experiencia en terreno
El jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua de FCh recalca que efectivamente el tratamiento y conducción las aguas residuales es un proceso costoso, siendo la conducción la que “se lleva entre el 60% y 70% de la inversión”.
“Pero el problema no es la inversión, porque hay muchos interesados en apalancar recursos o integrar inversión para poder implementar este tipo de proyectos. El problema es cómo se les da certeza jurídica para que esa inversión sea de largo plazo y sostenible. Y eso se relaciona, por ejemplo, con la propiedad del agua”, destaca Gerardo Díaz, quien expone cómo abordaron el tema en algunos de sus estudios.
“En la región de Valparaíso, que es donde tenemos más información recabada, un escenario fue, por ejemplo, capturar agua de un colector en la zona de Villa Alemana y llevarla hacia un embalse en la zona de Casablanca, acumularla ahí y entregarla a diferentes usuarios. Lo que hicimos fue estimar cuál era el costo de este tipo de proyectos y cuál era la tarifa asociada. Y con eso, fuimos a buscar clientes”, explica el Ingeniero en Biotecnología.
“Para el caso de Casablanca [estudio realizado en 2021], era un caudal de aproximadamente 400 litros por segundo, con una distancia recorrida de 38 kilómetros hasta el embalse Lo Orozco. En ese embalse se acumulaban estas aguas y podían ser entregadas a agricultores. Estimamos una tarifa de proyecto (tratamiento y conducción), para ese caso, del orden de unos 1.75 dólares por metro cúbico”, comenta Gerardo Díaz.
“Tradicionalmente en Chile los clientes han sido industria y minería, porque los costos se decía que eran demasiado altos y, por lo tanto, estas industrias eran las únicas que podían absorberlos. En nuestro caso, fuimos a buscar otros clientes no convencionales, como por ejemplo agricultores y vitivinícolas. Y nos dimos cuenta que ellos, por seguridad hídrica, estaban dispuestos a pagar esta tarifa. Básicamente, porque no tenían agua y ésta es una fuente continua, permanente, segura y que va a seguir fluyendo mientras exista consumo humano. O sea, no depende de las condiciones meteorológicas, sino que solamente de si existe o no población que consuma esta agua y la elimine como residuo”, agrega el experto.
“Entonces, esto derriba el paradigma de que solo las grandes industrias pueden adoptar estas nuevas fuentes de agua, ya que aquí aparecían otros actores como, por ejemplo, los consumidores agrícolas e incluso el municipio, para hacer recambio del agua para riego de áreas verdes, en zonas seguras que no tuvieron contacto con las personas. Y así fue como llegamos a una experiencia súper exitosa, porque establecimos modelos de negocio adecuados, en el que un agricultor, con una espalda financiera importante, pudiera apalancar el 80% de la inversión y el otro 20% pudiera ser integrado a clientes más atomizados, por ejemplo. Esto indica que los modelos de negocio son fundamentales para poder habilitar este tipo de soluciones para una mayor cantidad de clientes”, detalla Gerardo Díaz sobre el análisis normativo en el que participó.
En qué etapa se encuentra
El proyecto de ley que busca regular y fomentar los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales permanece actualmente en Primer Trámite Constitucional en el Senado. Sin embargo, se espera que pueda haber avances importantes en el corto plazo.
“En general, el proyecto ha despertado mucho interés de parte de la industria, así como del Ejecutivo y especialmente de aquellas comunidades colindantes a emisarios submarinos, que ven una oportunidad para elevar el tratamiento actual en las plantas de tratamiento, así como la habilitación de una nueva fuente de agua en estos sectores”, afirma la senadora Isabel Allende.
“El proyecto se encuentra a la espera de que el Ejecutivo haga llegar la indicación sustitutiva que incorpora nuevos elementos, especialmente en materia de modelo de negocios, para ser discutida en la Comisión de Recursos Hídricos. Hemos insistido en que este proyecto debe tener prioridad en iniciativas que tiendan a paliar el déficit hídrico, como lo es también el proyecto de ley de eficiencia hídrica, que lamentablemente aún no avanza en su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado”, subraya la parlamentaria.
“El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es el órgano que ha participado activamente en la elaboración de la indicación sustitutiva. Sin embargo, hay otros entes fundamentales en la implementación adecuada de esta iniciativa. Entre otros, este proyecto se vincula estrechamente con el avance de la norma de emisión del Decreto Supremo 90 a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, que lleva más de 10 años en actualización. Así también, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a quien le correspondería elaborar un informe técnico para que, a su vez, la Dirección General de Aguas (DGA, dependiente del MOP) avance en las declaratorias de zonas priorizables”, añade la integrante de la Comisión de Recursos Hídricos.
A su vez, Gerardo Díaz insiste en la urgencia de que esta iniciativa sobre reutilización de aguas residuales se transforme en ley. “Es un proyecto que aporta y que para nosotros es muy esperado. Así que estamos confiados en que salga un proyecto bien robusto, que asista a los sectores vulnerables y que pueda generar una estructura de implementación y aprovechar estos caudales de aguas”.
“Pero no estamos en tiempos de esperar muchos años para que este proyecto se tramite y se ejecute. Un ejemplo es la Ley de Aguas Grises, cuyo reglamento demoró varios años en salir y, por lo tanto, no tenía aplicabilidad. En el caso de este proyecto de ley de regulación y fomento de reúso de aguas residuales tratadas, esperamos que no siga el mismo camino y que se pueda agilizar y salir en el corto plazo. Es urgente”, sentencia el integrante de Escenarios Hídricos 2030, de FCh.
Fuente: País Circular, Jueves 22 de Agosto de 2024
