EL MERCURIO – Se ha sabido en las últimas semanas de los problemas que han enfrentado algunas empresas extranjeras para cumplir con sus proyectos de obras públicas. Entre otros, Astaldi, contratista de Codelco y concesionaria de varios hospitales, ha presentado inconvenientes financieros producto de la situación de su matriz italiana, y en la sociedad constructora del puente de Chacao, la empresa coreana Hyundai ha solicitado un aumento en el presupuesto del proyecto —de US$ 700 millones a US$ 900 millones— debido a sobrecostos.
Con el objetivo de evitar la reiteración de este tipo de situaciones, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propone 10 medidas destinadas a optimizar la contratación de obras en el sector público.
Las propuestas son de distinta índole, algunas de las cuales podrían resultar en mejoras importantes en el desarrollo de las obras públicas, reduciendo su costo, riesgo y el tiempo de construcción. Otras, sin embargo, tienden a reducir la competencia en el sector.
Entre las propuestas que podrían tener positivos efectos están el mejorar la calidad de los estudios que se preparan para las licitaciones, los que no escasas veces están poco desarrollados o desactualizados; establecer una matriz de riesgos que defina responsabilidades y mecanismos de compensación, y crear un sistema de resolución temprana de controversias que reduzca los conflictos, así como la judicialización de los proyectos.
También se propone mejorar las relaciones con el MOP durante el desarrollo del proyecto mediante un perfeccionamiento de la función de los inspectores fiscales de la obra y creando la figura de un gerente para los grandes proyectos, que los acompañe desde su inicio, y que podría ser una figura valiosa para enfrentar la maraña burocrática del MOP.
Más dudas, sin embargo, genera la propuesta de tener registros más restrictivos de contratistas, los que si bien pueden disminuir el riesgo de contratar una empresa incapaz de realizar el proyecto, por contrapartida podrían reducir la entrada de competencia. Lo mismo ocurre con la idea de requerir seguros especiales a las firmas extranjeras, empresas que en general no son más riesgosas que las nacionales; además, las leyes y los acuerdos internacionales impiden introducir discriminación en la contratación pública.
Discutible es la sugerencia de limitar las ofertas poniendo un piso mínimo, lo que podría contribuir a elevar los montos de los proyectos. Esta medida se utiliza en Italia, con malos resultados en términos de costos y de competencia. Nuestro sistema ya dispone de boletas de garantía y exige pertenecer a un registro de contratistas, lo que debería ser suficiente para precaver las ofertas temerarias.
Un tema que no se aborda, pero que se hace necesario plantear, es el de una mayor transparencia en las obras públicas: en gran parte de los casos, el estudio de evaluación social sencillamente no es accesible, ni es posible para el público entrar a una página web en la que se pueda seguir el avance del proyecto, sus renegociaciones u otras dificultades.
En resumen, la propuesta de la Cámara contiene algunos elementos interesantes cuya adopción debiera estudiar el MOP para mejorar el sistema de contratación de empresas, tanto nacionales como extranjeras, para realizar obras públicas.
Fuente: El Mercurio, Jueves 15 de noviembre de 2018
