EX ANTE – El capítulo sobre Chile del informe sobre clima de inversión del Departamento de Estado estadounidense advirtió que la burocracia para obtener permisos ambientales; las consultas indígenas cuando los proyectos afectan a estas comunidades —según establece el Convenio 169 de la OIT— y los “engorrosos” procesos judiciales, no sólo ralentizan la aprobación de los proyectos, sino que entregan un grado de incertidumbre a su resultado final que preocupa a las autoridades del segundo social comercial de Chile, después de China.
Qué observar. La burocracia estatal en Chile —también llamada “permisología” cuando obstaculiza innecesariamente proyectos de inversión— fue abordada en el reporte sobre clima de inversión 2024 publicado en julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza el secretario Antony Blinken.
- El capítulo sobre Chile del informe levantó algunas alertas, si bien describió el país como un destino atractivo para las inversiones extranjeras por su respeto por la propiedad privada y su sólido marco legal (el reporte menciona que el Presidente Gabriel Boric cerró el capítulo de cambio constitucional tras el rechazo de las dos propuestas sometidas a plebiscito).
- “Los procesos de obtención de permisos ambientales, los requisitos de consulta indígena (cuando los pueblos originarios resultan afectados por los proyectos) y los engorrosos procedimientos judiciales han hecho que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”, dijo el documento.
- Respecto del gobierno, indicó que “la actual administración prioriza la atracción de inversión extranjera, especialmente de sectores tecnológicos y extracción de recursos naturales asociados con la transición verde (litio, cobre e hidrógeno verde), y continúa implementando medidas para agilizar estos procesos de inversión”.
- Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, después de China.
Las críticas a la “permisología”. “Los sistemas jurídicos, regulatorios y contables de Chile son transparentes. Generalmente establecen reglas claras para la competencia y condiciones de igualdad para los extranjeros, y son compatibles con las normas internacionales”, sostiene el documento.
- “Sin embargo, las regulaciones ambientales, que incluyen la consulta indígena obligatoria exigida por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), y otros procesos de obtención de permisos, se han vuelto largos e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”.
- “Chile no cuenta con un organismo de supervisión regulatoria. Cuatro instituciones desempeñan papeles clave en el proceso de elaboración de normas: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres); el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Economía y la Contraloría General de la República”.
- “La mayoría de las normas provienen del gobierno central. Sin embargo, algunas, en particular las relacionadas con el uso de la tierra, se deciden a nivel local”.
- “Tanto el gobierno nacional como los locales participan en la emisión de permisos ambientales. Los procesos regulatorios son administrados por entidades gubernamentales. Las ONG y las asociaciones del sector privado pueden participar en audiencias públicas y con comentarios en los procesos de participación”.
- “Chile aún carece de un programa integral de reforma regulatoria que abarque a todo el gobierno”.
- “El informe de la Ocde de abril de 2016 ‘Política regulatoria en Chile’ afirma que Chile tomó medidas para mejorar su proceso de elaboración de normas, pero aún está por debajo del promedio de la OCDE en la evaluación del impacto de las regulaciones, la consulta con partes externas sobre su diseño y su evaluación a lo largo del tiempo”.
- “De acuerdo con los indicadores globales de gobernanza regulatoria del Banco Mundial, Chile ha logrado avances acotados en materia de transparencia, evaluación de impacto y formas de apelar e impugnar las regulaciones”.
- “En un positivo paso dado recientemente, el 10 de enero de 2024 el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que apunta a reducir los plazos para obtener permisos, al imponer plazos para la obtención de permisos, con decisiones adoptadas por defecto en caso de que las autoridades no respondan”.
Ojo con. El informe también mencionó el alza de la violencia en Chile que, dijo el documento, las autoridades locales han atribuido, en parte, a población migrante vinculada a organizaciones criminales internacionales.
Fuente: Ex Ante, Lunes 02 de Septiembre de 2024
