EL MERCURIO – El caso del proyectado hospital de Marga Marga refleja varios aspectos disfuncionales en el Estado. Se trata de un recinto de alta complejidad, con 282 camas y 75 mil metros cuadrados, y una inversión de unos US$ 200 millones; debería atender a casi medio millón de personas del área de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué. El proyecto inicial era realizarlo como concesión, pero esa modalidad fue suspendida durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para transformarlo en una iniciativa del Ministerio de Salud. Dicho voluntarismo lo retrasó por cuatro años.
Para concretarlo se optó por la modalidad de diseño y construcción del Minsal, una de las tres fórmulas de inversión hospitalaria ejecutadas por el Estado. En este esquema, las bases de licitación (Bali) son diseñadas por el Ministerio, pero el proceso lo conduce el Servicio de Salud de la zona. Este presenta un anteproyecto con sus criterios de diseño, el que es licitado. La empresa adjudicataria completa el diseño final y luego lo construye, todo esto bajo un esquema de contrato de suma alzada. Se trata de un mecanismo nuevo, distinto del tradicional, que separaba el diseño y la construcción, y tal vez la inexperiencia explique parte de las dificultades.
El proyecto se encuentra en la cuarta subetapa de diseño, arrastrando problemas que provienen de las subetapas previas. La dificultad consistiría en que el inspector técnico de la obra habría aceptado cambios en los criterios de diseño que reducen su valor, sin requerir que esas reducciones se trasladaran total o al menos parcialmente al Estado, como lo exigían las bases. El resultado sería un aumento en la rentabilidad de la empresa sin una contrapartida para el fisco. Es por eso que la Contraloría ordenó realizar un sumario a los funcionarios involucrados. Esto ya es complejo y se agrega al riesgo de que la disputa pueda retrasar la obra si la constructora no cede en sus pretensiones. Incluso, el Estado podría verse obligado a cancelarla, llamando a una nueva licitación.
Más allá de las investigaciones ordenadas por Contraloría, la situación sugiere también deficiencias por parte del Estado. En efecto, una de las causas de los problemas que suele presentar este tipo de proyectos es que la mayor parte de los Servicios de Salud, que son 29, solo construyen uno o dos hospitales en 20 años, por lo que no acumulan la experiencia de supervisión que podría prevenir casos como este. Además, los procesos constructivos requieren una enorme cantidad de autorizaciones de distintos organismos, tanto del Minsal como del resto del aparato estatal, todo lo cual los retrasa y entorpece, elevando su costo. Ello evidencia la necesidad de revisar la institucionalidad con que se construye la infraestructura de salud, simplificando y unificando procedimientos. Si bien es imposible evitar que la política intervenga en la aprobación de infraestructura hospitalaria, sería conveniente que la burocracia interna del Estado no agregara un factor más a la disfuncionalidad del proceso de su diseño y construcción.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 08 de Enero de 2020
Problemas en el hospital de Marga Marga
EL MERCURIO – El caso del proyectado hospital de Marga Marga refleja varios aspectos disfuncionales en el Estado. Se trata de un recinto de alta complejidad, con 282 camas y 75 mil metros cuadrados, y una inversión de unos US$ 200 millones; debería atender a casi medio millón de personas del área de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué. El proyecto inicial era realizarlo como concesión, pero esa modalidad fue suspendida durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, para transformarlo en una iniciativa del Ministerio de Salud. Dicho voluntarismo lo retrasó por cuatro años.
Para concretarlo se optó por la modalidad de diseño y construcción del Minsal, una de las tres fórmulas de inversión hospitalaria ejecutadas por el Estado. En este esquema, las bases de licitación (Bali) son diseñadas por el Ministerio, pero el proceso lo conduce el Servicio de Salud de la zona. Este presenta un anteproyecto con sus criterios de diseño, el que es licitado. La empresa adjudicataria completa el diseño final y luego lo construye, todo esto bajo un esquema de contrato de suma alzada. Se trata de un mecanismo nuevo, distinto del tradicional, que separaba el diseño y la construcción, y tal vez la inexperiencia explique parte de las dificultades.
El proyecto se encuentra en la cuarta subetapa de diseño, arrastrando problemas que provienen de las subetapas previas. La dificultad consistiría en que el inspector técnico de la obra habría aceptado cambios en los criterios de diseño que reducen su valor, sin requerir que esas reducciones se trasladaran total o al menos parcialmente al Estado, como lo exigían las bases. El resultado sería un aumento en la rentabilidad de la empresa sin una contrapartida para el fisco. Es por eso que la Contraloría ordenó realizar un sumario a los funcionarios involucrados. Esto ya es complejo y se agrega al riesgo de que la disputa pueda retrasar la obra si la constructora no cede en sus pretensiones. Incluso, el Estado podría verse obligado a cancelarla, llamando a una nueva licitación.
Más allá de las investigaciones ordenadas por Contraloría, la situación sugiere también deficiencias por parte del Estado. En efecto, una de las causas de los problemas que suele presentar este tipo de proyectos es que la mayor parte de los Servicios de Salud, que son 29, solo construyen uno o dos hospitales en 20 años, por lo que no acumulan la experiencia de supervisión que podría prevenir casos como este. Además, los procesos constructivos requieren una enorme cantidad de autorizaciones de distintos organismos, tanto del Minsal como del resto del aparato estatal, todo lo cual los retrasa y entorpece, elevando su costo. Ello evidencia la necesidad de revisar la institucionalidad con que se construye la infraestructura de salud, simplificando y unificando procedimientos. Si bien es imposible evitar que la política intervenga en la aprobación de infraestructura hospitalaria, sería conveniente que la burocracia interna del Estado no agregara un factor más a la disfuncionalidad del proceso de su diseño y construcción.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 08 de Enero de 2020
