DIARIO FINANCIERO – Bajo la solicitud de “revisión de los precios por efectos inflacionarios de contratos” el gerente general de Sercom Servicios de Construcción y Mantención SPA, Damian Perinetti, pidió una audiencia vía lobby al ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz en enero. ¿El problema? Durante 2022 el efecto inflacionario estranguló los márgenes de los contratos para mantener y construir los paraderos del transporte público, señaló, proceso que implica que la compañía ya prácticamente opere cubriendo sólo los costos en algunas comunas.
El ejecutivo lidera una de las cuatro empresas encargadas de la mantención de los paraderos de la Región Metropolitana, que consta de un universo de 11 mil sitios entre las 32 comunas.
En la reunión que se prolongó por 45 minutos y a la cual asistió la titular del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, Sercom expuso el duro escenario económico que enfrentan desde hace más de 18 meses, y que se agudizó en 2022.
Junto con factores como incremento del salario mínimo en un 14,3% y las repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania en los precios del transporte por los incrementos del petróleo y gas; la firma detalló que el factor de mayor peso ha sido el alza histórica en la inflación que cerró a diciembre en 12,8%. A juicio de Sercom, estos “gastos desmesurados”, impiden la operación de la empresa.
Efectos en la industria
La industria de los operadores de paraderos del transporte público en Santiago tuvo un boom en 2018, cuando el Gobierno decidió incluir la mantención y operación de esta infraestructura dentro de los presupuestos del MTT.
Desde que se creó el Transantiago en 2006, la falta de una política pública clara en esta materia creó una brecha entre las comunas que tenían recursos -como Las Condes, Vitacura o Providencia- versus otras en una situación distinta -como, por ejemplo, La Cisterna, Conchalí o Independencias-, porque la mantención de paraderos siempre estuvo ligada al ingreso por publicidad.
Tras el cambio, el Gobierno asignó recursos según el volumen de paraderos por comuna, los cuales se adjudicaban a través de concursos con una duración de 36 meses. El acuerdo obliga a compañías como Sercom a hacerse cargo de la reparación de vías, infraestructura y calzado relacionado a este mobiliario urbano.
El problema se acentuó durante 2022, porque el efecto del alza de IPC, petróleo e ingreso mínimo golpeó los contratos firmados en los periodos anteriores ya que -según se desprende en la Ley de contratación que rigen las licitaciones públicas- los precios no pueden modificarse si las bases no contemplan un proceso para eso, salvo el caso fortuito o fuerza mayor. Por eso, hubo comunas que sí ajustaron por IPC y otras que no, ya que ninguna estaba obligada a hacerlo.
Con este telón de fondo, Sercom pidió al MTT el “equilibrio económico” en todos los acuerdos sin distinción de municipio. De acuerdo a la presentación al ministro Juan Carlos Muñoz, a la cual DF tuvo acceso, la propuesta es adecuar las tarifas conforme al IPC.
Según el documento, esto “no constituye una alteración de las bases ni afecta la igualdad de los oferentes en razón que aquella no se está aumentando, disminuyendo ni cambiando, sino solo actualizando el mismo precio a su valor real”.
La compañía basó su requerimiento en el oficio que emitió el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y que permite desde noviembre pasado modificar el decreto 177 en los contratos de construcción, con el objetivo de impedir que más empresas del sector caigan en insolvencia.
“Hay un incremento de los costos que no fueron previstos al momento de la suscripción de los contratos, mermando la capacidad financiera de una de las partes, que si bien se enmarca bajo el elemento de riesgo y ventura que por regla general debe ser asumido por el contratante de la administración, aquello puede verse alterado cuando se configuran hechos imprevistos, caso fortuito y otras semejantes, instando al Estado a reequilibrar la ruptura contractual”, se indica en el documento.
Bajo reserva, una fuente ligada a la empresa comentó que si la situación no se modifica durante los próximos meses, tendrán que terminar la prestación de estos servicios en varias comunas de la Región Metropolitana, hecho que implicaría volver a generar brechas entre los municipios con distintos niveles de recursos.
“Tenemos dos riesgos. El primero es desarmar equipos de trabajos y segundo es que las comunas nos cobren las boletas de garantía por cientos de millones, que son de un piso de $150 millones. Nosotros contratamos 300 personas mínimo en este rubro”, explicó la fuente.
Una empresa como Sercom factura cerca de $ 8.000 millones anuales ya que es el operador más grande de la industria. “Creo que el decreto del MOP allana el camino para poder encontrar una solución a nuestro problema”, remató.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 22 de Febrero de 2023
