EL HERALDO – Luego de 8 años, desde que en 2012 el Ministerio de Agricultura impulsara la idea, este martes 5 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la República la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), acto que la hace un documento formal del Estado de Chile y la establece como la primera política nacional que busca mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los más de 4,5 millones de chilenas y chilenos que viven en territorios rurales de nuestro país (83% del territorio nacional). “Estamos visibilizando la importancia estratégica del mundo rural, que se ha visto con mayor claridad en esta pandemia, donde se aprecia su rol esencial en la alimentación de un país entero”, dice el ministro Antonio Walker.
Desde ahora los habitantes rurales del país cuentan con una Política Nacional de Desarrollo Rural, que busca mejorar su calidad de vida y aumentar sus oportunidades. En Chile, según datos del Censo 2017 y aplicando el criterio de ruralidad de la OCDE, el 25,5% de sus habitantes vive en comunas rurales (263 de las 346 comunas), habitando el 83% del territorio nacional. Si bien en las últimas décadas el país ha mostrado avances sustantivos en términos de reducción de la pobreza, según datos de la encuesta CASEN aún persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Entre el año 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos en las áreas rurales disminuyó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble de la que se presenta en las áreas urbanas (7,4% para el año 2017). Por su parte, la medición de pobreza multidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: el año 2017 alcanzó al 37,4% de la población, comparado con el 18,3% en áreas urbanas. Esta es solo una muestra de las brechas que nuestro mundo rural presenta hoy y que justifican la pertinencia de esta nueva Política.
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Es en este contexto en el que surge la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que entrega un marco de lineamientos que promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo local, regional y nacional. “Esta Política promueve una nueva mirada, ya que además de hacerse cargo de las brechas y riesgos de estos territorios, pone un especial énfasis en las oportunidades actuales y futuras que dinamizan al país entero” señala el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Estas oportunidades se refieren a la diversidad de actividades productivas (agricultura, pesca, turismo, artesanía, energía y minería, entre otros); la diversidad natural (biodiversidad, áreas silvestres y paisajes, entre otros); y la diversidad cultural (gastronomía, oficios, interculturalidad, fiestas, tradiciones y arquitectura, entre otros).
Tras una primera versión elaborada entre 2012 y 2014, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y una segunda versión presentada en 2016, el trabajo para su oficialización es retomado en 2018 por el Ministerio de Agricultura, quien lidera su coordinación, para ser actualizado y complementando con el aporte de las organizaciones campesinas, nuevos levantamientos en los territorios, observaciones de alcaldes rurales de diversas partes del país y de los 14 ministerios que están involucrados en su implementación. Luego de la firma de los ministros (enero de 2020) y el presidente de la República (marzo de 2020), el pasado 23 de abril de 2020, Contraloría General de la República tomó razón del documento, aprobando su calidad y legalidad, con el que se transforma en la primera política del Estado de Chile de estas características.
Para la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, María Emilia Undurraga “la PNDR permitirá en el mediano y largo plazo mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan territorios rurales, en torno al acceso a bienes y servicios como agua, vivienda, transporte, conectividad, educación y salud; mayor inversión en infraestructura y mejores instrumentos de fomento productivo que ayuden a dinamizar las economías locales; mejor manejo de riesgos y uso de los recursos naturales en un escenario de cambio climático; y mayor valoración de la diversidad de identidades locales que caracterizan a la ruralidad”.
Objetivo de la PNDR
El objetivo general de esta Política es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo de pueblos y ciudades de menor tamaño, resguardando el acervo natural y cultural esencial para su sostenibilidad territorial. Este objetivo se espera alcanzar abordando los siguientes ámbitos:
Bienestar Social, disminuyendo las brechas de acceso a bienes y servicios.
Oportunidades Económicas, mejorando el desempeño y dinamismo local.
Sustentabilidad Medioambiental, valorando los espacios naturales y gestionado sus riesgos.
Cultura e Identidad, resguardando y poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial.
Implementación de la PNDR
A nivel nacional, la responsabilidad de su implementación recae en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), creada en 2015 e integrada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y Familia; de Obras Públicas; de Agricultura; de Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente. A este comité se adicionan extraordinariamente, para efectos de la PNDR, los ministerios de Salud y Educación.
La Secretaría Ejecutiva de la PNDR se estableció en octubre de 2018 en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, que debe entregar soporte técnico y administrativo para la coordinación de su implementación. Finalmente, para dar continuidad, asegurar la transversalidad y hacer seguimiento a la PNDR, durante el primer semestre de 2020 se conformará un Consejo Asesor Nacional de Desarrollo Rural de carácter consultivo con participación de actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Para monitorear el avance del objetivo y lineamientos de esta Política, a fines de 2020 se presentará un Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, que permitirá en el largo plazo, realizar una evaluación de sus avances y proponer cambios para alcanzar sus objetivos.
A nivel regional, los Gobiernos Regionales (GORE), con el soporte de la División de Planificación y Desarrollo Regional, serán los responsables de integrar en la Estrategia Regional de Desarrollo, en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y cualquier otro instrumento estratégico, los lineamientos de esta Política. Y a nivel comunal, la integración de los lineamientos de la PNDR es competencia de los municipios, quienes tienen a cargo la planificación, gestión y toma de decisiones comunales, los cuales procurarán incorporar en sus Planes de Desarrollo Comunal los lineamientos de esta Política.
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Fuente: El Heraldo, Viernes 8 de Mayo de 2020
Por primera vez Chile cuenta con una política nacional que pone el foco en el desarrollo de sus territorios rurales
EL HERALDO – Luego de 8 años, desde que en 2012 el Ministerio de Agricultura impulsara la idea, este martes 5 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la República la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), acto que la hace un documento formal del Estado de Chile y la establece como la primera política nacional que busca mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los más de 4,5 millones de chilenas y chilenos que viven en territorios rurales de nuestro país (83% del territorio nacional). “Estamos visibilizando la importancia estratégica del mundo rural, que se ha visto con mayor claridad en esta pandemia, donde se aprecia su rol esencial en la alimentación de un país entero”, dice el ministro Antonio Walker.
Desde ahora los habitantes rurales del país cuentan con una Política Nacional de Desarrollo Rural, que busca mejorar su calidad de vida y aumentar sus oportunidades. En Chile, según datos del Censo 2017 y aplicando el criterio de ruralidad de la OCDE, el 25,5% de sus habitantes vive en comunas rurales (263 de las 346 comunas), habitando el 83% del territorio nacional. Si bien en las últimas décadas el país ha mostrado avances sustantivos en términos de reducción de la pobreza, según datos de la encuesta CASEN aún persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Entre el año 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos en las áreas rurales disminuyó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble de la que se presenta en las áreas urbanas (7,4% para el año 2017). Por su parte, la medición de pobreza multidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: el año 2017 alcanzó al 37,4% de la población, comparado con el 18,3% en áreas urbanas. Esta es solo una muestra de las brechas que nuestro mundo rural presenta hoy y que justifican la pertinencia de esta nueva Política.
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
Es en este contexto en el que surge la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que entrega un marco de lineamientos que promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo local, regional y nacional. “Esta Política promueve una nueva mirada, ya que además de hacerse cargo de las brechas y riesgos de estos territorios, pone un especial énfasis en las oportunidades actuales y futuras que dinamizan al país entero” señala el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Estas oportunidades se refieren a la diversidad de actividades productivas (agricultura, pesca, turismo, artesanía, energía y minería, entre otros); la diversidad natural (biodiversidad, áreas silvestres y paisajes, entre otros); y la diversidad cultural (gastronomía, oficios, interculturalidad, fiestas, tradiciones y arquitectura, entre otros).
Tras una primera versión elaborada entre 2012 y 2014, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y una segunda versión presentada en 2016, el trabajo para su oficialización es retomado en 2018 por el Ministerio de Agricultura, quien lidera su coordinación, para ser actualizado y complementando con el aporte de las organizaciones campesinas, nuevos levantamientos en los territorios, observaciones de alcaldes rurales de diversas partes del país y de los 14 ministerios que están involucrados en su implementación. Luego de la firma de los ministros (enero de 2020) y el presidente de la República (marzo de 2020), el pasado 23 de abril de 2020, Contraloría General de la República tomó razón del documento, aprobando su calidad y legalidad, con el que se transforma en la primera política del Estado de Chile de estas características.
Para la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, María Emilia Undurraga “la PNDR permitirá en el mediano y largo plazo mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan territorios rurales, en torno al acceso a bienes y servicios como agua, vivienda, transporte, conectividad, educación y salud; mayor inversión en infraestructura y mejores instrumentos de fomento productivo que ayuden a dinamizar las economías locales; mejor manejo de riesgos y uso de los recursos naturales en un escenario de cambio climático; y mayor valoración de la diversidad de identidades locales que caracterizan a la ruralidad”.
Objetivo de la PNDR
El objetivo general de esta Política es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo de pueblos y ciudades de menor tamaño, resguardando el acervo natural y cultural esencial para su sostenibilidad territorial. Este objetivo se espera alcanzar abordando los siguientes ámbitos:
Bienestar Social, disminuyendo las brechas de acceso a bienes y servicios.
Oportunidades Económicas, mejorando el desempeño y dinamismo local.
Sustentabilidad Medioambiental, valorando los espacios naturales y gestionado sus riesgos.
Cultura e Identidad, resguardando y poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial.
Implementación de la PNDR
A nivel nacional, la responsabilidad de su implementación recae en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), creada en 2015 e integrada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y Familia; de Obras Públicas; de Agricultura; de Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente. A este comité se adicionan extraordinariamente, para efectos de la PNDR, los ministerios de Salud y Educación.
La Secretaría Ejecutiva de la PNDR se estableció en octubre de 2018 en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, que debe entregar soporte técnico y administrativo para la coordinación de su implementación. Finalmente, para dar continuidad, asegurar la transversalidad y hacer seguimiento a la PNDR, durante el primer semestre de 2020 se conformará un Consejo Asesor Nacional de Desarrollo Rural de carácter consultivo con participación de actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Para monitorear el avance del objetivo y lineamientos de esta Política, a fines de 2020 se presentará un Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, que permitirá en el largo plazo, realizar una evaluación de sus avances y proponer cambios para alcanzar sus objetivos.
A nivel regional, los Gobiernos Regionales (GORE), con el soporte de la División de Planificación y Desarrollo Regional, serán los responsables de integrar en la Estrategia Regional de Desarrollo, en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y cualquier otro instrumento estratégico, los lineamientos de esta Política. Y a nivel comunal, la integración de los lineamientos de la PNDR es competencia de los municipios, quienes tienen a cargo la planificación, gestión y toma de decisiones comunales, los cuales procurarán incorporar en sus Planes de Desarrollo Comunal los lineamientos de esta Política.
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Fuente: El Heraldo, Viernes 8 de Mayo de 2020
