LA TERCERA – Atendido el impacto provocado por la pandemia, se justifica el aumento del gasto propuesto por el Ejecutivo, lo que no debe llevar a descuidar la importancia de converger a un déficit estructural sostenible.
Los alcances y la profundidad de la peor crisis económica que ha tenido el país en las últimas cuatro décadas gradualmente comienzan a dimensionarse. Los impactos en la actividad y en el empleo -las cifras de agosto siguen mostrando caídas disruptivas en los indicadores- han sido excepcionales y demandan medidas extraordinarias.
El presupuesto público que el gobierno acaba de presentar para el año 2021 responde a esa lógica. Un impulso fiscal evidentemente expansivo, que involucra un aumento real de 9,5% -que se suma al incremento que tendrá el gasto publico este año de 11,4%-, lo cual supone el mayor incremento fiscal bianual de la última década. La definición de esta expansión consideró el “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia”, acuerdo que cerró el Ejecutivo con los principales partidos representados por las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado hace tres meses y que estaba basado en la propuesta de prestigiosos economistas de todas las tendencias.
Los énfasis que conlleva la propuesta presupuestaria de Hacienda en general están bien orientados. El acento fiscal estará puesto en inversión pública -que registrará un incremento de 14,9%- y en el empleo, incorporando los recientes anuncios sobre las líneas Contrata y Retorna, que involucran recursos por unos US$ 2.200 millones y el fortalecimiento de programas de apoyo al empleo de Sence, como el de Reconversión Laboral.
Esta respuesta robusta desde la política fiscal se justifica por la incerteza que todavía se deriva de la crisis sanitaria. Los episodios de rebrote de contagios que experimentan economías que van “adelantadas” en el manejo de la crisis del Covid-19 reflejan la necesidad de contar con margen de maniobra suficiente en caso de profundizarse el desalineamiento económico. En este sentido, y solo como una medida excepcional en respuesta a la disrupción de la actividad económica, resulta tolerable que el déficit estructural llegue al 4,7% del PIB en 2021.
Sin embargo, esto plantea un enorme desafío hacia adelante. Se hace imprescindible el gradual retiro de este estímulo fiscal si el país aspira a mantenerse entre las economías que tienen un comportamiento sano en el manejo de las finanzas públicas. De no revertir esta expansión fiscal, la deuda pública puede crecer exponencialmente, tal como lo advirtió el Consejo Fiscal Autónomo. Lamentablemente, las experiencias del pasado reciente muestran que los fuertes incrementos del gasto para enfrentar crisis económicas se mantuvieron en el tiempo, tal como ocurrió luego de la crisis subprime, ocasión en que el gasto fiscal creció 16,5% real, para luego incrementarse a un ritmo de 4,8% adicional en el trienio posterior.
Un manejo prudente de la política fiscal no restringe la aplicación de estímulos de gran magnitud cuando se enfrentan situaciones excepcionales como la actual. Sin embargo, dada la creciente debilidad que muestra la situación fiscal chilena es esencial converger a un déficit estructural sostenible, si no queremos que la política fiscal termine transformándose en un problema en sí mismo.
Fuente: La Tercera, Miércoles 30 de Septiembre de 2020
